La suerte del próximo sexenio pareciera binaria: exitoso en reducción de pobreza e informalidad, o con serios problemas financieros y magro poco crecimiento.
La economía mexicana goza de ventajas estructurales como nunca: la primera, de naturaleza demográfica, es un mercado laboral estrecho con incrementos sostenidos en salario real y tasas de desempleo bajas para los próximos años. A partir del inicio de los ochenta del siglo pasado, México experimentó, hasta más o menos 2012, los incrementos de oferta laboral más importantes de la historia tanto en términos absolutos como relativos, por el tamaño de las cohortes que llegaban a la edad de trabajar y el alza paulatina de la tasa de participación laboral. El desplazamiento de la oferta laboral y la incapacidad empresarial de demandar más empleo, en particular las empresas medianas y pequeñas, resultaron en salarios reales estancados o hasta decrecientes.
La actual relativa escasez laboral representa una gran oportunidad para mejorar niveles de bienestar y expandir el mercado interno, así como un reto de productividad para que sea sostenible. El aumento de salarios promedio reales y del empleo formal son la principal explicación de la reducción en la pobreza registrada en 2022; los programas sociales y las remesas también contribuyeron, pero en menor medida.
La segunda se relaciona con la mejora en la productividad empresarial y el incremento en su capacidad de generar valor agregado (nómina más utilidades). Ya el Censo Económico de 2019 apuntaba a su aumento generalizado por sector y por estado. Si se toma en cuenta el incremento en la nómina real, las más altas utilidades, recaudación de impuesto sobre la renta a personas morales e inversión, se puede anticipar que el Censo Económico 2025 arrojará también resultados positivos. La mayor capacidad empresarial, no sólo limitada a las grandes empresas, hace sostenibles los incrementos salariales y la recaudación necesaria para sufragar el creciente gasto público. Ningún gobierno había dependido tanto del éxito del sector privado como el de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia del de la Dra. Claudia Sheinbaum será aún mayor.
La tercera ha sido consecuencia de la más profunda integración de la economía nacional al comercio e inversión internacionales, en especial en América del Norte. El nearshoring representa un catalizador transformador para la economía si se le sabe aprovechar. Pero su éxito dependerá de que el país se aboque a la producción de bienes y servicios de alto valor agregado. Ello requiere de infraestructura de transporte y energética que promuevan la integración de valor agregado doméstico, apostar por la excelencia en la formación de talento para aprovechar la creatividad e intuición propia del mexicano, desarrollo tecnológico e innovación, marcas, aprovechamiento de la economía digital, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología.
La cuarta es producto del proceso de convergencia macroeconómica en América del Norte, que ha acompañado la integración comercial. La relativa disciplina monetaria y fiscal de los últimos treinta años ha resultado en tasas de inflación, estabilidad cambiaria y tasas de interés que ya no divergen tanto de las de Canadá y Estados Unidos. Sin estabilidad macroeconómica es imposible concentrarse en lo importante ya que debe atenderse lo urgente.
El aprovechamiento de estos cuatro elementos estructurales dependerá de las políticas públicas de la presidenta Sheinbaum. Si lograra establecer un ambiente propicio para que la inversión se mantuviere en 25% como proporción del producto interno bruto, como en 2023, aseguraría una mayor tasa de crecimiento sostenido, una profundización de los beneficios en el mercado laboral, ampliación de la base gravable y mayor capacidad instalada para la participación en mercados internacionales.
Para el gobierno que llega, el reto en 2024 es de corte político y de políticas públicas: ¿en qué medida está dispuesto a limitar el significativo impacto negativo que el Plan C? Los inversionistas no lo habían tomado en cuenta ya que desestimaban la probabilidad de que se obtuviese mayorías calificadas y esperaban que la Dra. Sheinbaum viere con renuencia su aprobación.
A mediados de septiembre queda clara la equivocación del primer supuesto y parece confirmarse la del segundo.
Una vez aprobada la nociva reforma al poder judicial, cabe preguntarse si el poder concentrado enfrentará algún contrapeso. La terca realidad implicará cuatro: uno, la difícil implementación de la caótica reforma judicial y del resto de las otras pendientes; dos, la imperiosa necesidad de reducir el déficit público; tres, la falta de capacidad energética para atraer inversión y, cuatro, la creciente integración económica en América del Norte.
Si estos “contrapesos” no se encaran de una manera adecuada, disminuirá la inversión privada y se entraría en un ciclo económico negativo: menor crecimiento y debilitamiento de finanzas públicas que propicie fluctuaciones macroeconómicas que depriman la inversión aún más y hagan imposible sufragar los altísimos compromisos de gasto público en intereses, pensiones, programas sociales, inversión básica y gasto corriente para el funcionamiento mínimo del gobierno.
Esperar que las empresas productivas del Estado generarán recursos adicionales para financiar las prioridades del gobierno es ingenuo. Las finanzas públicas dependerán del éxito privado. La extorsión como mecanismo de recaudación, incluida la prisión preventiva oficiosa por evasión fiscal, estrechará aún más la base gravable al disuadir la inversión.
El primer contrapeso es autogenerado, orgánico. Dedicar tiempo y recursos a la implementación del Plan C, funcionará como distractor para el gobierno, sino también para la inversión. El nuevo gobierno deberá ponderar si es mejor cerrar el expediente de implementación de manera inteligente y expedita o prolongar la incertidumbre y ausencia de Estado de derecho.
El segundo se refiere a la estrechez presupuestaria. Un déficit público superior a seis por ciento es insostenible si se quiere preservar la buena reputación de finanzas públicas ganada a pulso durante treinta años. Recuperarla tomaría otra vez mucho tiempo y esfuerzo. El mejor antídoto contra la falta de recursos consiste en ampliar el atractivo para la inversión.
El tercero se refiere a la falta de energía para atraer inversión e incrementar el valor agregado nacional por unidad producida y exportada. Pensar que Pemex y CFE pueden con todo el paquete energético es incorrecto; no tienen, ni tendrán, la capacidad operacional y financiera para proveer la matriz energética abundante, limpia, diversificada que se necesita. Si se pierden los primeros años en definir un marco propicio a la inversión, el próximo gobierno ya no vería los beneficios de recibir inversión privada y quizá no la invitaría. Sin energía, el nearshoring será marginal y el crecimiento pobre.
El cuarto es la creciente y exitosa integración en América del Norte y las posibilidades de incrementar la participación mexicana en Europa, Asia y América Latina. Esta integración responde a fenómenos estructurales difíciles de contener. El problema de política pública es que, si no se aprovecha de manera plena, se perderá la oportunidad histórica de transformar la realidad económica de los mexicanos. El problema político es que el plan C es incongruente con el deseo de una integración exitosa e incluyente de México a la economía internacional.
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