El secuestro de cuatro estadounidenses en México, el pasado 3 de marzo, puso en evidencia la gravedad de la inseguridad en México y el mal estado de la relación entre los dos gobiernos en materia de seguridad, uno de los temas más delicados de la relación bilateral.

Por su delicada naturaleza los temas de seguridad requieren de un tratamiento cuidadoso que solo es posible cuando existen en la relación tres condiciones básicas: comunicación fluida, confianza entre las partes y mecanismos robustos, acordados de antemano, para avanzar en la solución tanto de incidentes como de problemas estructurales.

Con el gobierno de López Obrador no parecen haberse generado ninguna de las tres condiciones. La comunicación entre lideres es muy distante y entre agencias se ha registrado un deterioro respecto de lo que existía en el pasado. El caso Cienfuegos y las negativas de extradición han contribuido a esta situación.

Al ser la comunicación eventual y más formal que sustantiva, el nivel de confianza será necesariamente más bajo. En este escenario, aunque existan mecanismos formales para resolver temas que afectan a los dos países, no hay condiciones para evitar que los incidentes se conviertan en crisis. Cuando los incidentes se vuelven crisis, despiertan el interés y abren los espacios a la participación de múltiples actores, gubernamentales y no gubernamentales.

El trasiego y venta de fentanilo y otras drogas no es solo responsabilidad de los mexicanos. Múltiples actores en Estados Unidos están involucrados en estos ilícitos y la mayor parte de las armas que generan la violencia en México provienen de Estados Unidos. Sin embargo, la inacción del gobierno de México frente a los carteles de la droga, en particular el de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, principales responsables del trasiego y venta de Fentanilo a los Estados Unidos, han provocado creciente inquietud y reclamos en Estados Unidos por parte de gobernadores, fiscales, congresistas y voceros republicanos, que ahora critican acremente al gobierno de Biden por lo que consideran una posición tibia y en extremo tolerante frente a la inacción de México.

En un ambiente proclive a la politización, los reclamos y las criticas llegan rápidamente a los medios de comunicación y a la opinión pública y se convierten en proclamas electorales. Los más radicales en Estados Unidos piden pasar a los carteles mexicanos a la categoría de organizaciones terroristas internacionales, lo que conllevaría la participación de todas las agencias de seguridad de Estados Unidos para su combate, incluyendo las fuerzas armadas, dentro y fuera del país.

La acción de recurrir a medidas más extremas resulta poco afortunada para Biden, pues se acercan las elecciones y esto se convertiría en un factor contaminante. Pero tampoco le es posible hacer oídos sordos a estos reclamos, cuando tienen una justificación real, pue la ineficiencia e inacción del gobierno de México frente al tema son innegables. Para el actual gobierno de México cualquier reclamo o amenaza es una clara intromisión en la soberanía mexicana, un argumento que hautilizado el actual gobierno en búsqueda de mayor legitimidad frente a sus bases. Pero tampoco se puede desconocer que mucho otros mexicanos estarían de acuerdo con una presencia más en forma de agencias estadounidenses si esto ayuda a poner orden en México, dada la clara ineficiencia del gobierno actual para hacerlo.

¿Qué podemos esperar de esta situación? Primero, que efectivamente el gobierno de Biden habrá de tomar medidas adicionales a las existentes para presionar a México. Estas podrían ser mayores restricciones para la cruce de la frontera, en el ámbito migratorio o en alguno otro de los múltiples temas que conforman la relación bilateral. Segundo, que el gobierno de México hará aspavientos y uno que otro operativo como el que se hizo para encontrar a las víctimas del secuestro, pero que en términos generales no habrá mayores resultados. Tercero, que el problema no desaparecerá, por el contrario, cada día que pasa y no se contiene, el problema se agrava y su solución se complica, para los mexicanos y para la relación entre los dos países.

Cualquier crisis plantea oportunidades. Lamentablemente no podemos esperar que de la actual el gobierno de México obtenga beneficio alguno. Difícil pensar que la situación podría mejorar en las actuales condiciones, lo que significa que, para el próximo gobierno mexicano, cualquiera sea su signo u orientación, tendrá en la cúspide de su agenda la seguridad en México y su corolario en la relación con Estados Unidos.

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