México comete un gravísimo error si subestima el tsunami sanitario del Covid-19 y la profunda crisis económica que se avecinan. La conjunción de estos dos fenómenos representa quizá el reto más grande que ha encarado el país en las últimas décadas; el gobierno debe encontrar el difícil justo medio entre salud y economía . El reto es más importante que el devastador terremoto de 1985, los más violentos huracanes y las crisis económicas más dolorosas de 1982, 1994-95 y 2008-09.
Ya es tarde: se llega a esta coyuntura en una situación de vulnerabilidad, con una economía que no crece, sin inversión que impulse su expansión y con un costo de oportunidad muy significativo, al haber desperdiciado la ocasión de atraer las inversiones que rehuían del riesgo chino durante los últimos dos años. Es también tarde porque se menospreciaron semanas clave para educar a la población sobre cómo comportarse ante la emergencia sanitaria y en tanto que no se hicieron los esfuerzos necesarios para apertrecharse de los insumos para enfrentar la potencialmente larga batalla que viene. Parece que se estuviera apostando a que la pandemia no lo será en México gracias a su situación climática o a que es mejor aceptar el costo sanitario para minimizar el económico. El gobierno, en cualquier caso, no ha sabido o podido comunicar su estrategia en mucho por los mensajes contradictorios que emite cada día.
La severidad de la pandemia en México dependerá de la potencia que siga teniendo el virus o de que se encuentren a tiempo remedios para tratar sus efectos más nocivos o una vacuna que sea eficaz y segura. En realidad es un volado sobre el cual el país no tiene control alguno. Por ello, es indispensable contar con una sólida estrategia que parta del conocimiento de la realidad nacional y de sus fortalezas y que se base en los aspectos sobre los que sí se tiene control.
Para la mayoría de las personas el efecto nocivo del v i rus es y será menor. El 80 por ciento de los pacientes infectados tienen síntomas relativamente leves y no sufren de padecimientos graves, mientras que 15 por ciento sí experimentan reacciones virulentas (literalmente) pero que no ponen en riesgo sus vidas, al tiempo que el cinco por ciento necesita terapia intensiva. El problema radica en que el 80 por ciento con síntomas leves y sin riesgo se convierte en el principal vector de propagación del virus, lo que pone en peligro al cinco por ciento de la población vulnerable: de la tercera edad o con padecimientos crónicos. La incidencia de diabetes, que afecta por lo menos al diez por ciento de la población, por ejemplo, puede resultar en que la vulnerabilidad de México sea tan alta como en el norte de Italia a pesar de ser un país joven y cálido.
Con este cuadro patológico, si cayera enfermo sólo el 30 por ciento de los mexicanos, requerirían cuidados intensivos, para una población de 130 millones, dos millones de pacientes; si se contagiara el 50 por ciento, 3.2 millones. El gobierno alemán ha alertado a su población de que es probable que se infecte el 70 por ciento de ellos. México sólo cuenta con 125,000 camas y 4,000 de terapia intensiva para pacientes de Covid-19.
En vista de estos números apabullantes, las autoridades sanitarias, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud , fundan su estrategia en las primeras tres fases con el objeto de aplanar la montaña de casos para distribuir en el tiempo los pacientes que requieren terapia intensiva y/o hospitalización. Sin embargo, no va a ser fácil, sin remedio o vacuna seguros y eficaces, aplanar esta montaña del tamaño del Popocatépetl.
La estrategia del distanciamiento social y la cuarentena juegan un papel vital en este proceso de aplanamiento pero probará ser insuficiente, si no se puede tratar la enfermedad, para el universo de mexicanos que necesiten de hospitalización o cuidados intensivos. Esta insuficiencia es resultado de la habilidad de propagación del virus SARS CoV-2 y de que el relajamiento del distanciamiento permite que regrese el dinamismo de la epidemia en la población que no haya desarrollado anticuerpos (es decir, que no hayan enfermado de esta versión del virus), pero también producto del altísimo costo social y económico que implica el aislamiento. Ningún país podrá asumir el costo económico de un aislamiento demasiado prolongado. Las economías avanzadas quizá un poco más, México muy difícilmente.
En este contexto, el gobierno debe preparar las condiciones para poder atender a un abrumador número de pacientes con necesidad imperiosa de hospitalización. Para ello debe trabajar en tres vertientes que se refuerzan una a la otra.
La primera, el fortalecimiento de los servicios de salud públicos y privados. Esto implica la expansión del número de camas de hospitalización y terapia intensiva, la protección y escalonamiento del personal médico, la contratación de más personal y la autorización para la elaboración de pruebas de diagnóstico de Covid-19 para los laboratorios privados que cuentan con 15,000 sucursales en todo el país. El gobierno debe dedicar recursos presupuestarios adicionales a estos esfuerzos estratégicos e indispensables. Los hospitales deben estar listos para especializarse en los casos con cuadros más complicados.
