Luego de que el pasado martes 26 de septiembre los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos marcharan al Zócalo para –una vez más– exigir el esclarecimiento del caso, ayer el Subsecretario de Derechos Humanos (SEGOB) Alejandro Encinas presentó un segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ) que él preside.
Más que un informe es un documento que trata de revirar, desde el punto de vista político, a las distintas voces que estos días han denunciado dos aspectos fundamentales del estado del caso: que no hay verdad y que las nuevas versiones presentadas como avances en poco distan de la verdad histórica del gobierno peñista.
Informar sobre las tareas y no sobre los resultados. Eso es básicamente, porque presenta un recuento de datos que ha hecho la COVAJ como si los hechos se fueran a esclarecer por la cantidad de documentos, entrevistas, instituciones que han participado, número de detenidos, y un largo etcétera. Las madres y los padres de los estudiantes de ninguna manera sienten satisfacción por leer estos datos. Pero por alguna razón, el presidente de la COVAJ supone que es relevante presentar la numeralia para legitimar que trabajan, aunque esa lista absurda de sus pendientes palomeados no arroje nada nuevo.
En segundo lugar, el informe presenta tres causales que motivaron la desaparición de los estudiantes: 1) confusión en Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes de Ayotzinapa; 2) Dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del entonces presidente municipal de Iguala y Guerreros Unidos; y 3) El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados. ¿Dónde está la novedad en estas tres hipótesis? Desde el primer y segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estas causales estaban planteadas.
En tercer lugar, intenta hacer una separación de la “nueva versión” con la verdad histórica al asegurar que dicha versión oficial se construyó en un espacio denominado “Junta de autoridades” en la que participaba nada más y nada menos que el alto mando Enrique Peña Nieto hasta los eslabones de menos nivel de la entonces Procuraduría General de la República.
Sin embargo, el gobierno representado ayer por el rostro de Encinas se dispara en el pie. El reportero Agustín Velasco se atrevió a preguntar sobre la participación de Omar García Harfuch en esta Junta de Autoridades. Encinas respondió como el político experimentado que es y dijo que “está en el primer y segundo informe en donde evidentemente no están los nombres completos […] híjole es que si les paso la lámina me van a fotografiar. Está. Así de concreto”. No calcularon que, entre los señalados de participar en la construcción de la verdad histórica, está el puntero en las encuestas de Morena para encabezar el gobierno de la Ciudad de México. ¿O sí?
En la página 116 del informe se menciona que la UEILCA ha acreditado que en las reuniones realizadas en el 27 Batallón de Infantería en Iguala se acreditó la participación de –entre otras personas– “Omar ‘N’ Comisionado de la Gendarmería de la Policía Federal”. Sí, aunque parezca inverosímil, aquel que en la cadena de mando debería estar siendo investigado por la desaparición de los 43 estudiantes, nueve años después tiene la bendición del presidente para ser el candidato gobernar a la Ciudad de México.
Y finalmente en cuarto lugar, la COVAJ intenta deslindarse de la verdad histórica basándose en el peritaje de incendios del GIEI y en el hecho de que los estudiantes fueron divididos en grupos. Algo dicho hasta el cansancio por varios actores. Les tomó 4 años asumir esta información como parte de sus propias investigaciones.
No cabe duda que este segundo informe, además de ser un recuento de datos, quiere vender como nueva la información que se tenía. Debió haber comenzado su informe con la cantaleta que recorre las calles de la ciudad comprando fierros viejos.
