A pesar de su naturaleza estructural, los flujos migratorios recientes y la inflación que no cede son, en buena parte, resultado de las políticas expansionistas adoptadas en el contexto de Covid-19, sobre todo en Estados Unidos.
Es claro que Estados Unidos es un destino atractivo y en tiempos postpandemia lo es aún más, ya que se ha agudizado la escasez de mano de obra en esa economía. El largo confinamiento, el aumento exponencial del trabajo a distancia y los programas de apoyo públicos parecen haber llevado a un porcentaje de la fuerza laboral a ya no ofrecer sus servicios. De manera mucho más pronunciada, el impulso de la demanda consecuencia de déficit públicos a niveles récord y una expansión monetaria sin precedentes para financiarlos y apoyar la actividad económica, se ha traducido en una amplia brecha entre la oferta de puestos de trabajo y la posibilidad de colmarla.
Si bien se puede atribuir a las precarias condiciones económicas y de gobernabilidad de América Central, Haití y otros países, el ánimo para embarcarse en una peregrinación peligrosa a través de México, y no pocas veces desde América del Sur, con el fin de llegar a Estados Unidos, el repunte migratorio se explica mucho más por la escasez laboral en ese país producto de una fuerte demanda. Los altos salarios ofrecidos, en términos relativos, y la alta probabilidad de encontrar empleo funcionan como un poderoso imán para embarcarse en y sufragar un costoso trayecto.
Los tumultos en la frontera norte para ingresar legal o ilegalmente a Estados Unidos responden a la fuerte demanda laboral en ese país que, sin duda existía antes, pero ahora con mucha más fuerza.
El caso de la inflación, mayor a la de los últimos cuarenta años, no es muy distinto. En ella también se observan aspectos estructurales en la oferta que incluyen la disrupción de cadenas productivas en el contexto de la pandemia y ahora de la invasión a Ucrania. En el caso de cambios en precios relativos, por ejemplo, el aumento de los precios de granos y cárnicos como resultado de sequías, problemas sanitarios, guerra en Europa del este, representan un incentivo a recortar el consumo y explorar sustitutos por el lado de la demanda, pero también una poderosa invitación a producir más por el lado de la oferta.
Cuando el aumento de los precios refleja un cambio en las condiciones de mercado, la “lucha” contra la inflación requiere responder al nuevo vector de precios, tanto como consumidores como productores. En este caso es contraproducente tratar de moderar la modificación a los precios o la respuesta a ellos. Por su parte, el papel de la política monetaria debe ser más pasivo o, de ser necesario, preventivo para que cambios en precios relativos de bienes políticamente sensibles no afecten la formación de expectativas de inflación.
En la lucha contra la inflación y en el manejo del reto de la migración el gobierno debería privilegiar las mejores políticas desde el punto de vista del largo plazo, no del corto. Esto implica enfatizar las fuertes ventajas comparativas del país para fortalecer las posibilidades de crecimiento. El único antídoto contra las altas tasas de interés que vienen es mayor crecimiento. Esto es cierto desde el punto de vista de finanzas públicas (por cada cien puntos base de incremento en tasas se requiere 0.5 por ciento de mayor crecimiento en PIB para generar suficiente recaudación y compensar el aumento en el servicio de la deuda). Pero lo es mucho más por el efecto negativo, si no recesivo, que tendrá el cambio hacia una política monetaria más restrictiva en el crecimiento.
El énfasis debería estar en la disminución de costos reglamentarios y de riesgos de operación para incrementar el atractivo de invertir en México. La presión moral o política para limitar el incremento en precios y su eventual control sólo agravarían el contexto al funcionar como freno a la inversión y como combustible a la inflación cuando se vuelvan insostenibles.
En el ámbito de la migración, la aguda escasez laboral y la urgencia de conseguir más trabajadores permite a Estados Unidos imaginar políticas hasta hace poco impensables. Si el gobierno del presidente Biden toma en serio el problema migratorio y busca cómo no caer en la trampa electoral republicana, debería considerar dos medidas. La primera, iniciar el ordenamiento de los flujos migratorios por medio de un programa masivo de visas de trabajo de entrada múltiple y para cualquier temporada del año para trabajadores agrícolas, de construcción y ciertos servicios. En lugar de dedicar tantos recursos a procesar persecuciones, expulsiones, solicitudes de asilo y otras medidas defensivas, debería asignar algunos a procesar y dar seguimiento a visas de trabajo. El mercado laboral de Estados Unidos lo necesita y los países expulsores también, para reducir el papel de organizaciones criminales para el cruce.
El otro frente es el desarrollo del sur de México y de Centroamérica y el Caribe. La visión presentada el otro día por el presidente López Obrador, de abrir una nueva frontera a través del Golfo de México para conquistar la economía de la costa este de Estados Unidos es la correcta y debe ser impulsada por ambos gobiernos. Sin embargo, el impacto sería de largo plazo. En el corto, quizá la medida que más empleos podría generar en esta región expulsora es la simplificación de la regla de origen para confección en el T-MEC y el CAFTA-RD. La gráfica anexa muestra que el diseño de la restrictiva regla de origen de transformación triple de estos acuerdos para obligar a los confeccionistas a surtirse de telas del sur de Estados Unidos, ha fracasado radicalmente. Sólo el acceso a telas y avíos de todo el mundo, como ocurre en Asia, permitirá su crecimiento acelerado y la generación de cientos de miles de empleos en la región. Ahora es más que nunca el momento para hacerlo. El costo político es cero, el beneficio potencialmente enorme.
La cumbre de las Américas este junio en Los Ángeles, podría ser el foro para discutirlas.
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