Con independencia de quién gane las elecciones en Estados Unidos y en México, ambos países tienen obligación de colaborar para enfrentar dos retos compartidos de gran importancia política, los cuales se han agravado de manera exponencial en los últimos años: migración y narcotráfico. En ningún caso podrán ser solucionados del todo, pero deben enfrentarse de manera responsable y con pleno respeto a los derechos de las personas.
El tema migratorio es relevante por la fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos, por el papel político que juega y por ser México ahora plataforma de ingreso ya no sólo para migrantes nacionales o de América Central, sino del resto del continente e incluso de Asia y África. El relacionado con el narcotráfico por la capacidad de influencia, violencia y corrupción de los grupos criminales organizados y por la vertiginosa penetración del fentanilo.
Las negociaciones con Estados Unidos siempre son tremendamente complejas, por dos razones. La primera se debe a su sistema político descentralizado que implica negociaciones en varios niveles con múltiples actores representados por miembros de su Congreso y por la profunda polarización que vuelve muy difícil el bipartidismo necesario para este tipo de temas. La segunda, por su incapacidad estructural de hacer concesiones en aras de un acuerdo benéfico para todas las partes. El último gran acuerdo en el que Estados Unidos otorgó concesiones relevantes fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, negociado y aprobado hace más de treinta años.
No obstante, los impactos políticos de la migración y del fentanilo son suficientemente profundos como para obligar a Estados Unidos a modificar el cálculo político y considerar una negociación en la que haya intercambio de concesiones.
Con mucho tino y gran sentido estratégico, México siempre había sido renuente a considerar migración y narcotráfico como separados de las negociaciones en materia comercial y económica con Estados Unidos. Ésta es una posición que debe seguirse manteniendo. Un acuerdo de cooperación formal en materia de migración o de narcotráfico no debe verse como una reapertura del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) en el ámbito comercial. Sin embargo, un acuerdo migratorio debe contener, como uno de sus ejes centrales, el desarrollo en regiones y países expulsores lo que implica tratar asuntos de carácter económico, no necesariamente en términos de transferencias de recursos por el alto costo político y la baja probabilidad de éxito que representan.
A diferencia de episodios previos de conversaciones en materia migratoria, en esta ocasión la posición de México ya no sería solamente la de un país expulsor sino también de tránsito. Además, el significativo cambio en la pirámide demográfica con cohortes cada vez más pequeñas, sobre todo, pero no sólo en términos relativos, que llegan a la edad de trabajar, implican escasez laboral en la economía y el prospecto de que se regrese a flujos netos negativos de migración en el corto o mediano plazo si hay crecimiento económico.
En el caso de narcotráfico, la ubicuidad del fentanilo sintético y el pernicioso y mortal daño que causa, aunado a la imposibilidad de su prohibición en virtud de su uso médico y la facilidad para su producción, implican que sería incluso más ingenuo pensar, como para el resto de las drogas, que se puede manejar el reto controlando las fuentes de oferta. El fentanilo pareciera ser la droga que podría forzar a la sociedad estadounidense a aceptar que el consumo de narcóticos es más un tema de demanda y no de la disponibilidad de oferta.
Para influir en el proceso de cómo se abordan estos temas en Estados Unidos y qué se puede hacer en el ámbito bilateral y/o regional, es indispensable que México arrastre el lápiz. Se debe llegar a este tipo de conversaciones con una idea del tipo de acuerdos a los que se quisiera aspirar, incluso si la probabilidad de éxito es baja. Las negociaciones puramente defensivas sólo pueden tener como objetivo perder lo menos posible; una exitosa anhela un balance de intercambios.
