Dicen los que dicen saber, que en las democracias el mejor antídoto contra los malos políticos es la fortaleza de sus instituciones. Y no les falta razón. En cualquier democracia que se respete los responsables de la instituciones del Estado se atienen a lo que marca la ley en materia de funciones y atribuciones.
Nuestro país no apareció ni se inventó con la llegada de la 4T. Su líder y sus seguidores llegaron al poder a partir de leyes y ordenamientos que están claramente establecidos en la Constitución, producto de un proceso histórico y de construcción de instituciones que inicia con la vida independiente. Ni el líder ni su seguidores inventaron el país, sus leyes y sus instituciones democráticas. Estaban dadas cuando llegaron al poder. Más aún, gracias a la institucionalidad democrática pudieron llegar al poder.
Sin embrago, ni el presidente ni sus seguidores parecen entender que las leyes, mientras no se modifican, obligan, en primer término, a los todos servidores públicos , desde el primero hasta el último, en todos los poderes y órdenes de gobierno.
En este marco institucional el presidente decidió, dentro de sus atribuciones, introducir una iniciativa de ley para la gobernanza de la industria eléctrica en México. Más allá de sus méritos o despropósitos - según el prisma con el que se mire-, estaba en todo su derecho.
Las cosa no salieron como él esperaba. Por cualesquiera sean las razones, la oposición en el Congreso decidió no sumarse a dicha reforma. Estaban en todo su derecho. Es parte de sus atribuciones y consustancial del juego de contrapesos de los regímenes democráticos.
Lo que resulta sintomático y muy preocupante es lo que siguió a ese episodio. La traición a la patria esta codificada en la Constitución como un delito mayor cuando se realicen “actos en contra de la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero; o cuando alguien tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México” (Art. 123 del Código Penal Federal)
La figura del fuero legislativo surgió precisamente para proteger a los legisladores cuya opinión difiera de la de otros actores o poderes. Nadie en el poder legislativo pues ser sancionado, reconvenido o amonestado por el sentido de su voto. Cualquier acción en contra de un legislador por el sentido de su voto es ilegal e improcedente, es un atentado en contra la democracia.
La versión de democracia del actual presidente y sus seguidores poco tiene que ver con la democracia mexicana. Su democracia no cabe en este país. Su exabrupto de acusar públicamente de traición a la patria a todos los que no apoyaron en el Congreso su iniciativa de reforma, refleja su ignorancia sobre los principios y ordenamientos que dan sustento a la democracia a mexicana, peor aún, va por encima de ellos. El partido que lo llevó al poder, mayoritario en el Congreso, pero no lo suficiente para aprobar la reforma, replicó la acusación. Misma actitud asumieron los propios legisladores de Morena quienes exhibieron como traidores a la patria a quienes votaron en contra de la iniciativa. Gravísimo.
Toda esa historia – que se suma a muchas más- dejan en evidencia que la democracia que pregonan López Obrador y sus seguidores no es ni cabe en este país. Si esto fuera un problema de ignorancia o negligencia, sería grave, pero corregible. Desafortunadamente no es así.
López Obrador y sus seguidores han mostrado en tres años de su administración el más absoluto desprecio por la historia y las instituciones democráticas mexicanas. Sin nada que lo justificara inventó un proceso de revocación de mandato que el mismo promovió cuando nadie había puesto en duda su derecho a permanecer por seis años en la presidencia. Ni siquiera cuando las leyes obran a su favor, es capaza de ajustarse a ellas.
El presidente López Obrador es todo menos ingenuo. Desde su perspectiva, cualquier cosa que lo mantenga a él en el centro de la agenda política fortalece su permanencia en el poder. En materia de gobierno las cosa no van bien prácticamente en todos los frentes. Incluso si las elecciones del 2022 le resultan favorables, la factura a pagar será muy alta, para él y sus seguidores y, sobre todo, para la democracia mexicana.
