La maquinaria del autoritarismo está en marcha, su meta es derribar la barrera que le impide controlar todas las palancas del Estado para eternizarse en el poder absoluto. Va por el Instituto Nacional Electoral.
El INE es la última institución de la transición democrática que se mantiene en pie. Su destrucción, digámoslo sin eufemismos, sería el inicio de la dictadura.
Que el INE y el Tribunal Electoral TEPJF deberían corregir deformaciones nadie lo niega. Cualquier estructura puede mejorar, sobre todo, si en el transcurso de los años ha sido manoseada por tirios y troyanos.
Pero, pulirlos no es lo que busca el bloque oficial con su iniciativa; junto a otras propuestas, como la centralización de la organización de las elecciones y derogar la fórmula pluralista mixta, de mayoría y representación proporcional en la integración del Poder Legislativo, se revela que no se pretende depurar la obra construida por varias generaciones de ciudadanos, sino aniquilar su naturaleza democrática.
El INE es fruto de muchas décadas de luchas cívicas contra el fraude electoral y la imposición, escenificadas en los municipios y regiones del país. Esos esfuerzos ciudadanos acumulados, cristalizaron en una coyuntura histórica; obligaron al viejo régimen autoritario sentarse en la mesa de negociaciones para crear instituciones independientes, defensoras de los derechos de los ciudadanos, garantes de elecciones libres y el respeto al voto.
El proyecto que apadrina el grupo en el poder pretende, sin rubor alguno, que el INE no sea más una herramienta al servicio de los ciudadanos sino un brazo para sostener al partido de Estado que se está construyendo desde 2018. Como la historia lo demuestra, esas organizaciones tienen vocación totalitaria. Dicen actuar a nombre del pueblo, pero no dejan hablar ni actuar libremente al pueblo.
Semejante amenaza a las libertades en México no ha pasado desapercibida para los observadores, nacionales y del exterior. Son muchas las voces que se han levantado; entre ellas, resalta la significativa la postura adoptada por la Conferencia del Episcopado Mexicano CEM.
Los obispos católicos del país se expresan colegiadamente a través de su máximo organismo cuando lo exigen temas de alta trascendencia para la vida y el destino de la nación mexicana. Su voz se escucha más allá de nuestras fronteras y lo que dicen sobre el proyecto de reforma electoral seguramente prenderá luces de advertencia en muchas latitudes.
Su “Mensaje al Pueblo de México” inicia con un amplio reconocimiento a la labor que realizan el INE y el TEPJF. Sostienen que son instituciones ciudadanas que han madurado y que gozan de aceptación mayoritaria.
No se detienen ahí. Expresan su “franca preocupación” por la reforma propuesta. La califican de “claramente regresiva”. Apuntan directamente al Poder Ejecutivo y lo exhortan a “hacer a un lado los intereses ideológicos” y “no poner en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”.
La sociedad civil comenzó a movilizarse. Lanzó una convocatoria para una marcha el próximo domingo 13 de noviembre: del Ángel de la Independencia —donde Clouthier hizo la huelga de hambre en 1988 y logró la apertura del diálogo para la transición democrática— al Hemiciclo a Juárez.
Estamos en el preludio de una nueva gesta libertaria del pueblo de México.
Analista político
@lf_bravomena.
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