En materia migratoria México podría evaluar ideas como las que siguen:
• Capitalización de Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN) y expansión de sus facultades para infraestructura en las fronteras norte y sur de México en materia de transporte y de cruces fronterizos con el objeto de promover el comercio legal y contribuir a controlar el ilegal, de mercancías y personas. Este banco sólo puede invertir en proyectos ambientales, de agua y de basura que no son en general rentables. Los proyectos de cruce y de transporte serían bancables y recuperables ya que se puede cobrar por ellos. El Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido renuentes a considerar esta expansión. Podría ser muy útil invitar a Canadá como miembro y considerar también proyectos en su frontera. Claramente las fronteras actuales no tienen la infraestructura necesaria ni para manejar los mayores flujos de comercio legal que transitan por ella, ni mucho menos los futuros si se profundiza la integración regional, como tampoco los migratorios que ya ahogan a varios cruces.
• Otorgamiento masivo de visas de trabajo y programa de expansión consular en América Central y el Caribe. México podría comprometerse al otorgamiento de 60,000 visas por año, con entrada múltiple para fomentar que sigan ligados a sus países y con reforzamiento consular para que puedan ser procesadas. Esto permitiría limitar flujos ilegales y caravanas en la frontera sur y fomentar el cruce individual legal en los distintos puntos de entrada y no sólo en los fronterizos. Canadá y Estados Unidos se comprometerían a un otorgamiento proporcional a su tamaño.
• Ampliación de la lista de profesiones para visas y reconocimientos mutuos de diplomas profesionales bajo el T-MEC, en particular de oficios de no muy alta certificación (operadores de maquinaria pesada, choferes de camión, operadores aéreos, soldadores, etcétera y no sólo profesionistas como ingenieros), además de transitar de visas de entrada temporal a visas de entrada múltiple para fomentar la circularidad.
• Programa masivo de becas para desarrollo de capital humano, incluidas para “community colleges” y universidades tecnológicas en los tres países.
• Reembolso de gastos médicos a través de Medicare para residentes de Estados Unidos en México.
• Aprobación del Convenio americano-mexicano sobre seguridad social https://www.ssa.gov/international/Agreement_Texts/mexicano.html
• Programa de colaboración con autoridades de salud de Estados Unidos para la certificación de hospitales en México, con el objetivo de que se puedan atender ciudadanos estadounidenses.
• Programa de colaboración para la certificación y reconocimiento de diplomas de enfermería y de servicios de apoyo a la salud en América del Norte (posibilidad de generación de cientos de miles de empleos).
• Programa de desarrollo autofinanciable para los estados del sur de México y de América Central y el Caribe:
**Apertura de frontera marítima en el golfo de México por medio de rutas regulares entre Coatzacoalcos, Veracruz y Mobile, Alabama y entre Progreso, Yucatán y San Petersburgo, Florida. Las exportaciones de México están subrepresentadas en los estados de la costa este de Estados Unidos.
**Instalaciones aduaneras y de inspección sanitaria de Estados Unidos en Coatzacoalcos y Progreso para que los contenedores lleguen desaduanados a Alabama y Florida.
**Construcción de vía férrea de Lázaro Cárdenas a Tapachula y uso del ferrocarril transístmico y del Tren Maya para carga.
**Colaboración con Estados Unidos y Canadá para un programa de inocuidad sanitaria para Guerrero, Oaxaca y Chiapas para asegurar oferta agroalimentaria exportable.
**Flexibilización de reglas de origen para textiles, confección y productos de cuero para promover la industria ligera en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Si sus comunidades tuviesen acceso a los mejores hilos, telas, cueros y avíos el potencial de industria ligera en la región sería importante.
**Flexibilización de reglas de origen para manufactura ligera y acumulación de origen para países de América Central y el Caribe.
**Eventual expansión de la infraestructura ferroviaria, eléctrica y de gaseoductos del sur de México a Guatemala, Honduras y El Salvador.
En el ámbito de la seguridad y el narcotráfico, Estados Unidos y México deberían evaluar seriamente la posibilidad de un acuerdo formal, con su debida discusión pública y aprobación legislativa, que permita la cooperación ordenada y con rendición de cuentas para conjuntamente encarar el reto común que se enfrenta. Eduardo Guerrero ha propuesto ya un esquema para hacerlo en varias ocasiones.
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