El diferendo planteado por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) con la propuesta del gobierno federal para sustituir el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), tuvo un inesperado desenredo salomónico. La Academia de la Lengua define este adjetivo: “decisión que intenta satisfacer parcialmente a todas las partes en conflicto, con propósito de ecuanimidad”.
La historia de lo que será el futuro sistema de salud pública apenas comienza. La resistencia del Goan para aceptar un modelo centralista fue apenas el primer episodio.
Los gobernadores azules nunca objetaron la gratuidad de los servicios; se opusieron a la operación monolítica del sistema sin garantías de que el gobierno central cuente con capacidades para gestionarlo, ni los recursos para financiarlo. No estuvieron dispuestos a entregar la infraestructura hospitalaria. Allanarse un aparato mastodóntico habría dañado la atención a la población.
Propusieron la alternativa de una coordinación regida por el principio de subsidiariedad, no vertical, que facilite una cobertura médica gratuita, oportuna y de calidad, con seis componentes: 1) Atención médica gratuita y progresiva, 2) Conservar la infraestructura y operación del sistema de salud, 3) Certeza presupuestal y financiera, 4) Modelo único de salud nacional, 5) Aplicación de 40 mmdp para el sector en los estados, 6) Libertad para la compra consolidada de medicamentos bajo precios estandarizados.
Hubo diálogo y negociación, el 31 de enero se alcanzó un acuerdo. La formalización del entendimiento ocurriría el 4 de febrero en Palacio Nacional, en el marco de una reunión-comida del Presidente con los miembros del Goan. Pero lo convenido se convirtió en agua de borrajas; al titular del Ejecutivo no le gustó lo pactado. Argumentó: “eso llevaría a que no haya una autoridad responsable o sea que no se sepa quién está cumpliendo y quién no…”. Acto seguido sentenció a los comensales “todo o nada”. No hubo estadísticas, corridas financieras y razones de ninguna naturaleza que lo convencieran de las ventajas de un verdadero modelo federalista.
Días después, 7 de enero, el presidente López Obrador visitó la zona chichimeca de Guanajuato acompañado por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Ahí se manifestó el espíritu competitivo del desacuerdo salomónico: “Guanajuato no entregará el sistema de salud porque la Federación no garantiza conservar o superar las calificaciones que ahora se le reconocen al sistema de salud local”.
Por su lado el presidente celebró que algunos estados queden fuera del Insabi: “Qué tal que los ciudadanos dicen que está mejor en los estados. Está bien la competencia, es parte de la democracia. La población calificará los modelos de salud…”
Tómese nota que el sistema de salud de Guanajuato es de los mejor evaluados: recién obtuvo ocho primeros lugares dentro de los indicadores Caminando a la Excelencia (2018) —aún no se publica el correspondiente a 2019— que es una iniciativa de evaluación de la Subsecretaría de Prevención y Protección de la Salud federal.
Los programas guanajuatenses colocados en primer lugar son: unidades de especialidades en enfermedades crónicas, prevención y control de tuberculosis, programa de envejecimiento, enfermedades diarreicas agudas y cólera, control de rabia, planificación familiar y anticoncepción, prevención de accidentes, salud sexual y reproductiva para adolescentes.
Hay que agregar que en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2020 (ITGSEF), Guanajuato ostenta el liderato por dos periodos consecutivos, este año obtuvo una puntuación de 97.33 % en una escala de 0-100, en donde el promedio nacional es de 50.23 puntos.
Que el desafío democrático sea para bien de la salud de los mexicanos.
Analista político. @l_ fbravomena
