El trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es fundamental en un momento especialmente complejo para América Latina. Las realidades de Nicaragua, El Salvador o Venezuela nos hablan de una región lastimada en la que los derechos humanos no son todavía plenamente garantizados. Lo mismo sucede en nuestro país, donde la violencia no cede. En medio de esta tormenta, la Comisión es un faro de esperanza por varias razones.

En primer lugar, porque se trata de un cuerpo autónomo que busca promover la observancia de los derechos humanos en la región. En virtud de sus atribuciones, no sólo monitorea la situación de cada país, sino que también recibe denuncias de violaciones graves a los derechos humanos y define mecanismos de protección para brindar medidas cautelares y provisionales a personas, grupos o comunidades en situación de riesgo inminente.

En segundo lugar, porque la Comisión cuenta con la facultad de elaborar informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos en cada país. Además, al contar con la potestad de realizar visitas in loco, la Comisión históricamente ha acudido a los países y regiones donde su presencia es más necesaria.

Siendo así, la designación de un nuevo integrante de la Comisión, cuyo pleno se compone por siete personas, siempre genera expectación. El camino que conduce a la elección de dicha persona es largo y complejo: usualmente inicia cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) emite una convocatoria para que sus Estados miembros presenten candidaturas. Adicionalmente, el proceso puede activarse cuando alguna o alguno de los integrantes en funciones abandona su posición.

Ese ha sido el caso reciente. La salida del Comisionado Joel Hernández le otorgó a nuestro país la posibilidad de nominar a una nueva persona Comisionada. Después de realizar una decorosa labor como Comisionado, Hernández fue designado como Subsecretario en la Cancillería mexicana. Una posición en la que seguramente seguirá siendo un aliado de la causa de los derechos humanos.

Así, en esta ocasión el Estado mexicano propuso al Doctor José Luis Caballero Ochoa. El día de ayer, la CIDH dio a conocer oficialmente que el Consejo Permanente de la OEA votó a favor de la designación del Doctor Caballero Ochoa como Comisionado para el periodo 2023-2025.

Ésta, sin duda, es una buena noticia. Desde hace poco más de dos décadas el Doctor Caballero se desempeña como académico-investigador en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Estudioso comprometido con la agenda de la defensa y la promoción de los derechos humanos, también es un especialista en el Sistema Interamericano. Es, ante todo, una persona que encarna y vive los principios que subyacen al reconocimiento internacional de los derechos humanos.

Como es sabido, las personas nacionales de un país determinado no pueden emitir pronunciamientos o recomendaciones en casos que atañen a dicho país. No obstante, con la designación del Doctor Caballero, México enriquece la vida institucional de la CIDH. Como catedrático de la Universidad Iberoamericana, Caballero llega a Washington con la sensibilidad propia de una universidad abierta al encuentro de otras realidades, especialmente cuando atañen al sufrimiento de las víctimas. Atento al dolor de sociedades fracturadas por la violencia, seguramente sabrá usar esa sensibilidad a favor de quienes más lo necesitan en nuestra región.

Desde la Universidad Iberoamericana, casa de tantos años del Doctor Caballero, saludamos esta postulación con la que la Canciller Alicia Bárcena empieza a dejar su sello personal en la conducción de la agenda internacional de derechos humanos. Hacemos votos para que dicha labor contribuya a que México vuelva a la senda del respeto pleno a los organismos multilaterales de derechos humanos.

También esperamos que lo realizado se traduzca en posiciones acordes con la defensa de la dignidad humana ante realidades tan oprobiosas como la de Nicaragua. Se trata de una circunstancia especialmente difícil para nosotros, los jesuitas, debido a la reciente confiscación de nuestra universidad en Managua y por la anulación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús en esa nación hermana.

Celebremos, pues, esta buena noticia que abona al fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos, patrimonio de todos y todas que —pese a su fragilidad— sigue expresando los mejores anhelos globales de paz, justicia y dignidad.

Rector de la Universidad Iberoamericana

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