Un componente consustancial de un régimen democrático es el respeto a las garantías individuales entre las que destacan la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de participar en elecciones libres y transparentes. Daniel Ortega, en su quinto mandato como presidente de Nicaragua, tomó la decisión de excarcelar, desterrar y deportar a 222 opositores, periodistas, activistas, escritores, sacerdotes y empresarios detenidos por motivos políticos.
Los expatriados estuvieron privados de su libertad desde 2021, para evitar su participación en las elecciones de noviembre que le dieron un quinto mandato a Daniel Ortega. No hay causa penal en contra de ninguno de ellos. Su único delito fue oponerse a la permanencia indefinida de Daniel Ortega en el poder, que hace tiempo dio ya un golpe de Estado técnico para no dejarlo.
Como si no fuera suficiente con la abrogación y derogación de su libertad y de todos sus derechos políticos, a través de tremenda argucia política al contar de antemano con el control de la Asamblea Nacional -hace tiempo que la balance de poderes desapareció en Nicaragua -, se aprobó una reforma constitucional para declararlos traidores a la patria, retirarles la nacionalidad nicaragüense y cancelar a perpetuidad de todos sus derechos civiles y políticos.
El despojo de la nacionalidad es una de las prácticas más poco frecuentes incluso en los regímenes dictatoriales. Desaparecer de por vida a los opositores políticos fue una práctica recurrente de Anastasio Somoza, el previo dictador de Nicaragua antes de Ortega, que con frecuencia desaparecía a sus opositores en el cráter del volcán Managua, que estaba en actividad, lo que hacía imposible saber su paradero.
El punto al que ha llegado Daniel Ortega nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza y características de un genuino régimen democrático que al menos debe contener el respeto a las garantías individuales, elecciones libres y transparentes, libertad de expresión, balance de poderes e imparcialidad del poder judicial. Sobre esta sencilla definición es evidente que el gobierno de Ortega no cumple con las condiciones para que su gobierno pueda ser llamado democrático. Su gobierno es una dictadura con etiqueta de democracia.
No menos preocupante ha sido la baja o ausente reacción de las democracias de América Latina a este atropello a los nicaragüenses y a las prácticas democráticas. Salvo el presidente de Chile Gabriel Boric que hizo una clara denuncia de los hechos, la tibia respuesta del resto de los gobiernos muestra lo bajo que ha caído la preocupación en el continente por mantener y robustecer las prácticas democráticas.
México no fue la excepción. Muy distante a las posiciones de antaño cuando México estuvo a la vanguardia del refugio a exiliados españoles, argentinos, brasileños, chilenos y uruguayos que combatían a las dictaduras, en este caso el gobierno emitió una declaración ambigua, pusilánime y anodina. La defensa de la democracia parece haber desaparecido de la agenda de los gobiernos de la región, incluyendo a México.
Lo más preocupante en el caso de México no es la indiferencia frente a lo que sucede en Nicaragua, Venezuela o Cuba, sino que las posiciones de su gobierno no están muy distantes de las de estos gobiernos. Baste para muestra la posición del presidente López Obrador frente al INE, el icono de nuestra democracia en México, que el presidente en forma retirada ha buscado debilitar y controlar.
Ahora que los mexicanos en su pleno derecho están preocupados por su existencia y continuidad, el propio presidente los acusa de racistas, clasistas, enemigo de los pobres, descalificándolos de antemano, poniendo en duda su derecho de disentir y como ha sido su costumbre, invitando a la polarización de los mexicanos.
Este episodio nos deja tres grandes lecciones. Primero, que la defensa de la democracia dista de ser una prioridad en la agenda de los gobiernos de América Latina; segundo, que nuestra propia democracia esta en riesgo y, tercero, que en las condiciones actuales solo estamos los mexicanos para defenderla.
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