La seguridad pública en nuestro país atraviesa por una de sus épocas más dolorosas. Las cifras oficiales, la percepción ciudadana y los analistas, coinciden en que en 2019 el deterioro de la seguridad pública ha sido mayor que en todos los años anteriores. La estrategia de la actual administración, si se puede llamar así, no ha funcionado.
La reunión del presidente con gobernadores para hablar del tema, después de un año de gobierno, era el momento para evaluar resultados (avances sobre metas planteadas), identificar fallas y ajustar líneas de acción para 2020, particularmente en la coordinación entre la federación, estados y municipios. Pero no fue así.
Sorprendentemente el tema central fue el récord de asistencia de los gobernadores a las reuniones matutinas de seguridad, instauradas por el nuevo gobierno federal en diciembre 2018. El presidente hizo una denuncia pública de quienes asistieron y de quienes no lo hicieron. Hasta allí llegó la evaluación de la estrategia. Como si los resultados en seguridad pública dependieran del número de reuniones a las que asistieron los gobernadores.
Grave equivocación del presidente. Los estados en los que los gobernadores menos asistieron, o de plano no asistieron, mantienen los índices más bajos de delincuencia en el país. Luego entonces, la fórmula a más reuniones mejores resultados, nada tiene que ver con la realidad. Muy preocupante que el único resultado de esta reunión haya sido un decálogo presidencial con obviedades como “no permitir la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad” (cuando nunca ha estado permitida), “garantizar los derechos humanos” (por ley, obligación de todo servidor público) o “no olvidar las causas que originan la violencia” (como si este fuera un problema de memoria). Y claro, la molestia más que justificada de los gobernadores “denunciados”, por la intención política de este hecho y por el sin sentido de la reunión.
Seguramente los gobernadores regresaron a sus casas más preocupados de cómo llegaron, pues el gran reto de la seguridad a nivel nacional sigue intacto. Después de las celebraciones navideñas y las roscas de reyes (con los mismos índices de delincuencia) habrá que enfrentar un duro 2020, incierto y peligroso.
Resulta verdad de Perogrullo para los expertos de seguridad que en los países en donde la seguridad pública funciona es gracias a policías locales profesionales, en contacto con la comunidad y con capacidad de respuesta, no con decálogos presidenciales o con reuniones matutinas de alto nivel político.
En su nota del pasado lunes en este diario, Alejandro Hope, uno de nuestros mejores analistas en temas de seguridad, mencionaba la tragedia de la muerte de nuestros policías y, lo más preocupante, la indiferencia ciudadana frente a estos hechos.
Como en su momento se hizo en Monterrey, Tijuana, Nezahualcóyotl y, más recientemente, en el municipio de San Luis Potosí, la convergencia entre la seguridad y el entorno social, entre el policía y el ciudadano, es el único camino seguro. Policías honestos y entregados los hay, hombres y mujeres que en precarias condiciones ponen en riesgo su vida día a día para protegernos. Ellos son, al final, quienes ven por nuestra seguridad. Que la federación no haga su trabajo, o lo haga medias, no exime a gobernadores y presidentes municipales de su responsabilidad. Y a la ciudadanía de su participación. El reto no es menor, pero no queda más que afrontarlo. Con mi reconocimiento y solidaridad hacia nuestros buenos policías, mis mejores deseos para 2020.
Diciembre 20, 2019
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