Los Estados se constituyen como entidades políticas para proteger la integridad de un territorio, la integridad y el bienestar de sus habitantes y la permanencia de instituciones que les garanticen gobernabilidad y sobrevivencia. Para cumplir con la función de proteger, todos los Estados cuentan con ejércitos y fuerzas de seguridad para contener y neutralizar amenazas provenientes del interior y del exterior.
Las leyes definen el marco de actuación para todos los actores dentro de un Estado y están encaminadas a preservar la sana convivencia y las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la persona humana. Cuando alguien atenta contra ese derecho, la autoridad esta en la obligación de aplicar la ley y, si es necesario, de utilizar las fuerzas del Estado para contener y neutralizar las amenazas.
La principal obligación de cualquier gobernante, en particular en un régimen democrático, es mantener, preservar y fortalecer el Estado de Derecho pues es lo único que garantiza igualdad de trato y de oportunidades para todos. Las leyes no son discriminatorias y aplican por igual a gobernantes y gobernados. Quien atenta contra sus congéneres pierde el derecho a su libertad. Cuando sus acciones atentan contra la vida de otros, el Estado tiene el derecho y la obligación de hacer uso de la fuerza para aplicar la ley. No es opcional ni depende de juicios morales.
Un gobernante que pretende que se trate por igual a quienes respetan la ley y a quienes la infringen, no puede ser gobernante. Primero, por olvidar que su primera obligación como autoridad es actuar de acuerdo con la ley. Segundo, por haber perdido todo sentido de justicia al pretender un mismo trato para todos sin considerar la diferencia entre quienes actúan en apego a derecho y quienes lo hacen al margen de la ley. El respeto a los derechos humanos y el derecho a un debido proceso, también están en la ley, no depende ni d ellos juicios ni de la discrecionalidad del gobernante.
El actual jefe del Ejecutivo incumple con su responsabilidad como jefe de Estado al emitir juicios personales que marcan políticas, al margen del Estado de derecho. El principal referente de las leyes de cualquier Estado es el ser humano, qué duda cabe. Sin embargo, por cualesquiera sean las razones, los comportamientos humanos nos son homogéneos, y por ello existen las leyes y disposiciones para proteger y preservar el bien colectivo.
En el caso del presidente López Obrador, además de incumplir con su principal obligación como jefe de Estado que consiste en actuar siempre en apego a derecho, su narrativa humanista contrasta con su posición militarista, lo que le llevó a asignar al ejército todas las funciones de seguridad pública. Los militares son entrenados para el uso de la fuerza letal en contra de las amenazas del Estado. Los policías para asegurar la buena convivencia y la paz social. El actual gobierno de la república, en los hechos, privilegia la presencia del ejército sobre los cuerpos civiles de seguridad. “Humanista” en el discurso, militarista en los hechos; preocupante contradicción.
Este escenario pone también en evidencia las graves contradicciones del actual gobierno entre sus obligaciones legales y su agenda política personal. Su inagotable narrativa de las mañaneras sirve para mantener a sus adeptos y conseguir votos. Un gobernante que requiere venderse durante varias horas todas las mañanas, en lugar de gobernar, plantea un serio problema para el país que supone debe gobernar.
El presidencialismo mexicano, tan criticado en el pasado, ha retomado un tremendo auge con la actual administración. ¿Es el único responsable? Recientemente apareció en la prensa una entrevista a Mark Esper, exsecretario de Defensa de Donald Trump, en la que comparte las insensateces que planteaba su jefe para resolver determinadas situaciones. A pregunta expresa del entrevistador sobre su obligación de obedecer al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, la respuesta del exsecretario fue contundente: jamás hubiera hecho nada que fuera en contra de nuestras leyes; mi primera lealtad como militar esta con la Constitución, no con el presidente. Me pregunto en dónde se encuentran nuestros militares cuando su comandante supremo actúa en función de sus ocurrencia, moral y proyecto personal, por encima de nuestras leyes.
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