No pocos se preguntan las razones del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar contrarreformas electorales antidemocráticas, sobre todo si se considera que la candidata o candidato de Morena es, hoy, amplio favorito para ganar la presidencia en 2024. Se argumenta que, si no necesita cancha dispareja para triunfar, no tendría sentido promoverla.
Las propuestas de reformas, las fracasadas en el ámbito constitucional o las que ponen a prueba las credenciales democráticas de Ricardo Monreal y después el delicado proceso de nombramiento de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y de su presidente en el primer trimestre de 2023, responden a las dos obsesiones del Presidente que marcarán su sexenio y su cuarta transformación.
La primera se refiere a 2006, la segunda a 2024. El Presidente y sus más cercanos seguidores no aceptarán nunca su responsabilidad en el resultado electoral de 2006 y seguirán insistiendo en que la derrota fue resultado de un fraude electoral fraguado desde el Estado y la mafia del poder. Vale la pena recordar sus principales quejas: una, la participación mediática del presidente Vicente Fox en contra del candidato del Partido de la Revolución Democrática, resumida en el “ya cállate chachalaca” (sin ruborizarse de las diarias intervenciones político-electorales en las mañaneras contra los miembros de la oposición o cualquier persona que exprese ideas distintas a la ortodoxia de la cuarta transformación); dos, la participación del sector privado que sufragó anuncios en que se postulaba que López Obrador era un peligro para México (cuando en la actualidad ejércitos de grupos de interés atacan sin piedad y acusan de traición a todo aquél que se pronuncie contra algún proyecto o decisión cara a Palacio Nacional), y, tres, el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la movilización del voto en la jornada electoral (mientras que el gobierno promueve activamente la participación de múltiples sindicatos y grupos corporativistas para avanzar causas y movilizar manifestantes y votos).
La obsesión de 2006 se usa para justificar propuestas que debiliten al INE, a pesar de que las reformas electorales de 2007 y 2014 tenían como objetivo corregir, con frecuencia de manera excesiva como en el caso de la censura, las fallas que el equipo del Presidente había diagnosticado en las elecciones en que resultó derrotado.
La obsesión de 2024 es similar en su raíz a la de 2006 y consiste en concluir que, dada la superioridad moral del movimiento, perder una elección no es posible. En términos actuales que, dada la trascendencia de la cuarta transformación, la probabilidad que el pueblo mayoritariamente la rechace en las urnas es cero. Es decir, una derrota o aun una elección competida es contraria a los dictados de la Historia. Este razonamiento que justifica la cancha dispareja en el fondo no es muy distinto del que hacía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se presentaba al mismo tiempo como único heredero de la Revolución y cómo único garante de la gobernabilidad: sin mí, sueltan al tigre.
Una elección competida en 2024 puede venir aparejada del triunfo presidencial de Morena, pero con su derrota en la ciudad de México o sin mayoría en la Cámara de Diputados y/o en el Senado. El presidente López Obrador ha señalado la importancia de que la coalición de Morena obtenga no sólo mayoría en ambas cámaras, sino que éstas sean calificadas con más de dos tercios para que se pueda asegurar la permanencia de la cuarta transformación y su profundización.
Es decir, la inmutabilidad del movimiento requiere de carro completo de tal suerte que no se puedan cuestionar sus proyectos ni las decisiones tomadas este sexenio, tanto las simbólicas (avión, Pinos y otras), como las sustantivas (energía, fuerzas armadas, posibles actos de corrupción). Para que la o el nuevo jefe del Ejecutivo gobierne sin el primero de los míticos tres sobres y para que se sienta la influencia postsexenal desde Palenque.
El holgado triunfo en 2018, gracias a que amplios segmentos de la clase media votaron a favor de López Obrador y a que la participación ciudadana de Querétaro a la frontera fue mucho menor (más de 15 puntos porcentuales), que del estado de México hacia el sur, permitió al presidente electo pensar que podía abandonar su programa reformista y sustituirlo por una utopía transformadora que cambiara a la sociedad mexicana. El problema radica en que el abultado voto no representaba necesariamente un mandato de cambio profundo, ni de viraje de modelo económico, sino también un rechazo a la corrupción y los excesos de la clase política y del gobierno saliente.
Los resultados de la elección intermedia de 2021 en la ciudad de México y su zona conurbada se convirtieron en una poderosa llamada de atención y en un recordatorio de que el voto de las clases medias es más volátil de lo supuesto y de que la alta participación ciudadana puede poner en riesgo los triunfos futuros de Morena. De la misma manera, la numerosa manifestación a favor del INE en noviembre necesitaba una respuesta igual de contundente o más para evitar que se cuestionara la legitimidad y durabilidad de la cuarta transformación. Si la primera marcha tenía como público objetivo a los diputados del PRI para que no apoyaran las reformas electorales constitucionales (lo que se consiguió), la segunda tenía, y tiene, como público objetivo a las corcholatas y a los aliados de Morena para que reconozcan quién es la fuente de su poder y, más importante aún, de su futuro político, incluso hasta más allá de 2024.
El problema para el Presidente es que su influencia postsexenal y la permanencia de las prioridades de la cuarta transformación dependen de que obtenga carro completo y reciba el crédito por el triunfo. Sin mayoría en el Congreso, el centro de gravedad no estará en Chiapas, sino en la capital. Sin el control de la ciudad de México y del estado de México, no le será posible mostrar músculo como en la marcha reciente.
Para que el país pueda tener una discusión sensata sobre qué elementos del programa de gobierno del presidente López Obrador deben preservarse y cuáles desecharse, es imprescindible que la elección de 2024 sea competida. El principal beneficiario sería la o el candidato de Morena. Pero esto, y la credibilidad de los resultados para evitar conflictos postelectorales, requieren de un INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funcionales, autónomos, confiables y creíbles.
