Frente a la crisis en Ucrania el representante del gobierno de México ante Naciones Unidas ha hecho una enérgica solicitud (5/04) para que se inicie una investigación imparcial sobre las atrocidades cometidas por el ejército ruso en ese país. A pesar de los méritos que sustentan dicha solicitud, la autoridad moral y las credenciales de México frente a atrocidades por investigar no son las mejores.
En días recientes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) presentó su reporte con los hallazgos de la III fase de su investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. El reporte no arroja luz sobre el paradero de los 43 estudiantes, que muy probablemente no conoceremos, a menos que alguno de los involucrados decida romper el silencio. Lo que si documenta el reporte en forma contundente es la forma atroz en que se llevaron a cabo las investigaciones y las múltiples zonas oscuras respecto de la actuación de las autoridades en todos los niveles y sectores de gobierno.
Los resultados de las investigaciones apuntan a que la llamada “verdadera historia” - la versión oficial de los hechos por parte de las autoridades - tiene tal cantidad de inconsistencias que no se sostiene. Existen evidencias de que tanto la inteligencia civil como la militar llevaban un minucioso seguimiento, en tiempo real, de todos los movimientos de los estudiantes, lo que le permitía saber minuto a minuto su paradero. Sin embargo, los días de la tragedia, 26 y 27 de septiembre, los reportes prácticamente dejaron de fluir.
En esta fase de la investigación apareció por primera vez un video de la Marina en el que sus elementos hacen maniobras en el rio San Juan, a donde presuntamente fueron llevados los estudiantes, antes siquiera de que llegara la supuesta llamada anónima que detonó las movilizaciones al sitio y el inició de las investigaciones. Hasta ahora no hay ninguna explicación por parte de la Secretaría de Marina que permita esclarecer este hecho, que no aparece en ninguna fase de la investigación.
El reporte también presenta múltiples casos de detenidos, presuntos involucrados, de quienes se obtuvieron confesiones bajo tortura que los implican en los hechos. En muchos de estos casos los presuntos responsables tuvieron que ser liberados después de esclarecerse la forma en que fueron detenidos, torturados y procesados, sin mediar pruebas ni evidencias en su contra. Otros no tuvieron tanta suerte y siguen detenido después de procesos plagados de irregularidades.
Lo que resulta realmente increíble es que no obstante la probada presencia del Ejército, la Marina, el CISEN y las autoridades estatales y municipales en el lugar de los hechos, al momento de la desaparición ninguno ellos se hayan percatado del paradero de los estudiantes. Esto no hace ningún sentido a menos que, por razones que desconocemos, desde su inicio las investigaciones hayan estado sesgada para ocultar hechos que no debían ser del conocimiento público.
José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, territorio de los hechos, fue a dar a prisión por presunta responsabilidad en estos episodios, lo mismo que su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntamente vinculada con Guerreros Unidos. Ambos siguen detenidos por enriquecimiento ilícito y colusión con el crimen organizado, no por lo sucedido con los estudiantes. De Guerreros Unidos, señalados responsables de estos hechos, se sabe poco.
Es un hecho que entre la “casa blanca” y Ayotzinapa la popularidad y credibilidad del gobierno de Peña Nieto cayó por los suelos. Esto convenientemente le abonó el camino a López Obrador para llegar a la presidencia. En su primer día de trabajo el flamante presidente se comprometió a esclarecer lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa. Se abrió de nuevo la investigación a cargo del GIEI. Tres años después, seguimos sin saber el paradero de los estudiantes.
Preocupantes conclusiones frente a un episodio que puso en evidencia la trágica situación en nuestro país en materia de delincuencia organizada, corrupción, colusión de autoridad, distorsión y manipulación de investigaciones y procesos judiciales, en pocas palabras, de ausencia de Estado de derecho. Probablemente nunca sabremos lo que sucedió con los 43 estudiantes; peor aún, ocho años después las condiciones del país no son muy distintas.
En el México de 2022, como en el 2014, siguen ocurriendo atrocidades sin que las investigaciones esclarezcan hechos, identifiquen culpables y finquen responsabilidades. ¿No es tiempo de que planteamos en México las mismas exigencias que esperamos sigan otros en el exterior? La tragedia mexicana continua, las atrocidades se repiten día con día y seguimos ayunos de investigaciones y resultados.
