El contexto internacional de alta incertidumbre y regímenes populistas en no pocos e importantes países pudiera haberse convertido en una oportunidad para presentar a México como un país sumamente atractivo para la inversión productiva. En especial, la necesidad que tiene un gran número de empresas internacionales de diversificar su exposición al riesgo chino permitiría posicionar a la economía nacional como el mejor antídoto para hacerlo. Además, el escaso apego a la legalidad y el imperio de la ley que se observa en países tan diversos como Estados Unidos, China, Italia, Reino Unido, Brasil, Argentina y otros más resaltaría el proceso del establecimiento de un Estado de derecho moderno en México de manera saliente.
La elección de 2018 puso la mesa para este posible reposicionamiento estratégico: los resultados no fueron sólo claros, sino que otorgaron una significativa legitimidad al presidente Andrés Manuel López Obrador al tiempo que los votantes le dieron amplias mayorías para convertirse en un motor de una auténtica transformación.
La elección implicaba, además, un mandato para erradicar la corrupción, para profundizar la transición de una economía de privilegios a una de derechos ciudadanos, para disminuir las desigualdades e incorporar a segmentos de la población, sectores y regiones que todavía no participan de la economía moderna y para cambiar la relación entre la clase política y la ciudadanía de tal suerte que la primera dejare de medrar de la segunda.
Esta legitimidad electoral, mayor a la que habían tenido todos los presidentes anteriores, incluido Vicente Fox que no tenía mayoría en la Cámara de diputados y el Senado, representa un acervo de capital político suficiente para avanzar en una auténtica transformación para el establecimiento del imperio de la ley. El margen de victoria y la mayoría legislativa además liberan al presidente de supuestas “deudas” electorales, ya que ningún grupo puede argumentar que fue gracias a él que se obtuvo la mayoría en las urnas.
Vicente Fox dilapidó su enorme, aunque menor, capital político al no optar ni por cacahuates ni pepitas de oro, no perseguir la corrupción del pasado, ni defender sus proyectos emblemáticos, en particular el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Como resultado de su gobierno, el PAN terminó pareciéndose más al PRI al final cuando el mandato había sido cambiar la cultura política que había dominado México durante 70 años.
El presidente López Obrador pareciera también malgastar su legitimidad y capital político en la destrucción de instituciones que limitan, o limitaban, la arbitrariedad de la acción del gobierno, en particular la del jefe del Ejecutivo. El lento progreso, durante lo que él llama el nefasto periodo neoliberal, en el fortalecimiento de la división de poderes, la rendición de cuentas, la profesionalización del servicio público, el respeto a los derechos humanos, elecciones más libres cuando la participación era alta y la libertad de expresión corre el riesgo de ser completamente revertido y sustituido solamente por el criterio del jefe del Ejecutivo en turno; implica regresar a un modelo del gobierno del que tanto trabajo costó salir y que permitió su triunfo en las urnas.
La impaciencia con la división de poderes y los procedimientos legales y burocráticos llevan a líderes con tendencias autoritarias a tratar de gobernar sin contrapesos. Cuando el presidente Donald Trump de Estados Unidos se dio cuenta que no tenía facultades para amenazar a otros países con incrementos de aranceles, hizo uso de la bomba nuclear en materia de comercio exterior: utilizó la excepción de seguridad nacional que permite su imposición para proteger la integridad de un país en caso de guerra o proliferación de armas nucleares o ataques terroristas. Aunque él piense lo contrario, esta estrategia no le ha funcionado ya que no ha obtenido grandes concesiones y en cambio sí ha dañado el funcionamiento de la economía. Cuando Boris
Johnson del Reino Unido quería evitar un voto desfavorable en su Parlamento, ilegalmente lo declaró en receso temporal. Hugo Chávez y Nicolás Maduro han gobernado por decreto o sin asamblea, siempre bajo el pretexto de la seguridad nacional.
El gobierno en México no ha llegado, por supuesto, a estos extremos, pero sí ha demostrado un desprecio institucional y etiquetado los obstáculos producto de la división de poderes como ataques de los conservadores, que además descalifica como moralmente derrotados.
Varios episodios apuntan en este sentido: la compra de pipas para transporte de combustibles por autoridades militares menos sujetas a las disciplinas de adquisiciones y licitaciones públicas. La cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sin facultades claras para hacerlo, además del veto de chequera. La defensa del gobierno contra los amparos que buscan detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que no se demuestre que se cuenta con los estudios y permisos correspondientes, bajo el argumento jurídico de que detener la construcción implica un riesgo de seguridad nacional cuando probablemente es al revés; su uso para operaciones civiles representa una merma para las militares y la confidencialidad en esa base. La contratación de medicinas contra el cáncer por medio de la Secretaría de Marina. La promoción y aprobación de leyes federales, como las secundarias en materia de educación pública, a sabiendas de que son violatorias de la Constitución. El debilitamiento intencionado de órganos reguladores y cuerpos colegiados para que no representen un obstáculo para la implementación de las prioridades del presidente de México.
Muchos analistas dudan de la capacidad de las democracias liberales de enfrentar con éxito el embate antiinstitucional que se vive en el mundo. Es claro que es mucho lo que hay que reformar y que hay abusos significativos de grupos de interés que justifican el hartazgo ciudadano. Sin embargo, no es por medio de la concentración del poder, ni la subversión de procedimientos que tienen por objeto la transparencia, rendición de cuentas, protección del medio ambiente e impartición de justicia que se van a conseguir estos objetivos. En Estados Unidos y el Reino Unido se empieza por fin a observar que los contrapesos de la Cámara de diputados en el primero y del Parlamento y la Suprema Corte en el segundo están dispuestos a dar la pelea a favor de la democracia y sus instituciones. Estos contrapesos son indispensables para todo país que aspire a un progreso sostenible e incluyente.
México tiene, todavía, una oportunidad irrepetible para lograrlo, pero la ventana de oportunidad se cierra aceleradamente.
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