La polarización en nuestro país ha llegado al grado de utilizar argumentos falaces para demostrar que son indispensables los actos llevados a cabo por el gobierno de López Obrador. Desde la semana pasada comenzó a gestarse el acorralamiento al Poder Judicial de la Federación; quienes intentan defender el golpe afirman que las peras son lo mismo que las manzanas para convencer a la población.
Hace un año, al referirse a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte, el presidente de México afirmaba que eso abriría la puerta a la impunidad, porque no se puede “liberar a diestra y siniestra, y, además, hay delitos graves”. Más allá de que el presidente no entiende por qué la eliminación de la prisión preventiva oficiosa nada tiene que ver con que una persona sea exculpada de un delito, lo cierto es que está convencido de que la figura debe existir.
El pasado martes el presidente cambió su postura, creo, sin darse cuenta de que caía en una contradicción. Bajo la línea argumentativa de defender la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos, el presidente lanzó la queja: “Hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia.”
¿De verdad el presidente cree que esos años sin sentencia se deben a que el personal del Poder Judicial se va de vacaciones? No se da cuenta de que la razón es, precisamente, la existencia de la prisión preventiva oficiosa. Pero claro, el argumento puede ser utilizado a favor y en contra siempre y cuando sea para atacar al Poder Judicial. Al presidente no le importan las personas que llevan más de 10 años sin sentencia.
Ayer en el programa de Ciro Gómez Leyva por la mañana el opinador Epigmenio Ibarra refirió que “para la inmensa mayoría de las y los mexicanos, sobre todo los más pobres y vulnerables que han estado en contacto con el Poder Judicial –y de eso hablan los miles que esperan sentencia desde hace años en los reclusorios– no es sorpresa que el Poder Judicial no funciona como debiera, que la justicia tiene precio en nuestro país y que, por tanto, no es justicia”.
Epigmenio tiene razón en algo: los más pobres y vulnerables son quienes están en prisión. La pregunta es, ¿acaso es culpa del Poder Judicial? Se les olvida un actor en la ecuación de la impunidad: la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Pero claro, como Alejandro Gertz Manero es compadre del presidente, no se le toca. Todo el presupuesto para la FGR.
Olvidan casos como el de Alberta, Jacinta y Teresa. Tres mujeres indígenas hñähñú que fueron acusadas de secuestrar a seis policías de la extinta AFI. Gracias a las acusaciones y pruebas falsas presentadas por la Procuraduría General de la República habían sido sentenciadas en la primera instancia judicial prácticamente a morir en prisión. ¿Quién ordenó su liberación? Nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como alguna vez dijo el gran Ricardo Rocha: “Un proceso en el que hubo que vencer esas tres agravantes que miles de mexicanas como ellas enfrentan todos los días, el ser mujeres, el ser indígenas y el ser pobres”. Parece que, para los defensores de la 4T, estos casos no resultan importantes para diagnosticar si el Poder Judicial funciona.
El pasado martes se dio a conocer que cinco militares fueron sentenciados a 90 años de prisión por la ejecución arbitraria de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, mejor conocidos como Jorge y Javier. Estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por el Ejército. Y sí, la sentencia por parte del Poder Judicial ha tardado más de una década, pero de nuevo hay que preguntarnos, ¿de quién es responsabilidad el retraso? Primero, del Ejército por intentar ocultar los hechos y, segundo, de la Fiscalía por el retraso injustificado.
El Poder Judicial permanentemente enfrenta retos de mejora. Como en los otros dos poderes de la unión, hay personas que no trabajan o se corrompen. Que la Suprema Corte o los tribunales de menor rango no se ajusten a lo que dice el presidente no quiere decir que no trabajen. Hay un cambio evidente en la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo después de la salida de Zaldívar como presidente, pues él sí se ajustaba, Piña no.
Ojalá que el diagnóstico deje de utilizar falacias sobre la impunidad y los más vulnerables. Ojalá que si tanto les importa que no haya personas en prisión, volteen a ver al Ejército para exigirle cuentas, limpien las fiscalías y eliminen figuras violatorias de derechos humanos como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa. La desaparición de los fideicomisos no tiene nada que ver con esto, sino con el enojo y autoritarismo del presidente.
@MaiteAzuela
