La elaboración del paquete que el Ejecutivo debe presentar al Congreso el 8 de septiembre es quizá una de las últimas oportunidades para definir el rumbo económico para el resto del sexenio. El programa que se presente reflejará el grado de influencia y la orientación del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, cuando sea ratificado, y deberá tomar en cuenta los principales riesgos que enfrenta la economía. Vale la pena destacar tres: uno, la posible permanencia de tasas de inflación más altas de lo deseable y su impacto en tasas de interés y estabilidad de mercados financieros. Dos, los retos de finanzas públicas con un faltante estructural de sobra conocido, con la imposibilidad de una reforma tributaria ambiciosa y fondos y fideicomisos ya utilizados. Tres, y sobre lo que se ha puesto menor atención, el costo en términos de crecimiento, competitividad y atracción de inversión de un amplio conjunto de órganos reguladores.
Resulta contradictorio que un gobierno que dice tener como objetivo la inclusión, la disminución de privilegios y el bienestar de la población, sea renuente a promover órganos reguladores profesionales, que ayuden a cumplir con estos objetivos y que reduzcan la posibilidad de que la ausencia de sana distancia entre gobierno e intereses privados distorsione, a favor de éstos, las decisiones reglamentarias.
Tiene razón, pero sólo muy parcialmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando piensa que la autonomía y fortalecimiento de varios de los reguladores en sexenios anteriores tenía como objetivo amarrarle las manos en caso de que algún día ganare la presidencia. Quizá esta impresión explique parte de la animadversión a órganos reguladores con independencia y que él quisiera de regreso bajo las secretarías correspondientes. Su otro argumento se refiere a la austeridad.
La profesionalización de estos cuerpos colegiados reduce la arbitrariedad en las decisiones de política por parte de todos los gobiernos, no sólo éste, pero no su facultad de proponer comisionados con afinidad ideológica, pero con conocimiento en las materias, ni de buscar modificaciones a las legislaciones respectivas. La profesionalización e independencia de reguladores refleja una tendencia en todo el mundo y responde a la necesidad de apuntalar la competitividad de las economías y no sólo a contar con un proceso reglamentario eficaz.
El costo presupuestario que implican estos organismos (sin duda se puede y debe hacer ahorros importantes en varios de ellos) se ve compensado tanto por el hecho de que, generalmente, cobran por sus servicios y son con frecuencia superavitarios, como por el impacto que tienen en el atractivo para invertir y crecer en México.
De seguir la merma institucional de los últimos tres años, se terminará pagando un alto costo en términos de falta de crecimiento, ausencia de inversión y reducción de la base gravable potencial. La importancia del funcionamiento, y el valor, de los órganos reguladores es, además, proporcional a las ventajas comparativas de la economía.
Si México es una potencia en el ámbito turístico, como lo es, y tiene significativas ventajas en este terreno con respecto a otros países, como las tiene, carece de sentido no dedicar recursos suficientes a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y perder la categoría uno que asignan las autoridades de Estados Unidos. Además, la AFAC, el SENEAM y el sistema de aeropuertos generan recursos en exceso en virtud de los derechos y tarifas que cobran por inspecciones, aterrizajes, uso del espacio aéreo y otros.
En el ámbito de la salud, la importancia de contar con una agencia sanitaria de excelencia debe quedar, ahora después de la pandemia, más claro que nunca. No sólo para la aprobación de medicinas y vacunas seguras y eficaces para la atención médica, sino por el papel de México como gran exportador de todo tipo de insumos para la salud y dispositivos médicos, así como la oportunidad de desarrollar proveeduría de ingredientes activos y moléculas para América del Norte. El presidente Biden y el Congreso de Estados Unidos acaban de identificar la provisión de este tipo de dispositivos e insumos farmacoquímicos y farmacobiológicos como estratégica. Sin una Cofepris de vanguardia, no se podrá participar en un mercado que sólo puede crecer, ni procesar la certificación de medicamentos para otros países.
Argumentos similares existen para el sector más dinámico durante 2020: agropecuario y agroindustrial. Si bien la participación del país en las importaciones totales de Estados Unidos fue de 14% en 2020, sólo debajo de China, en el sector agropecuario las exportaciones mexicanas se consolidaron en un amplio primer lugar con 26%, mientras que Canadá es segundo, pero con 12 puntos porcentuales menos. Esta presencia de mercado sólo es posible si se garantiza la inocuidad alimentaria de los productos, así como la sanidad de plantas y animales en el campo mexicano. Por ello, la profesionalización de Senasica en los últimos años ha sido tan importante, así como la capacidad de Cofepris para garantizar la calidad sanitaria de lo que se consume internamente y se exporta. De la misma manera, el cobro por muchos de los servicios de inspección de estas agencias resuelve el aparente costo fiscal.
Si bien México ya es una potencia industrial que compite de frente y con éxito con China en un gran número de sectores, el desarrollo de un mercado de energía competitivo permitiría una expansión imparable de la manufactura y una mucha mayor integración de valor agregado nacional, al incorporar insumos intensivos en energía (aceros, plásticos y resinas, vidrios y fibra de vidrio, fibras sintéticas y otros) por unidad exportada. El mercado de energía competitivo requiere, sin embargo, reguladores de clase mundial: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vale la pena hacerlo no sólo por los mayores recursos públicos provenientes del sector energético, sino por la actividad económica, inversión, empleo y recaudación que se derivarían de un sector industrial pujante.
El caso de los otros órganos reguladores no es muy distinto: la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones son clave para la competitividad, la inclusión, la eliminación de barreras de entrada y el bienestar de los consumidores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores juega un papel crucial para asegurar la solvencia de instituciones financieras. Es mucho más caro pagar los platos rotos de un intermediario quebrado, que contar con una CNBV con suficiente capacidad de supervisión para evitarlo. Estos servicios también se cobran.
La degradación a categoría dos hace al turismo en México un destino de segunda. Sin una pronta corrección de enfoque se corre el mismo riesgo en sectores fundamentales como la salud, la agricultura, la industria, la banca y muchos más.
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