En el artículo “ T-MEC reconoce la soberanía y permite fortalecer a Pemex y CFE, pero no de manera discriminatoria ” esta columna planteaba hace algunas semanas, pero no detallaba, cómo solucionar la controversia durante las consultas para evitar el alto costo de una disputa mal manejada, que escalase en el peor momento, cuando la economía esté en dificultades a finales de 2023 y a punto de seleccionarse los candidatos a las presidencias de Estados Unidos y México.
Para que sea viable en el ámbito de las consultas, es menester que la solución atienda no sólo los agravios de las partes demandantes, sino también las preocupaciones de la parte demandada, en este caso el gobierno del presidente López Obrador. De hecho, la clave es plantear una solución que recoja la principal queja sobre el régimen energético que heredó este gobierno y que consiste en una aparente cancha dispareja que pone en desventaja a Pemex y CFE. Curiosamente, es esta misma percepción la que está detrás de la demanda de Canadá y Estados Unidos ya que su querella consiste en que sus inversionistas, proveedores de servicios y exportadores aparentemente sufren de un trato discriminatorio cuyo objetivo es favorecer a Pemex y CFE.
Una de las desventajas más importantes de las empresas productivas del Estado (EPE) es que los gobiernos las han utilizado para favorecer todo tipo de proyecto o de necesidades políticas con poca consideración del costo que pueda esto implicar. Algunos de los objetivos pueden ser loables —apoyar a cierta comunidad donde se invierte, o promover la inversión en energías renovables—, otros menos o incluso de dudosa legalidad —transferencias a sindicatos o a causas políticas—. Evitar que Pemex y CFE sean cajas chicas para objetivos distintos de su mandato de crear valor es clave y la práctica debe ser desechada. De hecho, si el gobierno busca algún objetivo distinto de este mandato (por ejemplo, llevar internet a todos los rincones del país), los recursos deben provenir directamente de presupuesto de egresos de la federación (PEF) y no de la empresa involucrada. Esto debió siempre ser así, pero máxime ahora que Pemex y CFE enfrentan competencia en el nuevo marco constitucional de 2014, consolidado en sendos tratados de libre comercio como el T-MEC, el TIPAT o el nuevo TLCUEM.
Resulta paradójico que todas las partes quisiesen lograr obtener el mismo trato. Es esta coincidencia inesperada de objetivos lo que puede sentar las bases para solucionar el conflicto. Por supuesto, es mucho mejor hacerlo durante las consultas que una vez que el pánel haya dictado un ganador o, peor aún, bajo la presión de dolorosas represalias.
Como resultado de las consultas, los tres gobiernos podrían firmar un memorando conjunto para resolver el conflicto de manera sistémica. El memorando podría contener los siguientes elementos:
Un compromiso por parte de México de otorgar a inversionistas, proveedores de servicios y exportadores de Canadá y Estados Unidos el mismo trato que el gobierno otorga a Pemex y CFE en el ámbito legal y reglamentario.
Un compromiso por parte del gobierno mexicano de modificar su cuerpo de leyes y reglamentos, con el apoyo de Canadá y Estados Unidos, para lograr lo siguientes objetivos:
-Otorgar un trato estratégico a CFE y Pemex como EPEs por medio de una reforma al artículo 28 constitucional para prohibir que otorguen subsidios con sus propios recursos, y para establecer que cualquier objetivo que ordene el gobierno distinto al mandato de generación de valor, debe venir acompañado de una asignación directa en el PEF.
-Asegurar que los generadores y comercializadores privados de energía, incluidos los de renovables, asuman plenamente los costos de transmisión y distribución. Esto implicaría negociar el adelanto del periodo de transición para las empresas de autoabasto y el otorgamiento oportuno de permisos para participar en el mercado mayorista. Si el gobierno quisiese subsidiar alguna modalidad de generación, tendría que asignar recursos para ello y garantizar que no se genere competencia desleal.
-Establecer, mediante una negociación, opciones de compra a favor de CFE de las plantas de Productores Independientes de Energía al vencimiento de los contratos. Esto garantizaría a CFE mantener participación de mercado en generación muy por encima de 50 por ciento si así lo deseara. Se requeriría de un método objetivo para la fijación del valor de reposición.
-Permitir que la CFE reciba subsidios generalizados, no discriminatorios, para promover energías limpias, así como Certificados de Energía Limpia (CELs) para sus inversiones limpias.
-Establecer que los reguladores de energía tengan el objetivo de velar por los intereses del consumidor, por la competitividad del país y por el fortalecimiento institucional de las EPEs. Para ello, y evitar el conflicto de interés que surge de que la presidenta o presidente del consejo de administración de las EPEs sea la secretaria o secretario de Energía, sectorizarlos en la Secretaría de Economía.
-Modificar la ley para administrar, de manera eficiente y no discriminatoria, el orden de despacho eléctrico, con carácter eminentemente técnico, a cargo del Cenace como regulador independiente. Con el objetivo de que se pueda evaluar el impacto social y económico del orden del despacho, cada semestre, el Cenace deberá reportar a la Secretaría de Energía, al Congreso de la Unión y a los participantes del mercado eléctrico el funcionamiento del despacho. Entre otros temas, deberá justificar que el despacho para con las plantas hidroeléctricas haya sido congruente con la competitividad, la adecuada presión de agua, su uso agrícola, la evaporación y el control de inundaciones en zonas críticas.
Una solución sistémica como la planteada arriba en el contexto de las consultas es muy superior a continuar con los diferendos o a esperar que atender, caso por caso, cada queja puntual resuelva el problema de fondo. Por el contrario, la controversia en materia de energía puede convertirse en un parteaguas para el establecimiento del estado de derecho en el sector más emblemático para hacerlo, energía.
La igualdad ante la ley, la cancha pareja, la no discriminación, están en el corazón de la construcción de un país moderno y son la mejor garantía para el fortalecimiento de Pemex y CFE. También la única manera de asegurar la soberanía.