El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una bien ganada reputación de experto electoral, de estratega y de contar con un olfato e intuición políticos difíciles de igualar. En mucho por ello y por la ausencia de la oposición durante la mayor parte de su sexenio no pocos juzgaban, hasta hace muy poco, que el resultado de la elección presidencial en 2024 ya era conocido y a favor del candidato o candidata de Juntos Haremos Historia (JHH) de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo (PT).
No obstante, si el resultado esperado ya se conocía, no parecen muy pragmáticos los ataques al Instituto Nacional Electoral (INE), ni las propuestas de reforma de la arquitectura electoral que no han tenido el éxito buscado. Tampoco se antoja apropiado adelantar y alargar los tiempos de campaña. Generalmente es al revés, los candidatos que van abajo y tienen poco conocimiento de nombre necesitan más tiempo, no menos. Los casos de Vicente Fox y de Felipe Calderón son muy claros: empezaron sus campañas tres años antes. El primero para estar en posición de ser competitivo ante el monopolio hasta entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el segundo para poder vencer al favorito de Los Pinos. Este mismo fenómeno, pero todavía con mayor fuerza, explica el éxito de López Obrador sólo después de 18 años en campaña. En todos estos casos las campañas largas fueron clave. De hecho, si la contienda de 2012 hubiese durado quince días más, es posible que AMLO derrotara a Peña Nieto.
Pero ahora Morena ya no es partido de oposición, ni compite en desventaja: va adelante en todas y cada una de las encuestas y es el favorito a vencer. Los que debían tener un incentivo para mostrarse y hacer campaña son los de oposición a quienes los medios y las redes cubrían poco, no así a los secretarios de gabinete ni la jefa de gobierno de la ciudad de México.
Al adelantar el proceso tantos meses, el presidente muestra su intención de influir en él, con independencia de su legalidad. Pero incentiva a que la oposición adelante también el suyo y se ponga a competir por cobertura y atención. Al ceder a la demanda de piso parejo por parte de Marcelo Ebrard, pedir las renuncias, proscribir los debates y compactar el proceso, lo emparejó no sólo en contra de Claudia Sheinbaum sino que redujo el tamaño de las corcholatas a uno menos amenazante, ya no invencible; las hizo chiquitas.
Al adelantar Morena el proceso y sumar al Verde y al PT se hace patente la clara violación a la ley al realizar y sufragar campañas antes del calendario permitido. Esta flagrante violación pone en una situación imposible al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los debilita institucionalmente tanto en el caso de que permitan la violación, como de que tomen severas medidas de descalificación a quienes participen. El hecho de que los partidos de oposición también adelanten las campañas no libra de culpa a JHH y sus candidatos.
De hecho, amén del débil argumento formal de que los frentes están reconocidos en la ley electoral, la alianza opositora tiene un argumento moral y de justicia que no tienen Morena y sus aliados (¿la justicia antes que la ley?): la equidad en la contienda es principio constitucional rector. Sin equidad, las elecciones no son válidas. Así, la alianza opositora podrá argumentar (debería hacerlo desde ya, de manera formal ante el INE y el TEPJF) que el adelanto del proceso del frente es indispensable para tratar de restablecer la equidad de la contienda electoral de 2024. Esto para compensar la fuerte y evidente ventaja de los candidatos oficialistas y así asegurar el derecho de los ciudadanos a procesos electorales justos, equilibrados, equitativos. Esperar hasta noviembre no es opción en estas circunstancias, haría nugatorios derechos humanos fundamentales.
Si una vez consultados, INE y TEPJF optan por no penalizar o detener las campañas en curso, la contienda seguiría adelante y habría que reformar la ley una vez terminado el proceso electoral; si, por el contrario, le responden al Frente Amplio por México que el adelanto es ilegal y el proceso debe detenerse, entonces habría que detener también el de Morena y sus aliados y las renuncias habrían resultado innecesarias. Si el frente opositor opta por no consultar al INE y al TEPJF y estos guardan silencio, existirá el riesgo de una posible anulación del resultado de la elección una vez realizada, lo que sería muy negativo y nocivo para el país.
El adelanto propiciado por Palacio Nacional puede también resultar en una merma de la autoridad y posicionamiento del Ejecutivo un año antes del cambio de sexenio. El propio presidente ha mencionado que él pasará la antorcha de la cuarta transformación a la candidata o candidato de JHH en septiembre de este año. Esta declaración parecía presumir la inevitabilidad del triunfo electoral de la cuarta transformación y reflejaba el deseo de que la candidata o candidato recién nombrado tomara el relevo, pero sin desviarse un ápice, sin zigzaguear, de la ortodoxia establecida.
No obstante, si resulta que la elección se vuelve competida, apelar sólo al voto duro a favor de la cuarta transformación no sería suficiente. Cabe recordar que el arrollador triunfo del presidente en 2018 fue resultado de ampliar el atractivo de su mensaje no sólo a la base sino a votantes independientes y a la clase media. El dilema para la corcholata investida como candidata es que apegarse a la ortodoxia puede llevar a una derrota electoral al correr el riesgo de perder independientes y clasemedieros. Haría al zigzagueo indispensable, lo que implicaría un presidente y mañanera cada vez menos relevantes.
El innecesario y costoso adelanto de los tiempos no importaba si la elección estaba en la bolsa. Si la percepción de una elección competida crece, quizá haya un arrepentimiento tardío e inútil, interno no público, de no haber respetado ni los tiempos, ni la ley, ni el derecho de réplica.
Twitter: @eledece
