El estado de San Luis Potosí no se encuentra entre las entidades con mayores niveles de violencia y delincuencia en el país. Sin embargo, su vecindad con estados como Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas origina la presencia constante de grupos que operan en esas entidades, traspasan las fronteras estatales y ponen en riesgo a la población.
En el trienio 2018-2021 el gobierno municipal encabezado por Xavier Nava Palacios desplegó una estrategia integral de seguridad pública municipal que certeramente vinculó las tareas de reacción y prevención de las policías con las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia. Al mando de esta estrategia Xavier Nava designó al Capitán Edgar Jiménez Arcadia, con amplia experiencia en tareas de seguridad en el ejército, en policías municipales y como abogado.
En la vertiente estrictamente policial se avanzó en la dignificación, profesionalización y equipamiento de la policía municipal de San Luis Potosí. Se implementaron sistemas de comunicación y monitoreo para conocer directamente la situación de violencia y delincuencia en el municipio y desplegar fuerzas y esfuerzos en la dirección correcta. Se formó una unidad de análisis dentro de la corporación para estos efectos y para contar con una planeación estratégica adecuada.
A sabiendas de que la acción estrictamente policial resulta insuficiente para abordar la compleja problemática de la violencia y la inseguridad, el gobierno municipal otorgó igual importancia a las tareas de prevención social de las violencias y la delincuencia. Por primera vez en la historia del municipio, la prevención social subió al rango de dirección dentro de la estructura de seguridad pública municipal.
Años atrás se construyó en la zona céntrica de la ciudad un edificio para la comandancia de policía. Los reclamos de los vecinos obligaron a desistir del propósito. El gobierno de Xavier Nava rescató dicho espacio para la ubicación de la Dirección de Prevención Social, precisamente por su cercanía con las comunidades. Se adecuó el edifico a estos propósitos y, para fortalecer el compromiso, se logró un acuerdo con la Unión Europea con apoyo técnico y financiero para estos propósitos. A este espacio se le identifica como El Centro Unión.
Al Centro Unión le correspondió la tarea de asegurar la confluencia de comunidades, policía y personal civil del municipio en los esfuerzos de prevención. La línea del presidente municipal fue muy clara: todas las dependencias del gobierno municipal debían involucrase en estas tareas. En esta lógica, se trabajó con las juntas vecinales de mejoras ya existentes en la comunidad, a lo que se sumó la creación de 102 comités vecinales de seguridad que involucran a más de 10 mil ciudadanos en redes de apoyo vecinal.
Se capacitaron 184 promotores de derechos humanos en 21 colonias con un sistema de atención y seguimiento con el soporte de las herramientas y la conducción de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Mas importante aún, se colocaron las bases para la construcción de una cultura de seguridad pública que involucra a ciudadanos, policías y personal especializado en la prevención social, bajo la premisa de que la violencia y la delincuencia son fenómenos multicausales que requieren de una visión y de atención integral.
La llegada en octubre de 2021 de los nuevos gobiernos, estatal y municipal, cayeron como balde de agua fría sobre estos esfuerzos. A los pocos días de la llegada del nuevo gobierno municipal se destituyó al personal responsable del Centro Unión y se destinaron las instalaciones a otros propósitos; se descalificó el esfuerzo del gobierno anterior y todo lo construido durante los últimos tres años muy pronto podría pasar a ser historia.
Además de la pérdida de este significativo avance, esta historia pone en evidencia dos hechos de la vida nacional muy preocupantes. Por un lado, que más allá de la filiación partidista (ahora más acomodaticia que nunca en nuestro país) las nuevas autoridades, a pesar de contar con todo el aval del presidente de la república, ignoran la premisa básica pregonada por el propio presidente de que la violencia y la seguridad debe atacarse en sus causas y no en sus efectos, lo que se suma a las incontables paradojas y contradicciones de la 4T. Por otro lado, frente a la comunidad internacional - en este caso la Unión Europea – esta historia parece confirmar el hecho de que en México la longevidad de los proyectos se acota a las decisiones de los políticos en turno. La institucionalidad y la continuidad de los proyectos se reducen a tres o seis años, lo que confirma que en la política mexicana y las tareas de gobierno no existen horizontes de largo plazo.
