Desde que inició la administración 4T la ciencia y el conocimiento se han visto acorralados en este país. Numerosas instituciones de investigación y educación superior que contaban con recursos federales para apoyar sus labores docentes y de investigación sufrieron un duro golpe con la desaparición de fideicomisos que contribuían al funcionamiento de estas y otras instituciones del ámbito social.
En el CONACYT se tomaron una serie de medidas que reducen la autonomía de los centros de investigación en materia presupuestal y en otros ámbitos de decisión. La obsesión llegó a tal punto que al principio del sexenio se anunció que cualquier investigador con algún subsidio federal que pretendiera hacer un viaje al extranjero requería de una autorización presidencial. El anuncio nunca se cumplió por inoperante y absurdo, pero se redujeron los recursos federales a todas las instituciones de investigación y educación superior.
Desde que llegó al poder, López Obrador acariciaba la idea de convertir a la UNAM en tierra de pastoreo de la 4T. Su comunidad no lo permitió. La reelección del rector Enrique Graue, a pesar de todas las argucias gubernamentales, fluyó de manera clara. Desde entonces el presidente ha desplegado una dura campaña de descalificación de la UNAM, sus directivos y académicos, acusándolos de neoliberales y de trabajar para el antiguo régimen. Después haber perdido a las clases medias en la CDMX, el presidente pone en su contra a una comunidad integrada por millones de mexicanos que han pasado o tiene vínculos con esa casa de estudios.
Difícil entender las motivaciones del presidente y sus seguidores más allá del deseo de controlar todos los ámbitos de la vida nacional. Sus decisiones han hecho un daño enorme a la educación superior y a la investigación. Pero además de la evidente torpeza política, destacan el frágil sustento jurídico y técnico de las decisiones. Componendas en leyes y reglamentos para adecuar las cosas a modo no han resultado suficientes para alcanzar sus fines y ponen una vez más en evidencia la falta de apego al Estado de derecho por parte de las autoridades.
La historia más reciente de este infructuoso periplo le toca vivirla al Centro de Investigación y Docencia Economía (CIDE), prestigiada institución mexicana de investigación y educación superior. Hace unos meses su Director General, herencia de la administración Peña Nieto, presentó su renuncia por diferencias con la política de control del CONACYT, encabezado por María Álvarez-Buylla. En su lugar el presidente nombró a José Antonio Romero Tellaeche, un economista de El Colegio de México, incondicional de la 4T; nunca había estado en el CIDE ni era miembro de esa comunidad. Dado su carácter de interino, la comunidad esperó al próximo periodo de designación de nuevas autoridades para apuntar sus preferencias.
En el CIDE existe por reglamento un proceso de evaluación que cada año llevan a cabo las Comisiones Académicas Dictaminadoras (CADIS), encargadas de evaluar el desempeño académico de los docentes y con ello aprobar su continuidad, o no, dentro de la institución. Es una obligación y un derecho de los miembros de esa comunidad, pues esto les da certidumbre para continuar su carrera académica.
Pasando por encima de leyes y reglamentos el presidente interino decidió posponer dicho proceso hasta después del nombramiento de los nuevos directivos. La Secretaria Académica y la Directora de Evaluación Académica le señalaron que dicha decisión no estaba dentro de sus atribuciones; le esgrimieron los argumentos legales, académicos y hasta éticos. La reacción del interino fue la destitución de las dos académicas: por rebeldía.
Esta última decisión ha detonado una crisis en la institución. Su comunidad está ofendida, lastimada y muy desconcertada. CONACYT ha anunciado que el próximo 29 de noviembre se sabrá quién ocupará la cabeza de la institución, a sabiendas de que la propuesta de la terna la hace el CONACYT y que la decisión final corresponde al presidente de la República. De empecinarse en sostener a Romero se avecina una crisis de magnitud y consecuencias mayores. ¿Qué sucede cuando la ambición de poder no sólo pasa sobre el interés nacional, sino que incluso rebasa la prudencia política? Muy pronto lo sabremos.
