La importancia de la reunión este viernes con la primera vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris no puede minimizarse. Tiene, por supuesto, un simbolismo histórico por ser la primera mujer que ocupa este puesto, por el hecho de que el presidente Joe Biden no tendrá un segundo periodo y por el encargo que tiene de explorar una solución al difícil, largo y políticamente explosivo tema de la inmigración.
El encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un simbolismo adicional en tanto que ambos líderes se consideran como representantes de la izquierda norteamericana. Sin embargo, con frecuencia, los gobiernos de izquierda en América Latina acaban teniendo una relación menos compleja cuando la contraparte es Republicana en la Casa Blanca ya que la agenda implica menor dispersión e injerencia.
La relación de Donald Trump con AMLO terminó siendo buena, no tanto por la naturaleza populista compartida, sino por la concentración del primero en inmigración, que el gobierno mexicano resolvió con el despliegue de la Guardia Nacional y en el tratado de libre comercio, que se atendió con la negociación del T-MEC. En ambos casos, el presidente López Obrador tuvo que modificar posiciones ideológicas y políticas que había mantenido durante largo tiempo. El acomodo resultó funcional ya que, con los dos temas resueltos, los gobiernos de México y Estados Unidos prefirieron ignorarse. La llegada de Biden al poder presupuestaba una situación más compleja por la inclusión de nuevos asuntos y un gabinete de mayor jerarquía, aunque sin tuits.
El incremento de los flujos migratorios bajo un gobierno Demócrata, y que lo ponen a prueba, le caen como anillo al dedo al mexicano al fortalecer su posición de negociación. Se cometería un grave error, no obstante, si el uso, o abuso, de las ganancias tácticas, similares a las de los marielitos, se privilegia como palanca para capotear la relación bilateral y no se reconoce el potencial de desarrollo que implica una serie de cambios y políticas económicas en Estados Unidos.
Se ha reportado ya mucho la importancia de aprovechar el proceso de diversificación de la exposición al riesgo chino que lleva a miles de empresas de manufactura a buscar localizaciones alternativas. México es, potencialmente, la economía que más puede contribuir a esta diversificación y a la competencia para con China en la carrera tecnológica. Con medidas adecuadas, este solo fenómeno multiplicaría el atractivo de inversión varias veces y aseguraría una recuperación post-Covid-19 robusta y dinámica. Sin embargo, para lograrlo se tendrían que ofrecer mejoras en infraestructura logística (cruce fronterizo, ferrocarriles, puertos, aeropuertos), la apuesta al desarrollo de tecnología de punta en robótica, nanotecnología, biología molecular, economía digital, el acceso a fuentes de energía abundantes, competitivas, limpias, así como la garantía del respeto a las reglas y el estado de derecho.
A este fenómeno estructural (competencia con China) se suma ahora el programa de gobierno de Biden que incluye una masiva renovación de la infraestructura y un empuje decidido a la integración de cadenas productivas. Sin la participación de México, sus trabajadores y empresas, este programa no es implementable. La pregunta no es si la economía se beneficiará, sino qué tanto. Y, sobre todo, quiénes y dónde en México. Sin un cambio en la política económica, lo harán sólo sectores y regiones que ya tienen una integración profunda con Estados Unidos y que necesitan poca ayuda del gobierno, sobre todo que no estorbe y no genere escasez de energía, para tener éxito.
Una de las razones más poderosas para ver con cierto optimismo las posibilidades de recuperación de la economía post-Covid-19 es el crecimiento del valor agregado que reporta el Censo Económico entre 2013 y 2018. La gráfica anexa muestra un crecimiento promedio anual asiático, sobre todo si se excluyen los sectores dominados por las empresas productivas del Estado. Regresar a esas tasas de crecimiento sería muy positivo, pero más aún si esta expansión pudiese extenderse a regiones del país (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche) que se han quedado rezagadas al no haberse incorporado, con algunas excepciones como el aguacate, a la economía de América del Norte.
Así, la conversación con Kamala Harris debería versar no sólo en las medidas de corto plazo para detener la emigración de América Central, sino en cómo la integración regional es clave para competir exitosamente en el mundo, incluida a China, y cómo incorporar a los estados más rezagados de México y el triángulo del norte de América Central, para volverlos económicamente de América del Norte. Este proceso es la clave para garantizar el derecho a no emigrar (tan caro para AMLO), sino también la palanca para el desarrollo pleno. Estos estados rezagados y Guatemala, El Salvador y Honduras no cuentan con la infraestructura para participar plenamente en la economía regional: no tienen la logística de transporte y comunicaciones necesarias; no cuentan, a pesar de ser varios ricos en ella, con la energía necesaria; ni han desarrollado la base tecnológica y de conocimientos para explotar sus ventajas competitivas; ni cuentan con un ambiente político y jurídico propicio a la inversión. La visión del presidente del rescate de Pemex, el Tren Maya y la siembra de árboles es limitada e insuficiente. Lo que se requiere es de una fresca que apueste a utilizar el golfo de México para abrir una nueva frontera logística que coloque a Chiapas y sus estados vecinos a 72 horas del mercado más importante del mundo, la costa este de Estados Unidos.
Esta visión implicaría convertir los trabajos del tren maya para que su vocación principal, del lado del golfo y con extensiones al istmo de Tehuantepec, y la costa del Pacífico (desde Lázaro Cárdenas en Michoacán hasta Tegucigalpa), sea de carga y con transporte marítimo regular entre Coatzacoalcos-Mobile, Alabama y Progreso-San Petersburgo, Florida. Implicaría también el tendido de líneas de transmisión y gaseoductos, paralelos al ferrocarril y en toda su extensión, hasta Honduras. Requeriría de un acuerdo aduanero con Estados Unidos para que la carga y los contenedores sean desaduanados durante el trayecto marítimo en el golfo de tal suerte que, al llegar a Mobile o a San Petersburgo, sean trasladados sin retraso a toda la costa este. Ayudaría también mucho solicitar a la vicepresidenta la excepción a la Jones Act para embarcaciones mexicanas en el golfo de México, con trato recíproco para las de Estados Unidos, por supuesto.
México tiene una participación de 14% en el mercado de Estados Unidos, pero no de manera uniforme. De Texas a California, la participación es de 22%, en el medio oeste de casi 18%, en el sur de la costa este, de 9% y en el norte, de sólo 5%. Esta subrepresentación es producto de la lejanía económica del sur de México y el norte de América Central, a pesar de la cercanía geográfica que tantos años de perjuicio han impedido explotar.
Nada de esto se discutirá este viernes ni en su próxima visita, por lo que se habrá pasado la oportunidad de convencer a una persona que puede tener influencia de primera línea sobre estos y muchos otros temas doce años más. En el mejor de los casos habrá un avance táctico, a costa de un retroceso estratégico.
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