No hay oscuros intereses detrás de las acciones de amparo que Greenpeace México ha iniciado y con las que continuará para defender el cumplimiento de nuestros compromisos nacionales en materia de cambio climático, de transición energética justa, de empleo de fuentes renovables de energía o de disminución de contaminantes en la generación de electricidad, por ejemplo. Es una cuestión de derechos humanos.
Este gobierno ha tenido otro revés judicial por la falta de atención que tiene con la obligación de cuidar un medio ambiente sano. De hecho esta semana tuvo dos muy importantes, el primero sobre el proyecto del Tren Maya, y ahora contra su Política de Confiabilidad para el Sistema Eléctrico Nacional y el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del mismo. Greenpeace México ha promovido un juicio de amparo respecto de los segundos.
Al juez le resulta un hecho notorio la labor que Greenpeace México ha emprendido desde 1993 para defender el medio ambiente activamente. Es importante la aclaración por si no tiene información de lo que nuestra organización ambientalista hace y desde cuándo, como dice no tenerla de alguna de las instituciones que defienden derechos humanos desde el gobierno.
También importa señalar que esta acción judicial no defiende los intereses de las empresas. Es más, en Greenpeace aplaudimos la postura gubernamental de corregir los privilegios excesivos que administraciones pasadas pudieron haber concedido a las empresas en el sector eléctrico y ojalá que ese mismo empeño se demuestre contra cada abuso y violación de derechos que ellas hayan ocasionado a personas y comunidades.
Sin embargo, su política energética necesita “renovarse”. En el campo de la generación de electricidad requiere dar una vuelta de ciento ochenta grados, porque apostar por los combustibles fósiles es una enorme equivocación. Se intuye que en el sector de hidrocarburos le resulte todavía más complejo, pero a veces es mejor aprender a soltar y trascender, para poder tener mejores acciones.
En congruencia con su Plan Nacional de Desarrollo, para llevar a cabo un rescate al sector energético “con y para” la gente, es urgente que impulse el desarrollo local y sustentable sin imposiciones. No discrimine a las personas y comunidades al negarles el derecho para decidir sus propios ideas de desarrollo. Fomente que se beneficien en los términos que elijan, de modo que la transición energética sea el conducto que impulse a los sectores sociales involucrados, no a las empresas, ni siquiera a las productivas del Estado. No nos falle Presidente.
Las resoluciones judiciales adversas a sus planes no implican colusión alguna con intereses adversos a los suyos, es puro ejercicio de los instrumentos jurídicos que están al alcance de cualquiera en una democracia funcional. Si hoy se han dictado suspensiones definitivas contra los aludidos Acuerdos en torno al Sistema Eléctrico Nacional, es porque no se debe priorizar el empleo de energías convencionales en detrimento de las renovables. Lo anterior porque el uso de renovables permite mejorar la calidad de vida de las personas, al cuidar de su salud y preservar el medio ambiente.
Optar por impulsar las energías renovables no pone en juego la seguridad energética del país, pero como sea, en el futuro inmediato tendremos oportunidad de iniciar en tribunales otras conversaciones serias sobre lo que sí la compromete.
En definitiva, apoyar el desarrollo nacional sobre combustibles fósiles puede definir su legado. No se contamine de esa manera, ni respalde que se contamine con ellos a todo México. Respetuosamente le pedimos públicamente que cumpla nuestros compromisos ante la comunidad mundial, vigile el cambio climático y apoye las energías renovables ya, recordándole que nos encontramos ante un escenario de emergencia climática que debe atenderse con carácter urgente.
Consultor legal de Greenpeace México, A.C.
