¿Imagina usted la terrible incertidumbre jurídica y la experiencia de injusta persecución que le ocasionaría recibir en su domicilio particular a un agente de la policía de investigación de la Fiscalía General de la República para advertirle que recibirá un citatorio por dedicar su trabajo a la investigación científica y haber servido como funcionario público?
Nunca se les llamó a dar declaraciones ni recibieron el citatorio con el que se les amedrentó de inicio. Así comenzó la pesadilla de más de una veintena de académicos que ocuparon cargos en direcciones generales, adjuntas, otras de menor rango en el Consejo Nacional de Ciencia e Investigación, Conacyt o quienes fueron secretarios técnicos del Foro A.C. en sexenios anteriores.
Los perfiles de los imputados no pueden ser más distantes del perfil de un grupo de criminales. Muchos de ellos son científicos de gran prestigio nacional e internacional, algunos más jóvenes que están al inicio de su carrera, miembros de muy diversas universidades públicas (UNAM, UAM, IPN, universidades estatales), de varios centros públicos de investigación y de importantes academias y sociedades científicas nacionales e internacionales.
A esta cacería de científicos, le antecede el escándalo de presunción de plagio de una tesis firmada por el actual fiscal Alejandro Gertz Manero, que fue puesto al descubierto tras su intento de obtener el nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores. Justamente quienes evaluaron su aplicación, lo habían rechazado varias veces por falta de experiencia en el campo de la investigación académica y científica.
Acto seguido, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales abrió una carpeta de investigación por el manejo de recursos del Foro A. C. a la que se le sumó la instrucción de incluir supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con este pretexto se turnó el asunto a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Se les acusa de conformar una organización criminal integrada por los exfuncionarios de Conacyt y los/as exempleados/as de la Mesa Directiva del Foro para transferir recursos a la A.C. Tal acusación tenía como flamante hipótesis, la aseveración de que, en tanto el Foro está constituido como una A.C., no podía recibir del Conacyt recursos federales, lo que a ojos de la FGR los convierte en una red criminal.
La Fiscalía General de la República ejerció acción penal en contra de 31 personas entre las que se encuentran los 25 académicos. Las imputaciones son de tal magnitud que implican prisión oficiosa. No solo se pretende amedrentar, sino poner tras las rejas a quienes intenten hacer ciencia que no se alinea a intereses políticos.
Afortunadamente después de dos intentos, los jueces que recibieron la acción penal, se negaron a otorgarle a la FGR las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público por considerar que el planteamiento de la fiscalía era insuficiente y no se habían aportado los datos necesarios para poder analizar los hechos y la intervención de cada una de las personas involucradas.
¿Es posible interpretar este acto intimidatorio de persecución penal contra 31 investigadores y académicos como una de las purgas antiintelectuales del gobierno de López Obrador?
Recordemos que el gobierno federal inició el debilitamiento de las investigaciones que pudieran poner en duda con argumentos científicos el desempeño de su presidencia, desapareciendo los fondos de donativos privados. Les incomodaba que este financiamiento estaba destinado a la investigación de ejecuciones extrajudiciales, de corrupción, programas sociales, desigualdad. Esta persecución es también una reacción visceral, en tanto la Suprema Corte de Justicia advirtió que el Fondo no había realizado operación ilícita alguna, pese a que le negó el amparo interpuesto cuando dejaron de recibir recursos.
La FGR anunció que solicitará por tercera vez al juez la detención de los científicos.
La ciencia es libre o no es ciencia, no hay prisión que pueda someterla.
@MaiteAzuela