La inseguridad pública en México alcanza todos los estratos y modalidades. Sólo en una semana se registraron tres hechos de alta visibilidad que reflejan el estado de cosas en el país. En Tulum, Quintana Roo, cuatro policías municipales golpean a una mujer salvadoreña hasta provocar su muerte (27/03). En Motozintla, Chiapas, militares mexicanos, sin razón aparente, disparan contra un vehículo en un retén y resulta muerto un ciudadano guatemalteco (29/03). En Coatepec Harinas, Estado de México, 14 policías (estatales y municipales) mueren en una emboscada en manos del crimen organizado (18/03).
El evento en Tulum refleja la existencia de una policía, en el mejor de los casos, mal preparada, sin ética profesional e ignorante o despreocupada por los protocolos y las buenas prácticas. En el peor, coludida con organizaciones delincuenciales. Cuando la víctima finalmente había logrado ingresar a México con una visa humanitaria para salir de lo que seguramente era otro infierno, encuentra la muerte en manos de los policías del municipio anfitrión. Este hecho muestra claramente la falta de atención y compromiso de los gobierno estatal y federal con las policías municipales.
La muerte del ciudadano guatemalteco en Motozintla refleja la inadecuación de la decisión de asignar a los militares las tareas de seguridad pública. Sus protocolos son muy distintos a los de las y los policías. Los militares están educados para neutralizar amenazas con el uso de la fuerza. Si un potencial enemigo desobedece una orden, ellos disparan. Ahora los migrantes son la potencial amenaza. Así lo indicaron sus mandos. Siguieron sus protocolos. El secretario de la Defensa Nacional pidió una disculpa por el error cometido. Pero el mayor error está en la decisión política de asignarles a los militares estas tareas, lo que garantiza que esta situación se repita.
La emboscada que provocó la trágica muerte de 14 policías en el Estado de México pone en evidencia al menos dos hechos de la mayor gravedad. Primero, la debilidad estructural de nuestras policías locales que no cuentan con la preparación, el equipamiento y la inteligencia necesarios para enfrentar al crimen organizado. El actual gobierno optó, al igual que los anteriores, por dejar esta tarea en manos de una fuerza centralizada para subsanar la debilidad de las policías locales ahora responsabilidad de los militares. Este es el resultado.
Difícil decir cual de los tres escenarios es más grave y doloroso para el país. El de policías que en el supuesto cumplimiento de su deber golpean hasta provocar la muerte de una mujer inmigrante; militares que disparan contra lo que se mueva con el conocido resultado o policías que son fáciles victimas del crimen organizado.
De acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en marzo se rompió nuevamente el récord de homicidios: 2,444 asesinatos, lo que promedia 78.8 homicidios diarios, uno de los índices de violencia más altos del mundo. Cada día se cometen al menos 10 feminicidios. No se ven resultados, generales o parciales, de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal.
El anterior secretario de seguridad pública del gobierno federal optó por la carrera política y prefirió abandonar el barco. La secretaría encargada de la seguridad publica en el país está desdibujada. Ahora los mandos militares son los responsables y la información sobre sus acciones son reservadas por razones de seguridad nacional. Nos enteramos de los hechos por la prensa, los videos y los testimoniales. Sobre las investigaciones y sus resultados, nada se sabe.
Frente a todos estos hechos aparecen las denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos en México. Para el presidente López Obrador estas denuncias son del todo injustificadas, producto de maniobras de los conservadores y de actitudes intervencionistas por parte del gobierno de Estados Unidos. A diferencia del secretario de la Defensa Nacional, que al menos reconoció el error y pidió una disculpa, el presidente y su gobierno jamás se equivocan. Para él los reclamos y denuncias son sólo historias inventadas. El pueblo bueno, incuestionable entelequia, está siempre con él. A esto debemos sumar las crisis sanitaria y económica, abonan el camino para mayores desequilibrios y resquebrajamientos en el país en pleno año electoral.
