Hace unos días, en Viena, capital de Austria, un atentado terrorista dejó tres muertos y varios heridos. El responsable, fundamentalista islámico perteneciente al ISIS, fue abatido por la policía. En pocas horas las autoridades tenían a varios detenidos vinculados con el terrorista suicida. El evento causó conmoción en el país. El gobierno austriaco decretó tres días de luto nacional.
Desde el inicio de la actual administración federal, en México han sido asesinadas entre dos y tres personas por hora. Lo que en Austria sucedió excepcionalmente y generó tres días de luto nacional, en México sucede cada hora. En lo que va del sexenio el número de homicidios dolosos rebasa 66 mil casos. Esto es 155% más que en el mismo periodo en el gobierno de Vicente Fox; 203% más que en el de Felipe Calderón y 102% más que en el gobierno de Peña Nieto.
Hace unos días Alfonso Durazo dejó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contender por la gubernatura de Sonora. Su despedida fue de autoelogios y salió colmado de felicitaciones de su jefe, el presidente López Obrador. En su lugar el presidente nombró a Rosa Icela Rodríguez, con experiencia nimia en el diseño y coordinación de estrategias de seguridad pública a nivel nacional. Sin embargo, es claro que en el actual gobierno federal las autoridades civiles juegan un rol secundario en tareas de seguridad pública.
Desde que inició la actual administración la seguridad pública del país está en manos de militares. Esa fue la decisión del presidente. ¿Resultados? La inseguridad pública en el país ha alcanzado niveles sin precedente. Y no hay ningún indicio de que las cosas puedan mejorar. Los expertos en la materia hablan de que en México existen entre 30 y 200 organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho del país. En 2018 la CIA realizó un estudio en el que señala que aproximadamente el 20% del territorio nacional esta tomado por el crimen organizado. El departamento de Estado de ese país tiene al menos a cinco entidades en el México como lugares de riesgo nivel 4, mismo en el que se encuentran Siria, Irak y Afganistán. Las percepciones de inseguridad por parte de la ciudadanía son las más altas de la historia.
La creciente inseguridad pública en el país llevó en el pasado al gobierno federal a diseñar e implementar programas de apoyo adicional a estados y municipios para fortalecer sus policías y sus aparatos de administración de justicia. El actual gobierno federal ha reducido al mínimo estos recursos y la presencia de la recién inventada guardia nacional no ha hecho diferencia en ninguna de las 32 entidades federativas. Esto ha provocado, entre otras cosas, el enojo e inconformidad de un número creciente de gobernadores que no ven los resultados de la estrategia federal y no cuentan con los recursos para cambiar ellos la situación. Y qué decir de las autoridades municipales, más que nunca abandonas a su suerte.
El Washington Post inició una serie de cinco reportajes sobre la seguridad pública en México. Con la lectura del primero (29/10) es suficiente para pasar de la preocupación al desánimo. Entre los expertos entrevistados sobre el tema existe una coincidencia. El diagnóstico del actual gobierno sobre las causas, dinámica y factores que provocan la inseguridad es insuficiente o inexacto. Con esta falla de origen ni la estrategia, ni los planes y programas de ahí derivados, podrán dar buenos resultados.
Increpar al presidente sobre este —o cualquier otro tema— se antoja como un desgaste innecesario. La sordera del poder, en su caso, no tiene límite. Si los militares son ahora los enteramente responsables del tema, hablemos entonces con ellos. La institución militar en México, por varias décadas, ha gozado de prestigio entre la población y aún no llega al punto de su desacreditación. Saben cómo dialogar y trabajar con los especialistas en seguridad fuera del estamento militar. Me consta. La urgencia nacional obliga a tender puentes y a trabajar conjuntamente. ¿O me equivoco?
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