La frase de orden en estos primeros días de 2020 es neutralidad política. Se escucha en los altos círculos gubernamentales federal y estatales al abordar la compleja y cada vez más grave problemática de inseguridad; también en el encendido debate sobre la nueva política de salud de la 4T.
El lunes y martes la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y los integrantes del gabinete de seguridad, encabezado por el secretario Alfonso Durazo, tuvieron diversas reuniones de trabajo para afinar los mecanismos de colaboración, con el objetivo de encarar la crisis de violencia criminal en el país, que se ha disparado a niveles nunca vistos, superando los índices salvajemente altos de pasadas administraciones.
En las juntas referidas los actores negociaron y definieron un documento de lineamientos de operación para el funcionamiento de las Coordinaciones para la Construcción de la Paz y la Seguridad (Cocopas); se establecieron las bases de su estructura, integración, funcionamiento, organización y seguimiento, que garanticen la colaboración de las instancias federales, estatales y municipales para brindar respuestas ejecutivas inmediatas a los problemas que se presenten.
Habrá una Coordinación Nacional y Cocopas estatales, municipales y regionales, éstas últimas se establecerán cuando abarquen varios municipios. Igualmente se prescribe su composición, en la que interactuarán funcionarios locales y federales y, algo fundamental, a quién le corresponde presidirlas.
Es importante destacar que los ejecutivos estatales serán la cabeza de las Cocopas en la entidad que gobiernan. Definición nada trivial, habida cuenta de los problemas surgidos en algunos lugares, en donde se viven tensiones entre los mandatarios de elección popular y los superdelegados federales designados desde el centro. Con las reglas negociadas y clarificadas se espera que el Estado —léase los tres niveles de gobierno— cumpla con su primera obligación que es proporcionar seguridad y paz a los ciudadanos; se frene la barbarie criminal y la conquista de territorios por los grupos delincuentes.
Tres principios subyacen en la urdimbre del documento: I.- Corresponsabilidad del Presidente, los gobernadores y los alcaldes. II.- Apertura a la participación social. III.- Neutralidad política. En todas las intervenciones se puso énfasis en la exigencia de renunciar a utilizar los problemas de seguridad y la política pública para resolverlos como estrategia partidista. Más aún cuando nos encaminamos a los procesos electorales del año próximo.
En este punto nadie se fue por las ramas ni hubo falsos respetos; se habló de frente y claro; nada le hace más daño al éxito de una estrategia de paz y seguridad que convertirla en arma arrojadiza contra el adversario político. De hecho, estas definiciones se hicieron urgentes ya que la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad y la comida de los gobernadores con el Presidente de la República, celebrada la semana anterior al fin de año, se convirtieron en un herradero, porque en la mañanera de la víspera se agredió a varios de ellos.
La misma neutralidad política es exigible en la política de salud. Es monstruoso jugar partidistamente con la salud de los seres humanos. A esa manipulación sólo se han atrevido las dictaduras y regímenes totalitarios más nefandos.
Garantizar a los mexicanos el derecho a la salud y su gratuidad, exige conocimientos, experiencia y mucho dinero, no ideología y afanes de control de la población. Se impone discutirlo con serenidad, objetividad y talento. La abolición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) parece sostenerse en un diagnóstico político, no científico. Amerita un diálogo plural desapasionado, y sobre todo se necesita flexibilidad para diseñar una solución federalista, a la medida y para las condiciones de cada estado.
@lf_bravomena
Analista político
