En estos tiempos de desolación política, en los que los derechos y las libertades se han puesto en riesgo con reformas legislativas para las que la oposición se ha mimetizado con el gobierno federal, es esperanzador saber que hay excepciones dignas y consistentes. Emilio Álvarez Icaza en el Senado es una de las agujas en el pajar. Llegó como senador independiente, manteniendo incluso distancia con la alianza PAN-PRD con la que compartió fórmula electoral. Siempre fue honesto sobre sus diferencias y explícito con sus coincidencias.
En su papel como legislador nunca ha hecho a un lado su compromiso histórico con los derechos humanos. Antes de decidirse a ser garante legal de los derechos en el poder legislativo, fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entre 2001 y 2009, y secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2012 y 2016. Para muchas personas es fácil identificarlo como activista y cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en gran medida visibilizó a las víctimas de violencia en este país y le dio voz a los colectivos de familias de desaparecidos. Pero además ha estado siempre cerca de la academia compartiendo con el alumnado no solo sus experiencias de vida, sino sus conocimientos como doctor en Ciencia Política por la UNAM.
En su tercer informe legislativo dejó claro cómo no ha puesto por encima de su responsabilidad democrática ninguna de las ofertas de negociación política. Se ha dedicado a señalar los procesos que tienen mayor impacto en la vida nacional y la urgencia del reparo profundo: la militarización, la violencia e inseguridad, el problema migratorio, el desfonde de las instituciones encargadas de la protección de los Derechos humanos.
Entre las iniciativas más significativas que ha presentado vale la pena destacar: 1) la iniciativa de reforma para eliminar el párrafo octavo, del artículo 16 constitucional, con la intención de desaparecer el arraigo que viola derechos humanos. 2) la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 19 constitucional, a efecto de eliminar el catálogo de prisión preventiva oficiosa 3) la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley General de Víctimas, con el objetivo de preceptos eliminados por la reforma que extinguió los fideicomisos, como que la constitución del Fondo deberá ser independiente de la existencia de otros recursos para la atención a víctimas; asimismo, propone que el funcionamiento del Fondo deberá estar exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen.
Si algo resalta su congruencia, ha sido la resistencia que ha dado a las reformas que atentan contra la democracia y los derechos humanos. Por mencionar algunas: la judicial que avaló la ampliación del mandato de la presidencia de la Suprema Corte así como de consejeros de la Judicatura; la reforma constitucional para la revocación de mandato; la Ley de la Fiscalía General de la República, en la que se elimina cualquier contrapeso para la designación de fiscales, se quitan derechos a las víctimas y se permite a fiscalías ignorar solicitudes de las comisiones de búsqueda de desaparecidos; se opuso a la militarización en la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional.
Su libertad legislativa, ejercida casi en soledad, ha estado acompañada de un gran equipo de colaboradores tan comprometidos con los derechos humanos como él.
Ya no estará solo. Para los próximos tres años de su labor como senador, Álvarez Icaza ha conformado un grupo con Germán Martínez (Morena), Gustavo Madero (PAN), Nancy de la Sierra y Alejandra León (PT). A pesar de las amenazas de López Obrador –quien dijo “allá ellos si la nueva bancada plural en el Senado vota contra nuestras iniciativas”– se ha comprometido a defender la Constitución.