Resulta complejo calcular ahora las implicaciones que tiene para nuestro país, no solo al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino de las instituciones de gobierno que podrían participar en la dinámica de macrocriminalidad. Que la presunción de inocencia sea el criterio prioritario de cualquier análisis que aborde esta detención, no implica, como hacen algunos, acusar a la justicia estadounidense de armar un montaje para agraviar al General. Tampoco debe silenciar reflexiones.
En este sentido, el gobierno mexicano no realizará investigaciones complementarias ni revisará posibles redes de complicidad, hasta que EU envíe la información. Esta postergación puede ser una equivocación determinante en la procuración de justicia, que podría incluso realizarse paralela pero independientemente de la investigación sobre las acusaciones contra Cienfuegos en el país vecino.
Un primer paso para iniciar investigaciones en México debería ser ubicar tiempo, modo y circunstancias en las que trabajaba la red de contactos del General Cienfuegos. Tal es el caso de la entonces Procuraduría General de la República. Entre 2015 y 2017, durante las administraciones de Arely Gómez González y Raúl Cervantes Andrade, y justamente en los años que Estados Unidos señala a Cienfuegos de participar en actos ilícitos; al menos cuatro miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y el yerno del General ocuparon puestos clave de dirección en la PGR.
Óscar Eduardo Hernández Mandujano, quien en esos años era yerno del General Cienfuegos, ocupó el cargo de Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional. Uno de los subordinados del exyerno de Cienfuegos era el Coronel Erwin Marín Romero Salcedo, quien dirigía el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal.
El General Inocente Fermín Hernández Montealegre ocupaba la Titularidad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) área de inteligencia de la PGR adscrita a la Agencia de Investigación Criminal. ¿Quién era el jefe del General Hernández? Tomás Zerón de Lucio, hoy prófugo de la justicia. La temporalidad de Hernández Montealegre como titular del Cenapi coincide además con la época en que se utilizó Pegasus para espiar periodistas y defensores de derechos humanos. Se desconoce quiénes más integraban el organigrama de este Centro, al que se le daba un manejo confidencial de cargos y nombres.
El Coronel José Sigifredo Valencia Rodríguez fungía como Director General del Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO, subprocuraduría que tiene a su cargo los casos de delincuencia organizada y por lo tanto la “investigación” contra los cárteles del narcotráfico.
Se trata de cinco funcionarios con amplio campo de visión y operación en la PGR. Con la detención del General Cienfuegos es ineludible preguntarnos qué papel jugaban los militares en una institución civil que durante el sexenio pasado operó con un récord del 99% de delitos irresueltos.
Más que nunca se hace relevante revisar los alcances de la militarización que, desde que estuvo coordinada por Cienfuegos no operaba únicamente en las calles realizando tareas de seguridad pública, sino también en otras instituciones.
Nada más oportuno que colocar en el centro de la justicia la presunción de inocencia, cuando la militarización tiene como consecuencia: la persecución, detención, en algunos casos el “abatimiento” de presuntos culpables, sin derecho ni garantías para demostrar su inocencia.
