Desde hace varios años México atraviesa por una crisis de desapariciones que afecta no solo al país en el nivel macro, sino que ha modificado radicalmente la vida de miles de familias que de un día para otro tuvieron que dedicar el tiempo a una sola actividad: buscar.
La movilización y trabajo de la sociedad civil en el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas ha sido clave en todos estos años. Los sexenios de Calderón y Peña Nieto parecían desdeñar la crisis. En 2018, Andrés Manuel López Obrador parecía entender bien la crisis y estar en disposición de atajarla.
Para nadie es ajeno que Ayotzinapa se convirtió en 2014 en el caso emblemático de la crisis de desapariciones. Prácticamente desde la primera semana, había un consenso nacional en el sentido de que, si no se resolvía el caso de los 43, el resto de los casos con menos empuje mediático tendrían menos posibilidades ante la justicia.
López Obrador entendió bien esto. Durante la campaña y como presidente electo dedicó buen espacio a reunirse con las familias de los 43 estudiantes para construir una agenda común que ayudara a llegar a la verdad. Ninguna de esas reuniones hubiera sido posible sin la voluntad de las familias y el acompañamiento técnico del Centro Prodh, en aquel entonces encabezado por el abogado Mario Patrón.
Con el compromiso de resolver Ayotzinapa, el entonces presidente electo enviaba el mensaje de que la crisis de desapariciones era una prioridad.
Cinco años después las cosas han cambiado. López Obrador se ha visto rebasado no solo por no poder dar con la verdad en el caso de los 43 estudiantes, sino también porque la crisis de desapariciones no se atajó, los números subieron y la justicia no llegó. A un año de que termine el gobierno, el compromiso emblemático de López Obrador no podrá cumplirse. Y entonces el presidente considera que hay que redireccionar en dos sentidos: por un lado, negar la crisis de desapariciones y, por otro lado, atacar a quienes tienen la legitimidad para reclamarle la falta de cumplimiento.
La semana pasada la secretaria de Gobernación informó que de 110,964 “registros” de personas desaparecidas, solo hay 12,377 confirmadas. De un día para otro, el gobierno federal rasuró en un 88% la cifra de desapariciones. Supuestamente esto se hizo bajo metodologías rigurosas, “búsquedas” de trámites en instituciones, etc. Esta reducción no significa que haya carpetas de investigación concluidas.
La segunda parte de la estrategia de López Obrador es criminalizar a quienes acompañan técnicamente a las familias de desaparecidos. Con ello, asume el presidente, logrará desarticular moralmente a quienes exigen seguir buscando.
Así, la semana pasada también comenzó a lanzar ataques contra el Centro Prodh. El presidente acusa que el equipo de abogados representaba legalmente a las familias de los estudiantes al mismo tiempo que defendía a los presuntos responsables alegando tortura. Nada más falso e ignorante que esto. El Centro Prodh sí ha denunciado la tortura de los presuntos responsables, pero lo ha hecho por una razón: una verdad construida bajo tortura no es verdad y provoca un daño directo a las familias de los desaparecidos. Esto queda lejos de defender a los criminales.
Esta semana, los ataques se focalizaron contra el exdirector del Centro Prodh y actual Rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón. El presidente pide incluso que se le investigue. Luego de escucharlo y dialogar con él en 2018, hoy lo criminaliza.
Con todo esto, López Obrador nos deja ver que usó la crisis de desapariciones, el caso Ayotzinapa y a las personas que aportaban técnicamente para crecer su campaña y mostrarse como alguien distinto. Negar las violaciones a derechos humanos y criminalizar personas defensoras es propio de los neoliberales. No le interesa no haber podido con la crisis de desapariciones, al presidente solo le importa su persona.
@MaiteAzuela
