Este día es histórico por la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) después de 26 y medio años de regir las relaciones comerciales y de inversión en la región.
La promulgación trilateral del T-MEC es prueba de la fortaleza y profundidad de la integración económica en América del Norte. Hasta ahora, la integración ha resistido los embates de políticos en campañas electorales, varias promesas de abandonarlo y la intención de Donald Trump de terminarlo y luego modificarlo a su antojo para que “Estados Unidos dejara de perder con México”. Localmente, el apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación para su conclusión e implementación es una muestra de un significativo cambio de opinión y política económica.
En las severas crisis económicas recientes, 1995 y 2009, el TLCAN jugó un muy importante papel para la recuperación y como brújula respecto de la política económica que seguiría México. La fiel implementación del tratado se convirtió en un faro para la recuperación y se tradujo en un notable incremento de las exportaciones, la inversión y la diseminación de los beneficios del comercio a muchos estados y ya no sólo a los fronterizos. Esto permitió una mayor integración y la creación de cientos de empleos de manera vigorosa hasta septiembre de 2019. En esta fecha la participación llegó a 14.4%.
El nuevo T-MEC tiene el potencial de contribuir a la recuperación de la economía mexicana en el contexto de la crisis del Covid-19, pero no es seguro que lo haga. La economía mexicana ya experimentaba un comportamiento recesivo con anterioridad a la pandemia. A partir del cuarto trimestre de 2018 se observan caídas constantes y significativas en inversión en maquinaria y equipo e importación de bienes de capital. Este comportamiento está relacionado con la reasignación de prioridades por parte del nuevo gobierno y con la ausencia de un clima propicio para la inversión nacional y extranjera. Aunque cada seis años se experimenta una caída en la actividad económica, este colapso de la inversión es mucho más pronunciado y duradero y sucede a pesar de que ya se había resuelto la incertidumbre sobre las perspectivas del T-MEC aun antes de la toma de posesión del presidente López Obrador. El relativo freno de las exportaciones a partir de octubre 2019, varios meses previos a la pandemia, es resultado no sólo de un cierto debilitamiento anticipado de la economía de Estados Unidos sino de la menor inversión.
El éxito del T-MEC, y su contribución al crecimiento, dependerá de que el gobierno invierta en su protección institucional y adopte políticas económicas congruentes para incrementar el atractivo a la inversión.
El principal beneficio del T-MEC consiste en la señal de que México permanecerá como economía abierta, competitiva, y que Canadá y México no estarán sujetos a la caprichosa política comercial de Washington y a los amagos de abandonarlo. Así, en el contexto de un creciente sentimiento proteccionista en el mundo y un cambio en los patrones de inversión para diversificar la exposición al riesgo chino y favorecer la integración regional, la entrada en vigor del T-MEC puede representar una oportunidad irrepetible.
Sin embargo, el nuevo tratado no está exento de riesgos. El T-MEC actualiza el TLCAN al incorporar nuevas disciplinas y capítulos en el ámbito sanitario, en telecomunicaciones, empresas del Estado, anticorrupción, medidas reglamentarias y, sobre todo, el sistema de solución de controversias.
Estratégicamente a México siempre le ha convenido contar con un sistema de solución de controversias robusto y eficaz. La alternativa es jugar a las vencidas con Estados Unidos. El sistema establecido en el TLCAN tenía una deficiencia identificada hace muchos años que permitía que las Partes, sobre todo Estados Unidos, impidieran la formación de páneles de solución de controversias para dirimir diferencias. El Representante Comercial de Estados Unidos exportó esta estrategia a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se ha rehusado a nombrar miembros del órgano de solución de diferencias.
El T-MEC soluciona esta deficiencia al asegurar la selección y nombramiento de panelistas, lo que pone a Canadá y México en una situación de excepción con respecto al resto de los miembros de la OMC con relación a disputas con Estados Unidos. Sin duda, habrá casos que se litigarán en fechas próximas y se debe estar preparado para ello.
Se puede anticipar una serie de casos en tres vertientes: la primera, quizá la más apremiante, relacionada con el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas. Este mecanismo permite la imposición de sanciones para cuando haya violaciones a la libertad de asociación consagrada en el Anexo 23-A del T-MEC. En los hechos, éste es un mecanismo unilateral que tiene como objetivo asegurar que México se adhiera a los compromisos del anexo, y de su propia Constitución y Ley Federal del Trabajo. El mejor antídoto contra las posibles sanciones es, por supuesto, el cumplimento. No obstante, también debe quedar claro que Estados Unidos ha creado toda una infraestructura (una comisión intersecretarial, un consejo asesor con nombramientos políticos, reportes a su Congreso, agregados en su embajada) cuyo único mandato es vigilar el cumplimiento de los compromisos de México y que hay un incentivo político evidente para iniciar casos emblemáticos. La segunda, resultado de posibles violaciones a los derechos de inversionistas por decisiones de política económica restrictivas en sectores clave. La tercera surgirá en el sector agropecuario. México tiene ya una participación de mercado de 25% y es, por mucho, el primer proveedor del mundo de frutas y hortalizas de ese país. Esta participación y la importancia político-electoral de Florida permiten predecir la presentación de casos contra las exportaciones agropecuarias, así como la posible investigación sobre trabajo infantil en el campo.
La exitosa defensa de los primeros casos será determinante para evitar una avalancha que termine por mermar la certidumbre de acceso que brinda el T-MEC para las exportaciones de bienes y servicios y para la atracción de inversión.
Para que el T-MEC sea exitoso se requiere un grupo compacto y altamente profesional en el gobierno para su implementación, una estrategia eficaz para defender los intereses del país en los páneles de solución de controversias (se ganarán algunos, se perderán otros) y un cambio en la política económica del gobierno para atraer inversión. Por lo que se ha visto hasta ahora, es posible que no se puedan cosechar beneficios antes de 2024.
Datos curiosos: Marcelo Ebrard rubricó la promulgación en el Diario Oficial en 1993 y ahora en 2020, mientras que Ricardo Monreal dio el discurso más importante en el Senado entonces y promovió la ratificación ahora.