Uno de los principales indicadores para medir la calidad de una democracia es la fortaleza de sus instituciones. Las instituciones democráticas se sustentan en la división de poderes, los contrapesos, el apego a la legalidad y la rendición de cuentas.
En un sistema democrático el poder Ejecutivo es uno de los actores centrales, pero no el único. Lo acompañan los poderes Legislativo y Judicial y un sinnúmero de organismos autónomos que también pertenecen al Estado con funciones y atribuciones propias.
Cuando el Ejecutivo atropella, instiga, neutraliza o coopta otras instituciones del Estado, atenta contra la democracia. En este tenor es difícil entender que el actual gobierno federal se proclame paladín de la democracia cuando sus acciones contravienen los principios básicos de la institucionalidad democrática. En el año que apenas inicia destacan dos casos por su gravedad y consecuencias: los recientes nombramientos en Cancillería mexicana y el atropello institucional del CIDE, una de las más prestigiadas instituciones académicas de México.
La Cancillería Mexicana es una de las instituciones más antiguas del país, responsable de las relaciones políticas de México con el exterior. Para ello cuenta con un servicio profesional de carrera - Servicio Exterior Mexicano (SEM)-, cuya creación data de 1822, exactamente dos siglos atrás. Cuenta con un sistema de formación y profesionalización que le ha dado a México prestigio internacional y resultados palpables. Sus cuadros, nuestros representantes en el exterior, son profesionales de la diplomacia.
En enero 2022 se dio a conocer la designación de nuevos embajadores y cónsules generales. Difícil asociar la mayor parte de los designados con la cancillería o con conocimiento y experiencia internacional. Es cierto que en todos los países existen nombramientos de políticos como embajadores, figuras con méritos y prestigio que se desempeñan como representantes diplomáticos. En el caso de los nombramiento en cuestión ni siquiera son nombramientos de políticos prestigiados. En su mayoría su único mérito es ser allegados de los líderes de la 4T. A la mayor parte de los profesionales removidos de sus cargos para colocar a los nuevos no se les dio otro encargo y, además, se anunció un proceso de regularización no contemplado en la Ley del Servicio Exterior, que garantiza la permanencia en la cancillería de personeros del actual gobierno.
Además del daño que esto causa a la diplomacia mexicana, los países receptores ven estos nombramientos con desconcierto y en no pocos casos con molestia pues al recibir la solicitud de beneplácito para personas sin experiencia y sin nivel, les surge la pregunta ¿esta es la importancia que otorga México a la relación con nuestro país?
El otro caso reciente es lo sucedido en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), una institución académica de educación superior que cuenta con subsidio del Estado, pero que hasta hace unos días contaba con órganos autónomos de gobierno. Como ha sido el caso en innumerables instituciones del Estado que no dependen directamente del gobierno federal, el asedio comenzó con el recorte presupuestal que en este caso esto derivó en la renuncia de su anterior director. A eso siguió el nombramiento de un interino, académico cercano a la 4T, de otra institución, carente de conocimiento, habilidad y experiencia para el manejo de una institución como el CIDE. Resultado de la ignorancia y la prepotencia, el interino tomó decisiones que contravenían los estatutos de la institución sin considerar la opinión de sus órganos de gobierno. Frente al descontento que esto provocó se cerraron los canales de diálogo y la directora del CONACYT, ignorando a la comunidad del CIDE, ratificó al director interino y modificó los estatutos de la institución a efecto de dejar al margen de las decisiones al Consejo Académico, el principal órgano colegiado de la institución. Se dice en los pasillos que en este caso prevalecieron las rencillas personales de la directora de CONACYT sobre cualquier criterio académico o institucional.
En ambos casos el daño a las institucione es mayor. Además de afectar la vida y las carreras de cientos de personas que creyeron en las instituciones mexicanas y en las carreras profesionales para llegar a donde están, estas decisiones vulneran y debilitan la fortaleza y credibilidad de instituciones mexicanas que llevo muchas décadas construir.
No es necesario ser doctor en ciencia política para saber que el asedio de un poder sobre los otros poderes e instituciones del Estado es un atentado mayor a la democracia. Peor aún, es el camino histórico hacia la instalación del autoritarismo con la consecuente fractura democrática. Para quienes durante décadas hemos propugnado y trabajado por la construcción y fortalecimiento de instituciones democráticas en México, la 4T y sus personeros aparecen como la amenazas más seria a la democracia mexicana en tiempos recientes.
