Entre la Casa Blanca y Ayotzinapa la popularidad y credibilidad del gobierno de Peña Nieto cayó por los suelos. Esto le abonó el camino a López Obrador para llegar a la presidencia. En su primer día de trabajo, el flamante presidente se comprometió a esclarecer lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa.
Para ello instruyó al subsecretario Alejandro Encinas reabrir la investigación hasta esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables. Para ello se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y, en paralelo, en junio de 2019, se instaló una fiscalía especial para el tema a cargo del abogado Omar Gómez Trejo.
En marzo de 2022 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) presentó su reporte con los hallazgos de la III fase de su investigación Ayotzinapa. El reporte inicia por decir que no es posible esclarecer el paradero de los estudiantes debido a destrucción y ocultamiento de evidencias por parte de las propias autoridades. Sin embargo, logra establecer que tanto el Ejército como las autoridad civiles contaban con información precisa, minuto a minuto, sobre la trayectoria de los estudiantes, por lo que resulta sorprendente que, al momento de la desaparición, ninguno ellos hayan intervenido ni se hubiese percatado del paradero de los estudiantes.
En el transcurso de las últimas investigaciones aparecieron más de un millar de chats sobre la noche de Ayotzinapa, que la DEA les entregó a las autoridades mexicanas. En las conversaciones registradas aparecen, entre los protagonistas, altos mandos del ejército. La comisión y el fiscal especial hacen su trabajo y de ahí derivan 83 órdenes de aprehensión que incluyen a altos mandos del ejército, con nombre y apellido. Finalmente se lograr establecer la participación y colusión de miembros de las fuerzas armadas en estos hechos y se dictan las correspondientes órdenes de aprehensión par su investigación.
Frente a esta situación, el fiscal general Gertz Manero, decide quitar de 21 de los nombres de esta lista, incluyendo a mandos militares, lo que hace improcedente cumplir con las ordenes de aprehensión. En paralelo la Sedena realiza una extraordinaria movilización mediática, acusando al subsecretario Encinas de politizar y manipular información para inculpar a militares inocentes y el titular de la Sedena, Crescencio Sandoval, amenaza con retirar a los militares de las calles si los siguen fastidiando. Esta reacciones llevan a la renuncia inmediata del fiscal especial Omar Gómez Trejo cuya relación con Gertz Manero era ya muy tensa, entre otras cosas por su desacuerdo con la detención de Murillo Karam.
Frente a estos hechos el presidente López Obrador no cuestiona ni al fiscal general ni al titular de Sedena o sus abogados, no respalda a su subsecretario ni los resultados de la investigación y anuncia a los padres de los estudiantes que las investigaciones continuarán, a pesar de que “está sometido a muchas presiones” (SIC)
Importante destacar de esta fatídica historia que por primera vez en esta administración toda la escaramuza es provocada por las tensiones y diferencias entre altos funcionarios de la 4T. Sin duda el actor más importante en esta trifulca son las fuerzas armadas, que inconformes con los resultados de la investigación, califican las acusaciones de falsas y tendenciosas, acusan al subsecretario responsable de actuar en su contra por motivaciones políticas y amenazan con dejar de cumplir con sus responsabilidades si los siguen molestando.
Dos preguntas me surgen de esta historia, a cuan más de preocupantes. La primera, ¿a que presiones se refiere el presidente cuando habla de las “muchas, muchas presiones” que está recibiendo en este caso? ¿de los empresarios neoliberales, de los intelectuales, de los periodistas, de algún gobierno extranjero? Me cuesta trabajo creer que alguno de ellos esté interesado en exonerar a los culpables de Ayotzinapa. La segunda, no menos preocupante ¿A quien van dirigidas las amenazas del titular de la Sedena? ¿Al presidente, a las instituciones del gobierno o a los ciudadanos? Cualquiera de las posibles respuestas es para quitar el sueño.
Todo parece indicar que el mayor riesgo de la 4T no viene de la oposición, de los neoliberales o de los agentes extranjeros, sino de sus propias contradicciones. No cabe duda de que a México le esperan tiempos aún más complicados en los años por venir.