Llegó el momento de sustituir a Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte y, por lo tanto, titular del Poder Judicial de la Federación. Cinco de los once ministros que actualmente integran el tribunal supremo de nuestro país son candidatos para ocupar ese cargo.  
 
Si bien se trata de un Poder que en la teoría goza de autonomía, para nadie es ajeno el hecho de que los ministros y ministras obtengan sus cargos a propuesta del presidente de la República y la elección del Senado. Esto genera que haya filias y fobias políticas en la Corte dependiendo a quién sienten que se deben una vez que son electos. De las cinco candidatas, solo la ministra Yasmín Esquivel ha sido propuesta por López Obrador. La ministra Norma Piña y Javier Laynez fueron propuestos por Enrique Peña Nieto; los ministros Pérez Dayán y Ortiz Mena fueron propuestos por Felipe Calderón.  
 
En este marco, Arturo Zaldívar es un presidente de la SCJN que ha sido cuestionado por adaptarse sin ninguna resistencia al discurso y política oficialista dictada por un solo hombre: López Obrador. Así que a pesar de haber sido propuesto por Felipe Calderón su lealtad ha estado con el gobierno actual a todas luces. La oportunidad de la candidata y candidatos que no han sido propuestos por López Obrador tienen el beneficio de la duda, podrán asumir el papel de cercanía y complacencia que adoptó Zaldívar o demostrar su autonomía en tanto no deben su puesto al ejecutivo. 
 
Un aspecto importante para conocer la línea de trabajo que cada candidato es revisar su proyecto publicado en Candidatas y candidatos a la presidencia SCJN y del CJF

¿Qué hace la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es responsable de la dirección de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, y funge como representante del Poder Judicial Federal por un periodo de cuatro años.

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. De la lectura que realicé, prácticamente los cinco proyectos coinciden en tres problemas que deben resolverse en el Poder Judicial: 1) Aspectos administrativos, 2) Mejora de los sistemas digitales, 3) Violencia laboral y de género.  
 
Es relevante que, entre los cinco candidatos, hay un diagnóstico común sobre lo que debe mejorarse y atenderse. Las perspectivas de solución sí son diferenciadas. Por ejemplo, en el tema de violencia, hay proyectos más punitivos y otros enfocados en la prevención. Más allá de las diferencias de solución a los problemas, la pregunta es ¿qué de relevante tienen los temas administrativos y la vida interna del Poder Judicial en el derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía? 
 
Para Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Ibero CDMX, “los temas administrativos pueden ser importantes, siempre y cuando, se combata el rezago y la lentitud de la justicia. Lo administrativo puede ser fundamental siempre que esté vinculado con aspectos sustantivos de acceso a la justicia, así como de independencia e imparcialidad. En las propuestas habría que clarificar qué aspectos realmente tienen vinculación con estos elementos.” 
 
Un elemento que también es común en todos los proyectos de los candidatos es que no hay interés en actualizar el debate sobre cómo el Poder Judicial mexicano adopta las decisiones de tribunales internacionales como propias. Lo vimos en la reciente discusión sobre prisión preventiva oficiosa, en la que el ministro Pérez Dayán se acomoda con la idea de que no es obligatorio que la SCJN acate los criterios de la Corte Interamericana.  
 
Al respecto, Simón Hernández, coordinador de la licenciatura de derecho en la Ibero Puebla afirma para esta columna que “en los últimos 10 años de debates de la Corte hay dos posturas antagónicas respecto al alcance respecto a las normas de la Constitución que pueden entrar en tensión con los criterios de fuente internacional. Uno de los candidatos, Pérez Dayán, considera que la Constitución prevalece sobre cualquier criterio internacional. Para otro de los candidatos, Ortiz Mena, la Constitución u otra restricción no podía estar por encima de una sentencia internacional contra México. En esta etapa donde se va a definir la presidencia, se encuentran estas dos visiones en tensión y deben ser un elemento central de la valoración para quien dirija la Corte, pues puede incidir positivamente en las discusiones y que haría acorde a un constitucionalismo moderno o continuar con una postura más clásica y soberanista de las decisiones de los jueces”. 
 
Todavía es momento para que alguno de los que pretende dirigir el poder judicial, haga explícito su interés de trabajar a fondo en el acceso a la justicia.  


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