Desde hace más de cuatro décadas México se ha convertido en un país de origen, destino y tránsito de migración internacional. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en México no había una policía migratoria. El Instituto Nacional de Migración (INM) era una instancia administrativa. A principios de los noventa se crearon los Grupos Betas, primero en la frontera norte y después en la frontera sur para auxiliar a los migrantes, nacionales y extranjeros. Sus agentes no iban armados y su misión era proteger a los migrantes de las organizaciones criminales y de los abusos de autoridades y población.
En 2016 la ley de migración descriminalizó la inmigración ilegal y dejo el tema fuera de la agenda de seguridad nacional. La inmigración ilegal era una falta administrativa, la política migratoria no era de carácter represivo y tenía un dejo de humanitarismo, al menos en el papel. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y el margen de maniobra de los agentes nunca cambiaron. Los escasos recursos asignados al tema, la inconsistencia institucional y las malas prácticas no desaparecieron. Controlar esta situación nunca fue una prioridad para el gobierno federal. Nuestra política migratoria, a pesar de ser uno de los pocos países con la experiencia de ser de origen, tránsito y destino de la migración, nunca ha sido ejemplo de buenas prácticas.
Con la actual administración federal los principios cambiaron radicalmente. En 2019, producto de las presiones provenientes del gobierno de Estados Unidos, López Obrador tomó la decisión de institucionalizar una política represiva, poner a los militares frente al tema y legitimar el uso de la fuerza frente a quienes ingresan ilegalmente al país. No hay claridad respecto de los protocolos para el uso de la fuerza contra los migrantes. Los militares, ahora integrados en la Guardia Nacional, hacen su trabajo con los medios y prácticas militares con los que fueron entrenados.
La situación en Venezuela ha generado una migración de cerca de cuatro millones de refugiados, concentrados en los países vecinos. En Colombia existe hoy en día una población de más de dos millones de venezolanos, en condiciones de subsistencia. La economía y la población de Colombia han sido capaces de asimilar a esta población sin desquebrajarse ni generar mayores problemas sociales. Gobierno y población de Colombia se han convertido en un ejemplo de solidaridad internacional con los venezolanos, a pesar del conflicto entre sus gobiernos.
En la frontera sur de México el problema no asciende ni remotamente a esas cifras. La población extranjera estacionada ahí con intención de residir en México o transitar hacia Estados Unidos no rebasa las cien mil personas. Sin embargo, las capacidades administrativas del INM están absolutamente rebasadas. No hay recursos, personal, albergues, protocolos ni procedimientos adecuados para enfrentar el problema. En paralelo, por el trabajo de periodistas, organizaciones y activistas sociales, nos enteramos todos los días de las vejaciones y abusos de los que son objeto los migrante y sus familias por parte de la guardia nacional, las autoridades federales y locales y de mexicanos que aprovechan el ambiente represivo y de impunidad para exprimir al máximo a esta indefensa población.
Frente a la crisis económica producto de la pandemia y de las mala decisiones del gobierno, el presidente de México repite una y otra vez el gran logro que significan las remesas ignorando así el hecho elemental de que los mexicanos que se van a generar un ingreso y mayor calidad de vida para sus familias en Estados Unidos lo hacen porque en México no encuentran las condiciones para ello. Para el gobierno federal los migrante mexicanos no son más que una invaluable fuente de ingresos para balancear las cuentas nacionales.
Nunca habíamos caído tan bajo. Preocupante sin duda la posición del gobierno federal y de sus principales responsables, pero no menos preocupante la actitud de un importante segmento de la población que ve ahora en los inmigrantes indefensos un interesante botín, frente a la indiferencia de las autoridades.
Para las organizaciones criminales “abrazos y no balazos”. Para los inmigrantes extranjeros y sus familias, barreras militares y acciones represivas. Cinco años como Cónsul General en California y treinta años de darle seguimiento al tema me llevan a la triste conclusión de que nunca, como ahora, nuestra política migratoria había sido tan oscura, carente de solidaridad y de calidad humana por parte de quienes la diseñan e implementan. Así pasarán a los anales de la historia de la migración en México. Vaya sin embrago mi reconocimiento y homenaje a las organizaciones y personas de la sociedad civil, los pocos que realmente se preocupan desde una perspectiva humanitaria por la situación de los migrantes.
lherrera@coppan.com
