El periodista Omar Bello está fuera de Segob, conectado a un catéter como protesta por la falta de atención y la negligencia del proceso de su reparación como víctima. Advierte que se va a instalar ahí hasta desangrar, mientras no se le entreguen los recursos que asegura le debe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
No es sencillo el caso, y por supuesto, como este ha habido cientos en la historia de la CEAV. Los procesos de entrega de apoyos en la Comisión requieren de comprobación y la continuidad de los apoyos se condiciona a que los gastos de las víctimas sean facturados. De alguna forma los mecanismos de apoyo que se diseñaron, durante los primeros seis años de existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas, monetarizaron la atención, al grado de convertirlas en clientelas de los servicios y degradar el acompañamiento sin garantía alguna de acceso a la justicia, mucho menos de una reparación integral.
La CEAV representa un logro para México, sobre todo, es una conquista de las víctimas del crimen organizado y de las autoridades federales, que exigieron que se creara una institución que brindara asesoría jurídica, tuviera un fondo de ayuda y asistencia y que ofreciera reparación integral al daño.
Hoy la CEAV pasa por uno de sus peores momentos. Se extinguió el Fideicomiso de Ayuda a las Víctimas por lo que ahora los más de 400 millones estarán en el campo presupuestal de la CEAV, existen más de 480 litigios de la CEAV en contra de las víctimas, 102 asesores para más de 28 mil asuntos que atienden, el Renavi no tiene fortaleza, existen 40 mil víctimas registradas, aunque en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay 75 mil.
No se han cumplido sentencias condenatorias, se recortaron plazas sin modificar la Ley y sin publicar el Reglamento, el desorden administrativo tiene a la Comisión ahogada en multas, amparos por retrasos y fallas en las reparaciones, deudas con las víctimas, además de una nueva deuda de 60 millones de pesos con la SHCP y miles de reparaciones pendientes.
Sumemos a esto el hecho de que ninguna de las instituciones que conforma el Sistema Nacional de Atención a Víctimas se compromete con lo que le correspondería. La SEP entregó nada más y nada menos que un total de 10 becas para unas víctimas de Durango. Las demás dependencias ni un solo apoyo.
La llamada cuarta transformación recibió una CEAV en crisis, pero su desdén por la institución puede implicar la mayor de las ofensas emitida desde la autoridad contra las víctimas. El Senado tiene en sus manos definir que quien tome las riendas de la institución, la fortalezca.
El Presidente les envió la siguiente terna: Yuriria Rodríguez, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir; Claudia Cruz, quien fue diputada federal del PRD y encargada del mecanismo de protección de personas defensoras durante la administración de Miguel Mancera y, Luis Fernando Rosas, quien estuvo en la CEAV durante casi 4 años, redactó la reparación para las víctimas de la guerra sucia, quizá uno de los pocos servidores públicos que desde dentro intentó acelerar procesos de reparación y desmontar la burocracia clientelar. Rosas fue también Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en el equipo de Olga Sánchez Cordero.
Es indispensable que la siguiente persona titular, conozca la administración pública, conozca la CEAV, que no tenga un solo día de curva de aprendizaje y que tenga experiencias directivas en la APF y no solo en el sector privado.
Tomar una CEAV desmembrada presupuestalmente y sin apoyo incondicional del gobierno, implica diagnóstico y resultados desde el día uno, de otra manera la Comisión está condenada a la desaparición.
