“Caso X: En el año 2019, dentro de un jardín de niños público, al menos 7 niños fueron agredidos sexualmente por el intendente y un maestro de la escuela. Las agresiones tuvieron lugar en salones de clases, baños, una oficina o bodega dentro del salón, y en el área de juegos. Los niños eran bañados con agua fría y reportan haber tomado algo que los relajaba, y les provocaba dormir toda la tarde después de la escuela. Asimismo, fueron grabados y fotografiados durante las agresiones. En este caso, igual que en los demás documentados, los niños fueron víctimas de amenazas, entre las que se encontraban hacerle daño a su familia si decían algo. En este caso, como en muchos otros, las maestras y directora tuvieron conocimiento del caso y optaron por encubrir a los agresores”.
Este es uno de los casos reales tomados del informe “Ya no es un Secreto” publicado ayer por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, (ODI).
De la revisión del informe se desprende un hallazgo contundente: En México existe la delincuencia organizada y también existe la violencia sexual organizada en las escuelas de educación básica.
De mayo de 2021 a abril de 2023, los casos han ido en aumento. Pero no se trata de denuncias aisladas por parte de las víctimas. Se trata de ataques sexuales perpetrados en contra de niñas y niños de forma sistemática, organizada, que utiliza la infraestructura de las instalaciones escolares y el respaldo de la Secretaría de Educación Pública.
Otro de los casos que sustraigo del informe, narra escenas del horror que la Secretaría de Educación Pública ha blindado: “Caso Y: En 2019 aproximadamente 10 personas entre personal docente, directivo, administrativo e, incluso, propietarios de un colegio privado violentaron sexualmente a por lo menos 3 niñas y niños de grado preescolar. Además de las agresiones físicas y sexuales, en este caso se reportan la realización de rituales entre los que se encuentran obligarles a tomar sangre, comer fruta podrida, violentar a animales en frente de ellas y obligarlas a romper muñecas. La investigación penal de este caso ha estado plagada de irregularidades y obstaculizaciones que no han permitido el acceso a la justicia de las víctimas conocidas.”
Ya no es un secreto que hay violencia sexual organizada afectando a miles de niñas y niños en el país. Y tampoco es un secreto que los perpetradores no son los únicos culpables, sino también la Secretaría de Educación Pública y los Ministerios Públicos, que prefieren voltear para otro lado.