La renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un acontecimiento poco frecuente en la República. Con justa razón, en los últimos días, este hecho ha puesto en marcha un debate amplio sobre el futuro de los equilibrios que deben garantizar el diálogo entre los tres poderes del Estado.
Vivimos una etapa de cambio político importante. A lo largo de los últimos años, una figura presidencial fortalecida y popular ha tensado los límites propios de la relación entre poderes. Lo sucedido en la SCJN en las últimas semanas se inscribe en la lógica de ese juego político. Vale la pena recordar que sólo en este sexenio dos ministros han renunciado a su posición en la Corte, algo que resulta inédito en el pasado reciente.
No está de más recordar que las facultades del presidente en la designación de las y los ministros trascienden las gestiones sexenales. Es decir, el presidente —sin importar quién sea— es la figura de mayor peso en lo referente a la conformación de la SCJN. Este importante poder de decisión sobre la conformación del Poder Judicial tiende a intensificarse cuando el partido del presidente controla la Cámara de Senadores. Puesto que las reglas del juego generan un importante desequilibrio en los pesos y contrapesos del Estado, es pertinente proponer que esas reglas cambien en el futuro. Sin embargo, esta reflexión a largo plazo no debe pasar por alto las urgencias del presente: la renuncia —y la designación que viene— abre una coyuntura crítica para la preservación de la independencia judicial.
Si consideramos que la Corte es un actor central para la defensa de los derechos humanos, entonces vale la pena centrar la reflexión en el perfil con el que deben contar las personas que busquen suplir a un ministro saliente. ¿Qué perfil ético e intelectual debe tener esa persona? De inicio, debe ser alguien que pueda asumir con rigor, imparcialidad e independencia su papel como juez o jueza constitucional. Es decir, alguien con un sólido conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y con un compromiso claro a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos. Se da por descontado que esa persona debe tener una carrera judicial intachable o una destacada trayectoria académica y profesional. Idealmente, también debe ser una persona dispuesta a manifestar sin ambages la autonomía de sus decisiones frente al poder político de turno.
Más allá de la polémica que veremos las siguientes semanas, es necesario apuntar que, bajo una perspectiva de largo plazo, lo que está en juego es la consolidación de la democracia constitucional mexicana. Por ello, el proceso de renovación de la Corte no debe ser tomado a la ligera: la calidad de los perfiles que serán considerados por el Senado de la República debe fortalecer su papel como tribunal constitucional. De ahí la exigencia de prestar atención a un proceso de selección que encuentra su equilibro en la rotación escalonada de quienes hoy forman parte de la SCJN.
Como máximo tribunal de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una instancia de vital importancia para el bienestar de nuestra sociedad. Su salud estará siempre determinada por su autonomía e independencia. Es decir, por una sana separación de poderes que garantice la vigencia de nuestro orden constitucional y de nuestra democracia.
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
