En días recientes ha sido motivo de gran escándalo la casa de Houston del hijo del líder de la 4T. En el mejor o peor de los casos no es más que una historia más de los juniors del poder de este país que bien podría considerarse un mal asociado al decadente neoliberalismo tan criticado por el actual jefe de Estado. Sin embargo, esto sucede en su administración y en su propia familia. No sabemos si esto ha sido motivo de una plática o terapia familiar; las explicaciones del hijo, lejos de aclarar, revelan nuevos datos oscuros. Hacia afuera la reacción del dueño de la mañanera ha sido furibunda en contra de quien sacó a la luz pública esta historia. Sus correligionarios de Morena han decretado que cualquiera que ataque al presidente o a su familia es un mercenario y un traidor a la patria. Sin embargo, todo indica que los valores con los que el líder de la 4T pregona estar transformando al país no han logrado permear ni en su propia casa.
La corrupción en la actual administración no se agota en las historias de familia. El tema alcanza dimensiones mucho mayores si abordamos la perspectiva del gasto público. El presidente se ha encaprichado con proyectos emblemáticos de dudoso sustento técnico, viabilidad económica y beneficio para el país. Para el tema que nos compete, su ejecución ha sido en la lógica de que él no está obligado a rendir cuentas a ningún órgano de gobierno, a la sociedad organizada o a periodistas impertinentes, pues cuenta con “el apoyo del pueblo”.
Desde el primer día de su gobierno el líder de la 4 T ha buscado alinear a los otros dos poderes, a los órganos autónomos y a los gobernadores. Claramente se ha visto lo que sucede cuando cualquiera de ellos contraviene su voluntad o cuestiona sus decisiones. Son atacados sin piedad desde las mañaneras y sometidos a investigación. Y qué decir si trata de periodistas o de voces independientes.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha sido la excepción. Sin mayor explicación se resiste a hacer públicas auditorias en temas tan sensibles como la desaparición de los fideicomisos. Con todo, hace unos días salió publicado el resultado de la Auditoria a la Cuenta Pública 2020 y los resultados son alarmantes; curiosamente esta noticia ha hecho mucho menos ruido que la casa de Huston.
De acuerdo con esta auditoría, solo en 2020 la ejecución de los proyectos y los programas emblemáticos del presidente encontró faltantes por 63 mil millones de pesos, de los cuales el 43% son irregularidades localizadas en el llamado gasto federalizado, lo que transfiere la federación a estados y municipios. Las anomalías en el gasto se encuentran también en el nuevo aeropuerto, en la refinería Dos Bocas y en el Tren Maya, obras en las que se realizaron cambios y modificaciones sin las autorizaciones correspondientes. Adicionalmente hay varios miles de millones extraviados en Diconsa y Liconsa, el programa de adultos mayores, de jóvenes construyendo futuro y sembrando vida. Los responsables tienen treinta días para explicar estas irregularidades. ¿Nos enteraremos algún día si lo hicieron y que explicación dieron?
Todo este relato alude al componente central de la narrativa del líder de la 4T: el combate a la corrupción. Para cualquiera que esté mas o menos enterado de la cosa pública resulta claro que la corrupción multimillonaria de cualquier gobierno es posible por la forma en que se asignan los contratos. Los concursos públicos o licitaciones son la forma más transparente de hacerlo. Las asignaciones directas llevan implícito un alto potencial de corrupción. La mayor parte de las grandes obra de gobierno en la actual administración se han hecho por asignación directa. El mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. Toda vez que los proyectos emblemáticos del presidente han sido puestos en manos de militares, tan sencillo como colocar la información de estos proyectos en reserva por razones de seguridad nacional. Se acabó la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Hacia dónde nos lleva entonces la 4T? No resulta casual que hoy en día los países que cuentan con mayores niveles de bienestar, igualdad y seguridad sean aquellos que cuentan con instituciones democráticas robustas, en donde los contrapesos entre órganos de gobierno son una realidad y la transparencia y la rendición de cuentas una constante. Donde los ciudadanos tienen acceso a la información y la posibilidad de denuncia sin ser acosados por el Estado.
Lamentablemente no es el caso de México. Las acciones del presidente no solo contravienen los valores y principios que pregona como ejes de la 4T, sino que tienen un efecto corrosivo sobre las instituciones democráticas que, aunque imperfectas, nos ha llevado varias décadas construir y fortalecer. México no pasa por un buen momento. La 4T está llevando al despeñadero a la democracia mexicana. lherrera@coppan.com