Primero más de 100 niñas, niños y adolescentes intoxicados, todos estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje, en la región de Bochil de Chiapas. Desde entonces las autoridades estatales han afirmado que las pruebas toxicológicas no arrojan evidencia de drogas. Posteriormente la intoxicación se replicó en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Después se contabilizó a poco menos de 50 niñas y niños víctimas de intoxicación en una secundaria de Álamo Temapache, en Veracruz.
150 personas intoxicadas en dos entidades federativas con diferencia de semanas. Las autoridades federales y de ambos estados se han empeñado en afirmar que está totalmente descartado que se trate del uso de alguna droga. Como si la responsabilidad de los gobiernos se redujera a que no haya drogas en las escuelas.
No hay información oficial para asegurar que los estudiantes han sido víctimas de consumo de alguna droga. En tono de justificación y hasta de satisfacción, afirman que dado que las pruebas toxicológicas han dado negativo a drogas, se trata entonces de la ingesta de agua y/o alimentos, sin que hasta el momento hayan podido probar tal hipótesis. Incluso el gobierno de Veracruz se ha atrevido a revictimizarlos asegurando que se trató de una psicosis colectiva.
Hasta el presidente López Obrador afirmó en estos días que “no hubo droga, pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero no es un asunto de droga”. Habrá que recordarle al presidente y a los gobernadores de Chiapas y Veracruz que el hecho de que no esté comprobado el uso de drogas, no les exime de la responsabilidad de llegar a las últimas consecuencias en estos casos. La línea política del presidente se sostiene sobre la pregunta de si es más importante la ley o la justicia. Como si se pudieran separar. Pero concediendo que el presidente tiene razón en esta política de Estado, analicemos las dos opciones.
En la entrevista que le realicé a Juan Martin Pérez García, Coordinador de Tejiendo Redes en América Latina y el Caribe, además de defensor de derechos humanos y en especial de la infancia, aseguró que —tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 3520014 denominado “Acoso Escolar”— es responsabilidad de la escuela indemnizar a cualquier niño o niña que haya sido víctima de violencia porque es su obligación garantizar su integridad y no solo señalar que fue un incidente entre pares. Asegura que es indispensable que den información sin especulaciones en tanto que estas intoxicaciones se suman cada vez más a incidentes de violencia armada en las escuelas y hechos criminales alrededor de instalaciones educativas, lo que incrementa la incertidumbre en las escuelas.
Además, Juan Martín Pérez comenta que “las fiscalías estatales deben investigar caso por caso haciendo un análisis de contexto y revisar si existen presuntos responsables o si son las omisiones de las autoridades que, también generan responsabilidad administrativa o penal, las que tengan que ser sancionadas”.
Si nos avocamos a la Ley General de Educación, su artículo 75 es claro que la SEP tiene la responsabilidad de “establecer los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela […] que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo”.
Cuando le pregunto a Juan Martín Pérez si el tema de acceso a drogas en las escuelas es una excepción o es común, me responde que la encuesta nacional de consumo de sustancias ha mostrado paulatinamente un incremento entre los niños y las niñas, lo que es una evidencia de la responsabilidad de autoridades educativas por su omisión en acciones preventivas. “No es secreto que cada vez más el crimen organizado tiene control territorial de las comunidades, lo que incluye a las escuelas”.
Estas intoxicaciones son una alarma que más vale que sea atendida con seriedad. Lo peor que pueden hacer las autoridades educativas —me comparte Juan Martín— es disminuir, desinformar o evadir los casos porque lo único que generan es especulación y revictimización.
@MaiteAzuela
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