No cabe ya ninguna duda de la profundidad de la crisis triple (sanitaria, económica y social) que vive México en 2020. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por dejar que la sociedad la enfrente a cappella, bajo la estrategia de su carácter pasajero y en aras de no desviar la atención de la implementación de la Cuarta Transformación, que debe verse en términos por lo menos de décadas, mientras que el Covid-19 es cuestión, estima como máximo, de meses.
Es claro también que al interior del equipo del gobierno federal hay diferencias y aun contradicciones, como bien señala el secretario Toledo. En el contexto del colapso económico actual (en algún momento se le bautizará como depresión) el papel de la cabeza del gabinete económico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es fundamental. Sin embargo, el espacio que tiene para actuar, ya no se diga opinar, es muy estrecho tanto por diferencias ideológicas como de definición de prioridades. Estas semanas son clave para saber si la SHCP puede presentar un diagnóstico y propuestas de política acordes con las difíciles circunstancias que se viven. A juzgar por Precriterios del mes de abril y la reacción que tuvo el Presidente para con ellos, el panorama no es halagüeño.
El 5 de agosto se publicó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 en que la secretaría tiene que delinear las principales estrategias económicas para la implementación del controvertido y contradictorio Plan Nacional de Desarrollo. El Pronafide es importante ya que devela el diagnóstico de la SHCP como punto de partida, así como sus prioridades y estrategias para alcanzarlas.
Sobre el diagnóstico vale la pena resaltar dos elementos: uno, Covid-19 es mencionado sólo tres veces en un documento de 86 páginas sobre el estado actual de la economía. Dos, el equipo hacendario da mucho más crédito a las políticas de gobiernos anteriores: “la estabilidad macroeconómica del país se ha mantenido por más de 20 años”; “los avances logrados en materia de estabilidad… se han visto traducidos en bienestar de la población” pero con “dos límites importantes”, ausencia de “estabilización del ciclo económico” y “distribución más equitativa de la riqueza”. Reconoce también la importancia de crecer: “se requiere de una amplia posibilidad para generar valor en la economía a través de crecimiento y (…) distribución (…) que beneficie a toda la población”.
Del diagnóstico que subraya la estabilidad y el crecimiento en los objetivos y estrategias, el Pronafide prefiere olvidarse del segundo y traiciona una falta de ambición para la definición de la política económica del gobierno. Se apela a la palabra competitividad sólo siete veces.
Establece como objetivos prioritarios “fortalecer los fundamentos económicos”, “fortalecer el sistema tributario para que sea más progresivo y equitativo”, “mejorar la asignación de recursos a gasto corriente e inversión”, “mejorar la coordinación fiscal” y fomentar “la inclusión y profundización del sistema financiero”.
Después de definir un conjunto de estrategias prioritarias y de acciones puntuales, el Pronafide establece “Metas para el bienestar y parámetros” para juzgar la implementación de la política económica encabezada por Hacienda para todo el sexenio. Vale la pena destacar algunos de ellos.
Por ejemplo, la meta para el bienestar del objetivo prioritario 1 se define como “Deuda bruta del sector público financiero como porcentaje del PIB”. Se observa que “un resultado menor o igual a la línea base es considerado favorable”, se da como punto de partida un cociente de 51.4% para 2019 y reconoce que en 2012 el cociente era de 41.4%. No obstante, se fija como “meta para el bienestar del objetivo prioritario 1” un cociente de 70% del PIB para 2020 y constante para el resto del sexenio en ese nivel. Un incremento de 18 puntos porcentuales de deuda sobre PIB en un año, sin programa de apoyo para paliar los efectos de la crisis. Ya se verá si esta meta resulta acolchonada o ambiciosa, o si es congruente con el objetivo de no aumentar el endeudamiento.
Por su lado, la “Meta para el bienestar del objetivo prioritario 2”, definida como “Ingresos no petroleros del Gobierno Federal como porcentaje del PIB” parte de una base de 13.6% en 2018 para terminar en 14.3% en 2024. Es decir, los esfuerzos de recaudación del SAT y/o una posible reforma fiscal podrían añadir 0.7 puntos porcentuales del PIB en el sexenio. El problema es que la SHCP estima que tal nivel de recaudación será alcanzado desde 2020.
La “Meta para el Objetivo del bienestar 3” en términos del “Cociente de impacto de los servicios personales” (nómina del gobierno federal como proporción del gasto programable) sí aspira a realizar un esfuerzo al pasar de 28.3% en 2018 a 26.5% en 2024.
En el diagnóstico, el Pronafide identifica, de manera acertada, a la pobre recaudación del impuesto predial como un problema estructural para el país y para estados y municipios. Señala que sólo se recauda 0.2% del PIB en el ámbito del predial, la mitad de lo que se obtiene en América Latina (cuyo promedio baja de forma importante México) y menos de una quinta parte que el promedio de la OCDE. Sin embargo, el “Parámetro 1 del objetivo prioritario 4” no refleja una ambición proporcional al problema detectado. Este “parámetro” representa el “Porcentaje de suscripciones de Convenios de colaboración en materia del Impuesto Predial”. Se parte de una línea base en 2018 con 17.6% de los municipios, pero no se define el nivel a que se quiere llegar en 2024.
En términos de crédito, se define como “Meta para el bienestar del objetivo prioritario 5” al “Financiamiento interno al Sector Privado como proporción del PIB” que pasa de una línea base de 36.2% en 2018 para llegar a 46.1% en 2024. En el cuadro en que se define esta meta se puede apreciar que entre 2012 y 2018 el crédito al sector privado también crece en diez puntos del PIB. El objetivo de una mayor penetración del crédito al sector privado es plausible, mayoritariamente logrado por la banca comercial.
El Pronafide no recibió, en esta ocasión, mayor atención mediática, quizá por su tardanza y por aparecer en la víspera de que este gobierno presente ya su tercera versión de Criterios Generales de Política Económica y propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación el 8 de septiembre. Quizá la última oportunidad para elevar el nivel de ambición en las circunstancias dramáticas que vive México.
