La pobreza se incrementa fundamentalmente por dos razones, la falta de empleo y el incremento de los precios.
El no tener empleo implica no tener ingreso, el empleo es el principal factor del bienestar. Permite comprar alimentos y cubrir los gastos que se requieren en la familia para vivir. Vivienda, alimento, transporte, vestido, incluso educación. Por supuesto, lograr mejores empleos es la búsqueda continua del desarrollo. La creación de empleos depende sin embargo de la inversión. Y la inversión requiere al menos cierta probabilidad de ser rentable y de que si hay alguna controversia, esta se resuelva con justicia. De ahí la importancia de un mínimo de certeza jurídica. Que haya nuevo empleo o que no se reduzca, depende de la inversión, no depende de ninguna otra variable. Más de dos millones de jóvenes, cada año, se integrarán a la vida laboral, más de dos millones de empleos se requerirán anualmente.
La otra variable que afecta irremediablemente la pobreza es el incremento de los precios, los precios de los alimentos en primer lugar, y por supuesto de las mercancías.
Recordemos como se integran los índices de precios. El índice de precios al consumidor tiene dos componentes, el que se conoce como el índice subyacente, que incluye servicios, y en general todo aquello que está procesado o manufacturado, en particular todos los alimentos que han sido procesados y que explican una gran parte del consumo de la población y las mercancías.
Estos bienes, que son los que se incluyen en el indicador subyacente, están claramente expuestos a costos de bienes e insumos importados, por lo que una depreciación excesiva siempre tiene un efecto en los precios de los bienes domésticos. Devaluación implica inflación.
De otra parte, los precios que integran el componente no subyacente son los productos primarios, frutas, vegetales, carne, huevo, etc. Y los precios de la gasolina, gas y electricidad.
Si recordamos que la gasolina y el diesel que consumimos viene sobre todo del exterior, es indudable también un incremento del costo en el transporte, lo que siempre se ha traducido en mayores precios de todos los productos alimenticios.
Las finanzas públicas tienen algunas complicaciones adicionales con un tipo de cambio más alto. Primero, el gobierno no tiene espacio para volver a subsidiar al combustible y reducir o eliminar el impuesto a las gasolinas y al diesel. Lo que sí permitió el año pasado reducir de manera importante la inflación no subyacente. De hecho, reducir el déficit para el presupuesto del 2025 en tres puntos del PIB, implicaría cero recursos para inversión, e incluso una reducción de los programas sociales en al menos un 40 por ciento.
De otra parte, la depreciación del tipo de cambio, por cada peso depreciado, incrementa en doscientos mil millones de pesos la deuda externa del gobierno y de Pemex.
Esto es, si la depreciación de hoy se mantuviera en alrededor de dos pesos con cincuenta centavos frente al dólar, como en diecinueve cincuenta, poco menos de lo que es hoy, la deuda externa se incrementaría en quinientos mil millones de pesos, recordemos que la deuda en dólares combinada de Pemex y del gobierno federal es de más de doscientos mil millones de dólares. Esto de por sí, aumenta la deuda en alrededor de un punto y medio del PIB, pero lo más importante es el pago de intereses, que implicaría una reducción adicional en los recursos disponibles en el presupuesto de la federación.
Todo esto, antes de que las agencias calificadoras tomaran decisiones sobre la calificación soberana.
Sí requerimos una reforma judicial, por muchas razones: las fiscalías no funcionan, hay corrupción y nepotismo. Pero la que se está planteando no es la que requerimos.
Esta reforma no detendrá la inflación ni incrementará la inversión, habría más desempleo y más pobreza. La historia de nuestro país lo tiene bien documentado.
Académico de la UNAM