La segunda, la obtención y fabricación de equipos de diagnóstico, de respiradores-ventiladores y de materiales de protección para el personal de salud de manera masiva. La Food and Drug Admnistration (FDA) de Estados Unidos ha autorizado a Cepheid, Thermo Fisher y a Roche la producción masiva de diagnosticadores que obtienen resultados entre 45 minutos y cuatro horas; Corea del Sur tiene disponibles equipos para exportación. El gobierno de Canadá ya llevó a cabo una compra masiva y en Estados Unidos ya están funcionando. Los respiradores-ventiladores serán de más difícil obtención por la alta demanda que se tiene de ellos. Si no se puede adquirirlos, es fundamental y urgente que el gobierno de México invite a los principales grupos industriales a su producción inmediata. Para ello, debe convocarse a los productores actuales y dueños de las patentes para que incrementen la producción y compartan el conocimiento técnico y la fuente de insumos para ensamblarlos. El país es sede de una gran familia de productores y exportadores de dispositivos médicos así como productores de excelencia de electrónicos y autopartes. Varios de ellos son buenos candidatos para llevar a cabo la producción en serie. Las leyes en México y los tratados de libre comercio expresamente indican que, en caso de emergencias sanitarias, las patentes tienen que ser compartidas y la producción y distribución no pueden ser monopolizadas.
La tercera y más importante consiste en la habilitación de los hogares para el tratamiento de los pacientes del Covid-19. Es claro que el hogar y las familias ya juegan un papel clave en la batalla contra el virus: es allí donde se recupera el 80 por ciento con síntomas leves y donde se aísla la transmisión del virus. Pero se puede ir mucho más lejos para potenciar el valor de los hogares y las familias mexicanas: las viviendas de cada uno representan una infraestructura mucho más amplia, y mucho menos contagiosa, que la red de hospitales públicos y privados. Debe verse al hogar-clínica como complementario de los servicios profesionales de salud, no como sustitutos. Si se promueve el hogar-clínica, se puede aligerar la pesada carga que terminará hundiendo al sector salud al tiempo que se podría reducir el tiempo de aislamiento social y por lo tanto el devastador costo económico que implica. Para que los hogares puedan servir como recintos de recuperación de la salud se requiere:
1. Un ambicioso programa de telediagnóstico con video para que el personal médico profesional pueda evaluar y recetar tratamientos a distancia sin necesidad de que los pacientes acudan a los hospitales, los abrumen y se conviertan en centros de contagio. Para ello, se debe lograr que los proveedores de banda ancha móvil ofrezcan el servicio de manera gratuita entre centros de salud y hogares. Se requiere además una videoteca que explique prevención, padecimiento y tratamiento para que las familias puedan actuar en sus hogares.
2. Un programa masivo de médico y enfermera en su casa. Como resultado de la pandemia H1N1 el secretario de salud de la ciudad de México, José Armando Ahued, puso en marcha un exitoso programa de médico en su casa que ahora habría que profundizar y expandir a todo el país. Las visitas médicas se realizarían para la capacitación de familiares para el uso de respiradores-ventiladores y para el seguimiento de pacientes graves.
3. Un sistema de distribución, a través de empresas de paquetería, de dispositivos médicos, material curativo y medicamentos a los hogares.
4. La instalación de decenas de miles, si se vuelve necesario, de respiradores-ventiladores en recámaras aisladas de las viviendas con pacientes con necesidades de hospitalización.
5. Acceso a laboratorios privados y públicos para el diagnóstico de todas las familias potencialmente expuestas al virus y toma de muestras en centros comerciales y otros lugares.
6. Colaboración con las farmacias para distribución y asesoría médica.
La puesta en marcha de un plan de esta naturaleza descansa en la situación de emergencia que se vive, en el diagnóstico de que la infraestructura hospitalaria resultará insuficiente, en la comprensión del alto e insostenible costo económico del aislamiento fase tres y en la fortaleza de la principal institución con la que cuenta México: las familias. Sólo con una estrategia que aligere la sobrecarga al sistema de salud, podría considerarse un esquema en que regresen a la actividad productiva todos, con excepción de adultos mayores y población en riesgo por enfermedades crónicas.
Aún si la pandemia eximiera a México, la inversión en este plan habrá valido la pena: la probabilidad de que regrese con el frío en noviembre no es baja y que haya otra en el futuro es uno, aunque no se sepa cuándo surgirá, igual que los terremotos.
Manos a la obra.
