Las decisiones de Estado que se han tomado durante las últimas semanas preocupan a quienes creemos y trabajamos por la construcción de alternativas ciudadanas a la crisis de violencia y de derechos que vive nuestro país.
Presenciamos procesos legislativos fast-track que, en contradicción al mandato constitucional, entregaron la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ampliaron las atribuciones de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública hasta 2028. Desde la Presidencia, se dejó claro el deseo de mantener la prisión preventiva oficiosa. Y si bien los proyectos del ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Piña dan esperanza para declarar su inconstitucionalidad, los tiempos de la justicia siguen siendo lentos.
Hemos visto que la autonomía de los órganos autónomos no es ejercida de manera determinante. Quienes tienen la facultad para ampliar el reconocimiento y salvaguarda de los derechos, deciden no actuar. Me refiero al comunicado emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través del cual anuncia que no presentará acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas en relación con la Guardia Nacional.
Las consecuencias de dicha decisión ya han sido suficientemente analizadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Desde su creación, diversos movimientos sociales han buscado mantener a la CNDH vigente, asegurar su autonomía constitucional, fortalecer su mandato y ampliar sus atribuciones. En diferentes momentos de su historia, ha sido foco de críticas y señalamientos por su falta de independencia. Se ha visto como riesgo latente que actúe alineada con el Poder Ejecutivo Federal, con lo cual pone en duda su legitimidad. El comunicado emitido tiene un carácter más ideológico que jurídico. Cuestión no menor en un contexto en donde el escrutinio de las instituciones que ejercen contrapesos democráticos, es esencial.
Así, quienes creemos que los derechos humanos tienen el potencial de modificar las condiciones de vida de personas y colectivos -especialmente de quienes están en situaciones de mayor desventaja- no podemos permitir la desarticulación del entramado institucional que se ha construido a lo largo de años. Mismo que ha sido fruto de múltiples luchas sociales.
Por ello, hacemos un llamado para que se actúe en apego a la Constitución y a favor de los derechos humanos. Ello implica que la CNDH haga uso responsable de los recursos jurídicos con los que cuenta. Es necesario que se conduzca con transparencia y profesionalismo. Que sea un verdadero contrapeso a la actuación de las autoridades, de tal forma que esté legitimada para poner freno a las arbitrariedades. Que vuelva a encontrar en las universidades, en la sociedad civil y en las personas defensoras de derechos humanos a sus aliadas naturales, pues si bien no tenemos las capacidades, atribuciones y responsabilidades para sustituirla en sus funciones, sí existe el compromiso y una multiplicidad de herramientas y experiencias para acompañarla.
La coyuntura actual supone una oportunidad para que la CNDH honre su mandato de autonomía y de ser una verdadera defensoría de los derechos del pueblo. Esperamos que no se convierta en una oportunidad perdida.
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