El año que está por concluir nos invita a muchas reflexiones, pero una de ellas resulta especialmente urgente: en México “reina la muerte”, como escribió hace tiempo el poeta Gerardo Arana. Tristemente, la realidad de nuestro país no ha logrado desmentir estas palabras. Así, entre asesinatos, linchamientos, secuestros y feminicidios, las y los mexicanos sumamos ya casi veinte años de sobrevivir atravesados por un clima de violencia rampante. Por eso tenemos que situar esta realidad como un desafío central para el año que comienza.
Las cifras de la tragedia son escandalosas: tan solo en los últimos quince años, se han contabilizado casi medio millón de personas asesinadas. Este año, de acuerdo al ranking de Statista, en México se encuentran las seis ciudades con el mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes: Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada.
Hace menos de un mes, seis jóvenes de entre 18 y 23 años (Fabián, Jesús, Pedro, Bryan, José Eduardo y Luis) —cinco de ellos estudiantes de medicina— fueron asesinados en las inmediaciones de Celaya. A este caso se suman, en agosto y septiembre de este mismo año, los multihomicidios de Lagos de Moreno y Malpaso, en los que otros once jóvenes fueron víctimas fatales del crimen organizado.
Estos sucesos resultan particularmente inquietantes puesto que las víctimas son todas jóvenes, incluso algunas de ellas menores de edad. Es muy probable que los victimarios también sean jóvenes, lo cual arroja un retrato devastador de la crisis que atravesamos. Según datos del INEGI, el año pasado, el 35% de los homicidios en México se perpetró en contra de personas de entre 15 y 29 años.
No debería sorprendernos que en México la violencia se cebe con las personas más jóvenes. La falta de oportunidades, la inseguridad, la ausencia de políticas efectivas, el reclutamiento por parte de los grupos del crimen organizado, así como la falta de acceso a bienes y servicios culturales, contribuyen a un entorno permeado por el miedo y la desesperanza. No bastan programas sociales reactivos para mitigar estas violencias; se requiere de estrategias de fondo y de largo plazo que impliquen transversalmente a las comunidades. Sobre todo, que contemplen alternativas de desarrollo integral en áreas como el deporte, el arte y la economía social y solidaria. Adicionalmente, es indispensable una política criminal estratégica para desarticular con justicia las redes de la delincuencia organizada y una política de seguridad basada en evidencia que ofrezca algo más que el simple despliegue militar.
En la antesala de los comicios de 2024, las y los mexicanos tenemos el desafío de impulsar una agenda política y técnicamente sostenible que nos permita transformar estructuralmente los procesos que generan violencia. Necesitamos demandar posiciones claras sobre el lugar de las fuerzas armadas en nuestro sistema político, sobre la reconstrucción de fiscalías que sirvan y sobre la adopción de medidas que logren reducir los homicidios. Ninguna persona que aspire a la presidencia debe soslayar la prioridad de estos temas. Por eso el debate debe ser informado, plural, crítico y basado en evidencia empírica.
En la Universidad Iberoamericana establecimos un Laboratorio de Seguridad Ciudadana que estudia de modo permanente las estrategias que han funcionado en México y en el mundo para reducir los diferentes tipos de violencias. En 2023 abrimos una nueva Maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia para formar personas profesionales capaces de dar respuesta a la crisis actual de inseguridad y violencia. Recientemente, organizamos una Conferencia Internacional sobre Reducción de Homicidios, donde abundaron las propuestas de políticas públicas innovadoras para hacer frente a la violencia que siega la vida de tantos y tantas jóvenes. Estos trabajos alimentarán el Laboratorio por la Reconciliación y la Paz que ha puesto en marcha el Sistema Universitario Jesuita.
También trabajamos estrechamente con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro Pro, una obra social de los jesuitas de México que desde su trabajo en defensa de las víctimas genera invaluables aportes a favor del mejoramiento de la justicia y la seguridad. Vale la pena reconocer su labor, y la de quienes han colaborado en el Prodh a lo largo de los años, frente a recientes embates injustos.
Ante el horror, ante este paisaje de violencia generalizada, las universidades, sean estas públicas o privadas, deben asumir la responsabilidad de proponer alternativas de solución sustentadas en evidencia para cultivar caminos de esperanza. En un país en el que las y los jóvenes son asesinados impunemente —muchas veces a manos de otras y otros jóvenes—, es urgente analizar esta crisis y proponer respuestas integrales para avanzar por el camino de la paz. Ese es el reto que tenemos por delante.
Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
