Por si la pandemia sanitaria y la angustiosa situación económica no fueran suficiente razón de agobio, ahora la visibilidad del empoderamiento del crimen organizado en México ocupa nuestra atención. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) da un golpe espectacular – afortunadamente fallido - en CDMX. En Guanajuato, el líder del Cartel de Santa Rosa de Lima, cobra venganza del operativo del ejército mexicano. El número de homicidios dolosos en el país es más alto que nunca, los márgenes de maniobra del crimen organizado se ensanchan y la situación de inseguridad para el ciudadano común se agrava cada día que pasa.
Las políticas públicas se miden por sus resultados. Los discursos y las buenas intenciones de poco sirven al momento de la rendición de cuentas. Mucho menos los discursos ideológicos, pues difícilmente podríamos decir que delincuentes y criminales han sido adoctrinados en el liberalismo o en el neoliberalismo. Aquí la naturaleza del conflicto es otra muy distinta.
Es responsabilidad de todo gobierno brindar seguridad a sus ciudadanos. La decisión de cómo hacerlo, es parte de sus atribuciones. El actual gobierno federal optó por una profunda reorganización institucional, desapareció estructuras y creo otras nuevas, optó por la preeminencia de mandos militares sobre los mandos civiles, redujo los apoyos a las policías estatales y municipales y modificó leyes y reglamentos para adecuarlos a su nueva estructura, lo que no fue difícil al contar con mayoría en las dos cámaras del Congreso Federal.
Diez y nueve meses después del inicio de la actual administración las cifras reportadas por el gobierno federal no muestran ninguna mejoría, por el contrario. Se requiere tiempo, dirían algunos. Sin embargo, más allá de las cifras, los hechos conocidos generan serias preocupaciones sobre la eficiencia y la eficacia de la actual estrategia.
El 17 de octubre se logró la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante más famoso de México. A las pocas horas el propio jefe del ejecutivo federal ordenó su liberación. La reacción fue de tal magnitud que retenerlo parecía representar un costo inadmisible. ¿el operativo estuvo mal diseñado o fue mal ejecutado? ¿falló la inteligencia? ¿fallaron los operadores? El hecho resultó en un gran fracaso, del gobierno federal y de sus fuerzas armadas.
El pasado 26 y 27 de junio tuvo lugar en Guanajuato mandos militares coordinaron un operativo para dar cumplimento a diversos mandamientos judiciales. El operativo desencadenó una ola de crímenes y destrozos que dejaron un saldo de 31 muertos. Como resultado del operativo se realizaron 26 detenciones. El golpe iba dirigido al Cartel de Santa Rosa de Lima. Entre los detenidos estaban la madre del líder del cartel y otros de sus familiares. En menos de 48 horas todos los detenidos estaban liberados. Todo indica que el operativo no tenía el soporte legal necesario. El operativo resultó muy costoso, pero al final infructuoso.
La violencia continua. Represalias por las tensiones dejaron policías muertos en Silao y el 1 de julio fueron asesinadas 24 personas en un centro de rehabilitación de adicciones en Irapuato, esto supuestamente como parte de la lucha por el territorio entre el CJNG y el de Santa Rosa de Lima. Sólo en el mes de junio se registraron en Guanajuato 339 homicidios dolosos.
A pesar de los profundos cambios organizacionales y legislativos, la estrategia federal de seguridad no da muestras de eficiencia y eficacia. Debido a fallas en su estructura y mandos, por errores de cálculo en los balances de fuerza, por debilidad en el soporte legal o por información y trabajo de inteligencia deficiente o insuficiente. La actual estrategia muestra huecos y lagunas muy graves, en su estructura y en su operación.
A los operadores, militares y policías, honestos y comprometidos, mi respeto y solidaridad. A quienes dirigen y diseñan la actual estrategia de seguridad, mis serias dudas sobre su eficiencia y eficacia. O revisan y ajustan, o la pandemia criminal no nos dejará nunca.
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