La contingencia sanitaria aceleró la penetración digital de tres a cuatro años, modificando por completo la forma de hacer negocios. Conforme al estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México 2020, realizado por la Asociación de Internet MX, el 45% de los usuarios de Internet tuvieron que aumentar su adopción tecnológica, incluyendo la realización de operaciones bancarias. La celeridad del cambio obligó a las empresas a avanzar a pasos agigantados en diversos rubros para adaptarse a la nueva realidad.
Para el sector bancario, la digitalización no es solo una necesidad, sino que representa una oportunidad para mejorar la inclusión financiera en nuestro país. Según estudios recientes de la Fundación de Estudios Financieros, en México, solo el 47% de la población es titular de algún producto financiero, el 31% de dos productos y el 22% de 3 o más productos, siendo los de ahorro (depósitos) los mayoritariamente contratados por la población.
La inclusión financiera se traduce en que los mexicanos cuenten con un mayor y mejor acceso a productos financieros para cubrir sus necesidades básicas de ahorro y crédito, lo que permite su incorporación a la economía formal y mejorar sus posibilidades de crecimiento económico. La banca digital, entendida como la contratación y operación remota de productos bancarios, constituye un elemento fundamental en esta tarea.
No obstante, la regulación de la banca digital, aunque objeto de recientes medidas que buscan simplificarla, todavía es compleja, sobre todo, para la contratación remota de microcuentas y microcréditos que, por las condiciones de nuestro país, deberían ser la base para una mayor inclusión financiera. El tener una regularización homogénea, es decir, sin distinguir el nivel de riesgo asociado a las operaciones, ha dificultado una mayor bancarización digital en México, pese al incremento en su demanda por parte de los usuarios. Si la regulación pretende constituirse como un verdadero facilitador de la inclusión financiera, debería disminuir al mínimo posible los requisitos para que los bancos mexicanos ofrezcan y permitan la contratación remota de microcuentas y microcréditos, reconociendo los avances tecnológicos, el nivel de riesgo asociado a esos productos, así como las necesidades y realidades del grueso de los mexicanos.
Uno de los tres principales retos regulatorios asociados a la banca digital corresponde al tema de seguridad en la transaccionalidad y en la protección de los datos de los clientes, donde hay que tener en cuenta que se trata de una responsabilidad conjunta entre los reguladores, los usuarios y las instituciones bancarias. En México, los bancos refuerzan este punto en sus plataformas y sistemas tecnológicos que, cada día, son mejores y más seguros, pero también entran las variables que los usuarios implementan en sus manejos de cuenta, contraseñas y accesos desde plataformas confiables, donde se requiere de una mejor educación financiera y, por último, las autoridades, que deben seguir trabajando en procesar y sancionar a los delincuentes digitales, fortalecer las medidas de prevención asociadas a las redes públicas, tales como SPEI y SPID, así como en actualizar constantemente la regulación, buscando facilitar la generación de una identidad digital, poniendo especial énfasis en evitar el robo de identidad y la implementación de nuevas tecnologías de verificación de identidad.
El régimen de prevención de lavado de dinero constituye otro de los grandes retos de la banca digital, dado que es del interés de todos los actores que las contrataciones y operaciones bancarias, con independencia de si se realizan de forma presencial o remota, no constituyan un medio para lavar dinero ilícito. Lo interesante es que la regulación mexicana en materia de prevención de lavado de dinero es suficientemente sólida y a la vez flexible para permitir las contrataciones remotas, enfocándose en el nivel de riesgo de las operaciones, más que en los aspectos asociados a su formalización. Es la otra regulación, aquélla aplicable a los aspectos formales de la contratación, la que todavía se queda algo corta y no refleja los avances logrados en materia de prevención de lavado de dinero.
Así mismo, como último reto, vemos que las regulaciones actuales implican importantes costos operativos para los bancos que se traducen en esquemas de contratación y seguimiento complejos para los usuarios. Lo cual implica una disminución de la velocidad hacia la digitalización de la banca y dificulta la incorporación de nuevos actores al juego, particularmente, de aquéllos asociados con la industria FinTech; lo cual retrasa el camino a la inclusión financiera y, sobre todo, el otorgamiento de créditos a sectores previamente desatendidos o que actualmente están teniendo problemas de liquidez.
Ninguno de esos tres retos es insalvable, al contrario, los bancos y las autoridades están constantemente en búsqueda de mejores soluciones, en beneficio de los usuarios. Por ejemplo, la llamada Ley FinTech representa una clara apertura a nuevos modelos digitales e incorpora el concepto de “sandbox” (modelos novedosos) que permite probar dentro de ambientes controlados nuevos productos financieros o formas de contratación, así como de “Open Banking” que, una vez, instrumentado, facilitará el acceso e intercambio de información para el desarrollo de productos. También se está trabajando en la implementación de una identificación digital para toda la población, a través de las firmas digitales vinculadas al RFC y bases de datos del INE; inclusive, no veríamos descabellado que, en el futuro, se logre una identidad digital casi desde el nacimiento. Otro paso importante lo constituye la reciente reforma para ampliar los productos que los bancos pueden ofrecer remotamente, eliminando las restricciones de transaccionalidad que antes existían. Por último, tenemos el cada vez más conocido Embedded Finance (Finanzas embebidas), que de forma muy general, se trata de la creación conjunta de ecosistemas digitales con Terceros (Telcos, Retailers, etc.) para ofrecer productos y servicios financieros sin fricción, donde y cuando los usuarios los necesitan realmente.
La regulación vigente está principalmente enfocada en la banca física, es decir, a través de sucursales como regla general y solo como excepción en la banca remota. Ese enfoque ya está cambiando, siendo previsible que la banca digital o remota se vuelva la regla general para los clientes bancarios o bien, tenga el mismo nivel de preponderancia que la banca física.
Como conclusión, no solo es posible tener una banca digital en México porque ya existe, y estamos en el camino correcto para fortalecerla como medio de inclusión financiera en beneficio de los usuarios. Sin embargo, todavía tenemos la tarea de continuar fortaleciendo e implementando una regulación que apueste por la digitalización y que más que enfocarse en temas formales, se centre en la seguridad escalada y personalizada a los diferentes tipos de operaciones, considerando su riesgo.
Director Ejecutivo de Asesoría Jurídica y Gobierno Corporativo de Banco Sabadell
