-Qué gusto volver a verte querido Raúl, saludó el presidente con una sonrisa a su amigo economista, el Dr. Actón.
-El gran gusto es para mí, presidente, sobre todo verlo bien, recuperado.
-Como puedes ver, la cuarta transformación está viva y coleando; sobrevivió al Covid , aunque eso le pese a muchos. Pero tengo que caminar un poco para la recuperación plena, acompáñame desde aquí hasta la que era la oficina del ingeniero Romo, platicamos al andar y nos regresamos. Por cierto, puedes quitarte el tapabocas si quieres, ¿para qué traes dos?
-Me los dejo, presidente; así, en promedio traemos uno cada uno.
-¡Sólo un economista diría algo así Raúl! Pero ya ves, resistimos el virus. Mejor platícame algo para no hablar y caminar al mismo tiempo.
-Presidente, el problema de fondo para la 4T no será sólo el Covid, sino el otro virus que escuché en una de las mañaneras en su ausencia, el de la rectoría económica del Estado.
Contra esa mutación, no hay vacuna que funcione, ni cura que alivie. Era ya anacrónica cuando se formuló el concepto y se le incluyó en la Constitución. De hecho, fue la primera gran reforma de lo que usted llama el periodo neoliberal.
-¿Neoliberal? A ver, cuéntame.
-El presidente Miguel de la Madrid asumió la presidencia en diciembre de 1982; recibió un país maltrecho después de dos sexenios en los que se descontrolaron las finanzas públicas, se pulverizó el sistema bancario, se terminó con la confianza de inversionistas y ahorradores y se vivieron inflaciones y devaluaciones importantes. De hecho, presidente, su fobia a los déficits y a la deuda viene precisamente de ese periodo.
-Así es, fue el excesivo endeudamiento el que llevó al poder a la tecnocracia. No me voy a tropezar con esa piedra.
-Una buena parte del problema consistió, por supuesto, en haber trasladado, desde tiempos de Luis Echeverría, la política económica a Los Pinos. La centralización de las decisiones económicas en manos de una persona terminó dando al traste a las posibilidades de desarrollo y crecimiento, y condenando al país a largos años de lastre por corrupción, deuda, inestabilidad e inflación altamente regresivas. A pesar de todo esto, el recién inaugurado presidente optó por una reforma de gran calado al modificar, en febrero de 1983, los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución para codificar la centralización que había dado origen a la crisis. Creo que lo hizo por dos razones: una, como paliativo para el segmento nacional revolucionario del PRI, al que él no pertenecía; era difícil concebirlo como heredero de la Revolución y, dos, por la esquizofrenia de su propio equipo desde que fungía como secretario de Programación y Presupuesto, precisamente en la oficina a la que estamos llegando.
Quién lo hubiera dicho: en el lugar donde se gestó esta versión de la rectoría del Estado tenía usted como jefe de la oficina de la presidencia a alguien que argumentaba en contra de ella.
Vale la pena notar que la larga lucha a favor de esta forma de rectoría ha llevado a victorias que terminan siendo pírricas. Vea usted, presidente. El lenguaje que se insertó en el artículo 25 es realmente radical, un aparente gran triunfo para los opositores del neoliberalismo, pero que de poco sirvió para detener el avance de la tecnocracia, incluso al revés. Permítame recordarle el texto:
Artículo 25. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático…”
Pero sobre todo lo que era el segundo párrafo en ese entonces: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”
Cabe recordar que, antes de esta reforma, los artículos 25 y 26 amparaban derechos humanos, garantías individuales en términos constitucionales, pero fueron reemplazados por una visión economicista de la participación del Estado, como si fuera un derecho fundamental. Un galimatías.
El que el Estado planeé, conduzca, coordine y oriente la actividad económica no existe como concepto ni proyecto en ningún país moderno y exitoso. Tampoco puede decirse que esta aspiración haya sido aplicada fielmente por el gobierno mexicano a partir de 1983, presidente. No sólo porque no lo desearan algunos, sino por ser inaplicable y contraproducente.
-Si se hiciera de manera generalizada, así parece, pero ¿qué tal para los sectores estratégicos?
-Para ellos tampoco, presidente, si me permite disentir con lo que seguramente está pensando. Lo importante, sobre todo en el ámbito energético, es por un lado la maximización de la renta petrolera, y esto se logra con el ejercicio pleno de los derechos de propiedad (de la soberanía) por medio de una extracción a costos competitivos, pero por otro, con igual o mayor importancia, es la disponibilidad de fuentes competitivas de energía para que sean motores de la economía en todo el país, con independencia de quién sea el proveedor.
La energía es tan importante que es erróneo ponerla en manos de uno, o dos, monopolistas encargados de hacer todo. Son actividades tan estratégicas que se debe garantizar su disponibilidad competitiva universal. La experiencia de los últimos 40 años muestra que interpretar la rectoría como exclusividad de provisión de energía por dos empresas públicas, ha resultado en que no se tenga acceso generalizado, ni tampoco se maximicen los ingresos del Estado para invertir en la infraestructura y programas sociales necesarios para el desarrollo incluyente.
Aunque el mandato tajante de planear, conducir, coordinar y orientar no se ha actualizado, la permanente discusión sobre una rectoría que no es realista, ni conveniente. Ha entorpecido de manera significativa las posibilidades de desarrollo. Por no querer tomar al toro por los cuernos y entrar al fondo de esta discusión, como hacemos ahora nosotros en estos pasillos, todos los intentos anteriores de transformar el sector energético monopolizado en un mercado de energía resultaron siempre infructuosos por incompletos. La ventaja de la tardía reforma de 2013, cuya legislación usted ha respetado hasta ahora, es que obliga a tomar una decisión ya que fue al fondo al abrir el sector a la competencia y al quedar consolidada en los tratados de libre comercio que este gobierno ha apoyado.
El punto es el siguiente: la rectoría del Estado (en el sentido de garantizar el fruto de la propiedad de los hidrocarburos y asegurar el funcionamiento competitivo del mercado de energía) no depende de aislar a las empresas públicas de la competencia, sino de que sean exitosas. Pero la experiencia muestra que sin competencia no lo serán; más aún, que sin competencia se garantiza que habrá corrupción en sus operaciones y huachicoleo en sus redes. La opción no es entre empresas del Estado o privadas, sino empresas del Estado y privadas, pero con una regulación fuerte, sólida, eficaz, pareja, justa.
Por ello, para la verdadera rectoría, importa mucho más la segunda frase del segundo párrafo del artículo 25, en su versión de 1983: “y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”. Es decir, la rectoría por medio de la regulación eficaz y el fomento, pero en el marco de libertades. Esto implica, por supuesto, reguladores independientes o autónomos con respecto a las empresas reguladas, públicas o privadas. Otra vez, la experiencia muestra que cuando las empresas del Estado no han estado sujetas a la competencia, la rectoría la ejercen, en los hechos, ellas, sus sindicatos, sus proveedores y grupos de interés, pero no la Secretaría de Energía, ni los reguladores.
-Actón, ahora sí ya me agotaste. Deja sentarme un rato para tomar aire y poder regresar.
-Claro presidente. A riesgo de que no lo tome bien, déjeme decirle que la disponibilidad de recursos para consolidar la 4T depende no de la elección de junio, sino de no dilapidarlos y tropezarse con el falso debate de la rectoría.
