Existe un viejo debate sobre qué partido le conviene a México que gobierne en Estados Unidos ¿republicanos o demócratas ? Lo cierto es que más allá de las variaciones en estilos y prioridades del gobierno en turno, las políticas de los gobiernos de Estados Unidos hacia México no sufren mayores modificaciones con los cambios en el Ejecutivo.
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos sin duda va más allá de un cambio de estilo personal. Todo indica que el nuevo gobierno dará marcha atrás al abandono del multilateralismo de su antecesor. En política internacional esto ha significado el regreso de ese país a los foros y problemas globales.
En el ámbito regional el reacercamiento de Biden con Canadá fue inmediato. La empatía entre líderes afloró desde el primer momento. La relación con México ha sido distinta. No hay empatía entre los dos presidentes; el apoyo que el presidente López Obrador brindó al presidente Trump en plena gresca electoral en 2020 no es algo que Biden olvidará fácilmente.
La agenda bilateral contiene tres temas en los que el papel de los gobiernos federales es central: cooperación en materia de seguridad; administración conjunta de la frontera común y cooperación en materia migratoria. Un cuarto tema, hasta ahora más retorica que realidad, ha sido la cooperación regional, en particular con Centroamérica.
A diferencia de los temas arriba mencionados, en el ámbito económico intervienen muchísimos más actores. Los gobiernos definen el marco general pero la relación económica depende en realidad de los sectores productivos, de las cadenas de integración y de la fuerza laboral. A todos sorprendió que, a pesar de la crisis sanitaria y la recesión económica, el envío de remesas hacia México se mantuvo al alza en 2020.
La migración es un tema de múltiples aristas que involucra a innumerables actores y sectores. Consciente de ello, el presidente Biden, a su llegada a la Casa Blanca, desplegó una serie de iniciativas. Primero, a favor de los jóvenes hijos de indocumentados que nacieron y crecieron en Estados Unidos. Segundo, a favor de la búsqueda de opciones para regularizar a cerca de 12 millones de indocumentados que actualmente residen en ese país. Poco o nada ha tenido que ver el gobierno de México en esas decisiones. Para Washington la inmigración es un tema de política interna. Las decisiones se toman en función del balance entre fuerzas internas. Estados Unidos no consulta su política migratoria con ningún otro país.
Hacia afuera Biden ha mostrado su preocupación por el crecimiento de los flujos provenientes de México y Centroamérica, sobre todo de menores no acompañados. Detener esos flujos se ha convertido en su prioridad en la relación con México. Respetuosa solicitud para que México detenga dichos flujos. No pide nada nuevo. México ya lo hacía con Trump. Hasta ahora los flujos rebasan el esfuerzo de contenerlos, pero eso no parece ser lo más importante.
En la retórica se habla de atacar las causas de origen. La pobreza, la falta de empleo, la violencia e inseguridad en los lugares expulsores, en particular en Centroamérica. Biden promete abordar el tema con esta perspectiva. No compromete nada; depende de su Congreso. El presidente de México reitera el compromiso de detener a los migrantes. No pide nada a cambio y no hace nada adicional en México para administrar el fenómeno. Tampoco para administrar las fronteras. Mucho menos para perseguir los delitos asociados a la migración.
Las dos caras de Biden hacia la migración. Hacia adentro, regularizar y ordenar, con criterios humanitarios y de integración social. En sus fronteras y, hacia fuera, detener los flujos ilegales. Muchos serán los inmigrantes mexicanos en Estados que se podrán beneficiar de la primera cara. En poco o nada la política de Biden ayudará a México a administrar mejor el fenómeno en su territorio.
No deja de sorprender la indiferencia generalizada de la mayoría de los mexicanos frente a la migración, propia y ajena. A lo largo de tres décadas poco ha cambiado la realidad para los migrantes indocumentados, salvo que los riesgos y el costo para cruzar se han incrementado exponencialmente. Mientras existan incentivos y expectativas, hombres, mujeres y niños lo seguirán intentando. Unos lo lograrán y otros se quedarán en el intento. ¿habrá que cambiar esta narrativa? ¿A quién le corresponde hacerlo? ¿a los políticos? ¿a los gobiernos? ¿a los migrantes? ¿o a las sociedades? ¿Cuánto tiempo habremos de esperar para ver un cambio de paradigma?