A lo largo de 18 años de campaña el actual presidente de México se pronunció dura y categóricamente en contra de la militarización de la seguridad pública. En su última campaña mantuvo la misma posición. Pero apenas llevaba dos semanas en la presidencia cuando cambió drásticamente de parecer. Dicen que fue a raíz de una conversación con los militares que lo convencieron de que eran su mejor opción. ¿Quiénes fueron y que le dijeron? Gran incógnita.
El caso es que, a menos de cumplir un mes en el gobierno, el flamante presidente empezó a ligar el tema de la seguridad pública con los militares. Al paso de los meses surgió la figura de la Guardia Nacional para hacerse cargo de la seguridad pública. Esta nueva institución colocó en un segundo plano a la policía federal y, en un plano aún más lejano, a las policías locales, estatales y municipales. Desde el principio se planteó que los elementos de la guardia nacional quedarían bajo mandos militares, pero para no contravenir preceptos constitucionales, se presentó como la instancia operativa de la Secretaria de Seguridad Pública, otra flamante institución del nuevo gobierno, en este caso de corte civil.
En los presupuestos 2019 y 2020 se asignaron cuantiosos recursos a las dependencias federales encargadas de la seguridad, uno de los pocos rubros en los que no hubo recortes. Para finales de 2019 la Guardia Nacional ya se encontraba en funciones. Sin embargo, el macroajuste institucional de la estructura de seguridad pública no se vio reflejado en una mejoría de la seguridad en todo el país. Por el contrario, para marzo-abril 2021, se registraron en México los más altos índices de delincuencia de las últimas dos décadas.
Un detalle importante. En el decreto de creación de la Guardia Nacional (marzo 2019), se incluyó un artículo transitorio en el que se señala que en tanto la Guardia Nacional desarrolla capacidades plenas para realizar sus misiones, en los cinco siguientes años el presidente podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El pasado 11 de mayo, en pleno apogeo de la pandemia COVID-19, aparece en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial, de sólo una página, en el que el presidente ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. Para mayor precisión, esta orden se hace extensiva al 27 de marzo de 2024.
Al acuerdo no le precede ni le sucede una explicación del porqué se toma esta decisión, en este momento y sobre cómo se define la manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada en la que habrá de cumplirse esta orden. Por lo pronto, ahora militares y marinos podrán ejercer tareas de seguridad pública sin necesidad de un brazalete de la Guardia Nacional y nada les impedirá efectuar detenciones, ejecutar ordenes de aprehensión, asegurar bienes y realizar otras funciones policiales sin rendición de cuentas, excepto a sus mandos, como funcionan las instituciones militares.
Hecho muy grave lo que se trasluce de esta decisión: la Guardia Nacional perdió la oportunidad de constituirse en la institución para dotar de civilidad al ejercicio y dirección de la función de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Pero más grave aún es la relación que ha construido el presidente con las instituciones castrenses militarizando tareas como la construcción del aeropuerto, la contención de migrantes, la edificación de sucursales bancarias, la habilitación y resguardo de hospitales y materiales médicos durante la pandemia, ninguna de ellas previstas en los estamentos militares.
¿Y los militares que dicen de todo esto? Les asignan funciones adicionales que no les corresponden y para las que no están preparados; los exponen a escenarios de confrontación con ciudadanos, sean o no delincuentes; les ordenan perseguir a los migrantes; les exigen resultados en tareas médicas, ingenieriles, de logística y administración, en tiempos récord y sin la experiencia para ello; a las presiones cotidianas que implican sus tareas les añaden otras que ni conocen ni saben manejar. ¿Qué piensan nuestras fuerzas armadas de todo esto?
Históricamente los militares militarizan a un gobierno y a una sociedad una vez que han desplazado al poder civil. Este caso parecería ser que es por invitación de un presidente que decide militarizar el quehacer de gobierno. ¿Le apuesta a su lealtad institucional? ¿En dónde quedará la lealtad a la Constitución y al pueblo de México de nuestros militares que les ha valido la aceptación y el respeto social por más de siete décadas? ¿O tiene primacía su lealtad al presidente y comandante en jefe? Más temprano que tarde habremos de tener respuestas.
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